– «La muerte de niños por desnutrición indigna a la sociedad argentina»
Las primeras denuncias de muerte de niños por hambre este año fueron realizadas por una ONG y por los medios de comunicación que recogieron el relato de médicos y familiares. La muerte de Leandro, un bebé de 18 meses, y de Rocío, una niña de tres años, procedentes de la zona denominada Tartagal, fue presentada inicialmente como provocada por infecciones. En el último caso, un niño de año y medio llamado Julián, el certificado de defunción ya no dejó lugar a la polémica: «Shock séptico por desnutrición».
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La prensa local recogió además testimonios del padre del primer niño fallecido, que explicó con toda crudeza lo ocurrido: «Cuando volví del monte a casa mis hijos me pedían comida, pero yo no tenía. Aquí hay días que comemos y otros que no. El sábado, cuando murió Leandro, no habíamos comido nada», aseguró.
A raíz del escándalo provocado por esa muerte y por la de Rocío, cuyos padres lograron llevarla a un hospital pero fue devuelta a casa por los médicos en cinco ocasiones, las autoridades sanitarias locales empezaron a reaccionar. Según el testimonio de algunos miembros de las comunidades afectadas, aparecieron enfermeros que se llevaron a otros cuatro niños en serio estado de malnutrición para ser internados y supervisar su recuperación.
La provincia de Salta, situada al norte de Argentina, a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires, y que curiosamente está experimentando un gran desarrollo turístico, tiene una importante población aborigen, que es la más afectada por la desnutrición y el abandono. Urtubey aseguró que el Estado «controla» 100.000 niños en esas comunidades, pero el nuevo escándalo demuestra que esa cifra es insuficiente y que deben existir muchos más fuera de todo tipo de mecanismos de ayuda.
La zona más afectada es la llamada Tartagal, con un alto índice de población indígena, de 50 comunidades distintas. Según portavoces de esas comunidades, el problema del hambre se recrudeció con el cierre de los colegios, donde existen comedores públicos (el verano austral comienza en diciembre), y el aumento del precio de los alimentos, que ha hecho que las ayudas sociales de 1.000 pesos mensuales destinadas a otros comedores comunitarios no alcancen para comprar abastecimientos suficientes. El calor y la ingesta de agua en malas condiciones fomentan además las diarreas y vómitos infantiles. Todos ellos son peligros conocidos, que las autoridades debieron prever pero que, una vez más, no han atajado ni controlado a tiempo.
La indignación por la muerte de niños (o de ancianos) víctimas de la malnutrición en el norte de Argentina es recurrente y suele estar impulsada por ONG y algunos grupos médicos, pero no ha conseguido aún que un país que es uno de los gigantes agroalimentarios del mundo, cree una red institucional capaz de erradicar el hambre, especialmente entre las comunidades indígenas.
– Soledad Gallego Díaz
Especial para El País.com
