A comienzos de 1976, y bajo la invocación del llamado Estatuto de Reorganización Nacional, la dictadura cívico militar se instala en Argentina, con las nefastas consecuencias que todos conocemos.
Apenas treinta y cinco días después y con fundamento en ese bando militar popularmente conocido como el Acta del 24 de Marzo, se modifica el régimen privado de contratos laborales, con la norma estatal –mal llamada ley- número 21.297.
En pocos meses y acompañado obviamente con la depresión intencionada del mercado interno, la apertura de las importaciones y la vigencia de la bicicleta financiera, la tasa de desempleo comenzó a aumentar vertiginosamente.
Al retorno de la democracia en 1983, se comenzó un lento recupero de la legislación protectoria, se estableció la inembargabilidad de los salarios básicos y otras medidas como la actualización de aguinaldo al momento del pago y las negociaciones paritarias.
Nuevamente en los años noventa se volvió a flexibilizar la normativa del trabajo, y como dato histórico basta citar que en Diciembre de 1991 al comienzo de la vigencia de la llamada Ley Nacional de Empleo –también conocida como de contratos basura- el índice de desempleo rondaba el 8%, y a la salida de la convertibilidad diez años después era del 25%.
A comienzos del año 2002 y fundamentalmente en 2003 y 2004, se dictaron leyes protectorias del trabajo privado, estableciéndose sanciones severas para los incumplimientos, y esa tasa alarmante bajó abruptamente hasta llegar a un dígito en 2007.
Los datos de la historia reciente del país no deben mover a confusión de creer, que el dictado de leyes laborales es lo que regula los índices de empleo y desempleo, ya que las leyes no tienen ninguna influencia ni para crear trabajo ni para destruirlo.
Lo que genera necesidades de nuevos trabajadores o de nuevos despidos, es el índice de actividad económica de un país, y no la normativa. Si la economía crece, los empresarios necesitarán nuevos trabajadores, y si la economía decrece, no.
Por esto si se siguen tomando medidas de depresión del mercado interno, y se sigue alentando antes de la inversión productiva la especulación financiera (Lebacs, Letes, plazos fijos, cuevas financieras, etc.) lógicamente que el desempleo va aumentar.
Y flexibilizar la legislación de trabajo, es sólo una medida paliativa para que la crisis de la depresión provocada del mercado interno no la paguen los empresarios sino los trabajadores. Es una decisión signada por la ideología y la clase social a la que pertenecen quienes toman las decisiones.
Cuando se reforma la legislación del trabajo para quitar conquistas sociales que se han incorporado en un sistema para la protección de la desigualdad que existe entre un trabajador y un conjunto económico, no es para crear empleos ni para mantener los que están.
Es una decisión para hacer pesar sobre los empleados, las consecuencias que ya se conocen vendrán por el rumbo que se ha dado a la economía del País. Las decisiones macro económicas van a generar menos producción y más especulación, y los empleados no harán falta.
Y al ser innecesarias las fuentes de trabajo, con la actual legislación protectoria, para desprenderse de los trabajadores los empresarios deberán pagar tarifas caras, en cambio si se felxibiliza la salida de la empresa de esas personas será más barata.
Respondiendo a una regla de mercado básica, si los despidos son más baratos que antes, aumentará la demanda. Dicho de otro modo, si como cualquier bien del mercado el precio baja, habrá más gente –empleadores- interesados en usar ese producto.
La jornada de trabajo que se estableciera por Ley 11.544 en la primavera de 1929, fue una conquista derivada de luchas de décadas, con incipientes organizaciones reprimidas, mártires enjuiciados y los grandes movimientos obreros del siglo diecinueve.
Por ello cuando el presidente MACRI invoca que quiere flexibilizar la legislación laboral para mirar para adelante, alentar el futuro y estar a tono con el siglo XXI, en realidad atrasa más de cien años.
El plan económico actual, es en lo sustancial igual que el implementado por José A. MARTINEZ de HOZ en la dictadura de 1976, y sus consecuencias son tan previsibles como conocidas.
El dinero que se coloca en la especulación financiera no generará nuevos empleos, y además va a destruir por depresión del mercado interno otras fuentes de empleo estable, y esa penosa situación se quiere trasladar a los trabajadores y no a los empresarios.
La posición del macrismo gobernante sigue siendo muy claramente la posición de la clase dominante. En la astucia de los dominados para no votar a sus verdugos en Octubre estará la clave para que este plan perverso no se lleve a cabo.
