El CELS sostiene que el programa se enmarca en políticas de criminalización del consumo de ciertas sustancias y la estigmatización del las personas consumidoras. Al respecto Salta 21 entrevistó a dos especialistas de su equipo.
Luciana Pol, Coordinadora Área Políticas de Seguridad y Violencia Institucional, y Macarena Sabín Paz, Coordinadora del equipo de Salud Mental del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales, cito en Piedras 547-Bs.As.), respondieron las preguntas que Salta 21 envió al CELS para abordar el tema, tras un comunicado de ese Centro que fue publicado en nuestro medio y que puede leerse en el siguiente link: https://www.salta21.com/Otra-salida-criminalizante-en.html
El CELS fue fundado en 1979 y constituye un vasto movimiento de defensa de los derechos humanos que obtuvo, por sus singulares características, una amplia trascendencia a nivel regional e internacional.
Separar las esferas del delito de la esfera de la droga
No queda claro el cuestionamiento al “Programa Piloto de Tribunales de Drogas” ya que si una persona cometió delitos relacionados con drogas, los delitos son de órbita judicial. ¿Por qué se caería en la estigmatización y criminalización del consumo?
– Por dos razones, por un lado su nombre y forma de funcionamiento, dan por sentada una premisa que señala que la causa del delito es el consumo de drogas. Esa premisa debería ser mejor evaluada empíricamente, antes de construir una política pública basada en ella. Los relevamientos sistemáticos realizados en el país buscando la incidencia de consumo de sustancias psicoactivas en la comisión de delitos violentos, indican que la sustancia que está fuertemente asociada a ellos, muy preponderantemente, es el alcohol ( Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008). Sin embargo sería extraño montar Tribunales de Alcohol, verdad? Parecería discriminatorio hacia personas que pueden tener un consumo problemático del alcohol. De alguna manera, las posiciones estigamtizantes respecto de ‘las drogas’ son culturalmente más aceptadas en nuestra sociedad, pero no por ello son menos discriminatorias. El segundo motivo es que, en el caso que Salta decidiera avanzar en la desfederalización de los delitos de drogas -como se está evaluando- , entonces el mismo acto de consumo personal sería pasible de ser juzgado en los Tribunales de Drogas. Así, se consagraría una estigmatización adicional a la criminalización del consumo ya consagrada por la ley 23.737, dado que no sólo se judicializa a la persona, sino que además se la etiqueta, enviándola a un Tribunal de Drogas.
En todo caso habría que esclarecer también, a qué tipos de delitos en relación con las drogas se refiere el programa…
– Por supuesto es necesaria esa aclaración, y también qué se quiere decir con en relación a las drogas.
¿No hay asociación entre droga y delito? No me refiero a que si consume es un delincuente, sino a alguien que ha consumido determinada sustancia y puede cometer hechos bajo efectos de la droga, que no es lo mismo.
– La asociación droga-delito no está debidamente estudiada y documentada. Pero encontramos que muchas veces en los medios de comunicación, por ejemplo, se la da por cierta al pensar en delitos contra la propiedad robos y hurtos. Pero el delito es un fenómeno de raíces complejas, que se relaciona con múltiples factores, sociales, socioambientales, y de historia personal. Y el rol de ciertas sustancias en la generación de conductas delictivas no está debidamente documentada. ¿Por qué se sostiene que la droga es la causa? ¿…y de qué droga estamos hablando? Las sustancias englobadas allí son muy distintas. Por otro lado, en el contexto latinoamericano, la asociación más relevante entre droga y delito, la vemos en la formación de mercados ilegales a partir de las políticas de prohibición de las sustancias, y de organizaciones criminales que controlan de forma violenta estos mercados. Así, hay un amplio repertorio de delitos asociados al tráfico de drogas, entre los cuales se destacan el tráfico de armas, de personas, el soborno y la penetración de
estructuras policiales y judiciales, el lavado de dinero.. sólo por nombrar algunos. Estas organizaciones criminales son una preocupación legítima en nuestra región, y la justicia debería pensar en formas de investigar más eficientemente el delito complejo. Parece éste un camino más fértil, que la criminalización de consumidores.
Si se enfoca a un delito vinculado a la droga como parte de padecimientos o enfermedades mentales, en rigor, ¿no estaríamos justificando el delito?
– No, el delito no es un padecimiento mental, ni está justificado. Se trata, precisamente, de separar la esfera de los delitos, de la esfera de los padecimientos de salud mental. Las conductas compulsivas (en relación a las drogas, al juego o a cualquier otra cosa) pueden ser consideradas un padecimiento mental, y las personas que lo padecen deben recibir el tratamiento sanitario correspondiente, provisto y supervisado por profesionales de la salud, ya sea que hayan o no cometido un delito. Esto no elimina la responsabilidad de las personas por sus actos, para los cuales existen tribunales de justicia, y en los casos en los que se lo requiere, existe la posibilidad de su derivación a pabellones especializados en el ámbito penal. Actualmente, estos espacios funcionan muy deficientemente y bajo la supervisión de personal penitenciario. Se requiere urgentemente mejorar estos servicios.
El estado debe resguardad la salud psíquica y física de los ciudadanos, ¿en qué medida el Programa no cumple con esa garantía constitucional?
– El estado elige en este caso dedicar su presupuesto a un programa judicializado que alcanza a una ínfima porción de la población, en vez de volcar sus esfuerzos en un programa sanitario amplio de prevención. Pero en relación a esas dos obligaciones que se mencionan, puntualmente, diría que el componente estigmatizante y discriminatorio de los Tribunales de Tratamiento de Drogas puede afectar la salud mental de las personas que allí terminen, viéndose afectados en sus relaciones personales, laborales y familiares como producto del etiquetamiento.
Uds. están diciendo que hay que equiparar un consumidor o un fabricante o comerciante de estupefacientes a un esquizofrénico, por ejemplo?
– No, en absoluto. Lo que estamos afirmado, precisamente, es que esas cuatro situaciones son totalmente distintas entre sí. Por eso ni la justicia, ni la sociedad debe confundirlas. Los problemas de salud mental (incluyendo las adicciones) deben resolverse en el sistema de salud, y los problemas penales debe resolverlos la justicia.
La ley actual de estupefacientes es en realidad una ley desactualizada que sí es necesario revisar, ¿por qué sería más respetuoso tratar la prevención y el tratamiento de las adicciones teniendo en cuenta la ley de Salud mental?
– Sería más respetuoso, en primer lugar porque respetaría la Ley 26.657. En segundo lugar, porque dado que la ley consagra los principios internacionales de respeto a los derechos humanos de las personas con padecimientos de salud mental, enfocar las políticas desde esa perspectiva, sería más respetuosa de sus derechos. Tercero respetaría el espíritu de toda prevención, al ofrecer tratamiento sanitario público a las adicciones antes de la comisión de
un delito, y no después. Hace más de dos décadas los paradigmas de Salud (expresados por la Organización Panamericana de Salud-OMS) priorizan la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad por sobre el tratamiento de esta última. En este caso eso equivaldría a fortalecer los programa de prevención de las adicciones, más que combatir (y mucho menos criminalizar) el consumo.
El programa propone un seguimiento judicial para el tratamiento que si bien no abarca a quienes no han cometido delitos pero que se droga, atiende a una parte de la sociedad. Quienes no están en el ámbito penal, ¿significa que no buscan ayuda o lo que importa es que el Estado no lleva el control?
– El estado debería trabajar más fuertemente en la prevención de las adicciones. Hay comportamientos compulsivos en relación con el juego, con el alcohol, con el tabaco, con las benzodiacepinas y otras drogas legales, con diferentes sustancias ilegales, con la tecnología, etc. Pero según la ley el eje no debe estar colocado en las sustancias, sino en “la persona en su singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca” (art. 4° y su reglamento). Pero actualmente tenemos una fuerte falencia en la oferta de esos tratamientos en el sistema de salud. Por otro lado, no todos los consumos de ‘drogas’ son consumos problemáticos, compulsivos. En muchos casos, puede ser simplemente un consumo, un acto privado.
¿Qué modelo de acceso a toda la sociedad proponen para el tema de las adicciones?
– Un plan nacional público, gratuito y accesible que trabaje dentro del ámbito del sistema de salud, respetando los principios consagrados por la Ley Nacional de Salud Mental, y adaptado a las situaciones de adicción más prevalentes en la realidad, de acuerdo a la evidencia empírica. La ley es muy clara al establecer que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental (art. 4°).
¿Están al tanto del consumo de drogas y venta ilegal en las escuelas públicas? ¿Cómo ingresa este sector de la población en las políticas anti-drogas?
– Hasta el momento las políticas implementadas han fracasado, eso es seguro. De ahí la necesidad de debatir acerca de nuevas opciones. Para evitar la venta en espacios como una escuela, las herramientas que provee actualmente el código penal son adecuadas, no es necesario desarrollar nuevas. Lo que falla aquí es el enfoque: en el tema de tráfico de drogas, al igual que en algunos otros campos, la política criminal viene centrándose en las personas que ocupan lugar de baja o nula responsabilidad en las organizaciones criminales. En el ejemplo de la escuela, si se detecta y detiene a la persona que vende, la organización criminal no tardará en poner otra en su reemplazo. Es momento de dejar de focalizarse en ellos, para pasar a investigar a los personas que dirigen estas redes. Del mismo modo, en la frontera norte se detienen centenares y centenares de mujeres y hombres que traen pequeñas cantidades de drogas desde Bolivia. ¿Se va a seguir deteniendo a estas mujeres? ¿…o se comenzará a buscar a los reclutadores, a los comercializadores, y a los responsables del tráfico a gran escala? Esta es una estrategia de priorización, y ya hay países en la región que lo están probando.
