La vida de las jóvenes más pobres del país no tiene ningún valor para la casta política que gobierna al servicio de los intereses empresariales: funcionarios, legisladores y jueces pisotean, aún más, los pocos derechos conquistados con lucha.
Juana1 tiene 12 años, pertenece a la comunidad wichi LhakaHonhat, cerca del Paraje Alto La Sierra, en el departamento de Rivadavia de la provincia de Salta. La región, conocida como Chaco Salteño, limita con Bolivia, Paraguay y las provincias de Formosa y Chaco. Juana no habla castellano, como muchas de las mujeres de su comunidad, que desde hace décadas reclama por sus tierras ancestrales.
El 28 de noviembre de 2015 fue violada por 8 hombres criollos. Producto de este abuso colectivo, quedó embarazada. Dos niñas que la acompañaban lograron escapar del ataque, convirtiéndose una de ellas en la principal testigo.
El 3 de junio, horas antes de realizarse la segunda jornada nacional #NiUnaMenos, Juana fue operada de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital: interrumpieron el embarazo ya que su vida corría riesgo y el feto era anencefálico con imposibilidad de sobrevida. Ese mismo día, miles de mujeres marcharon por el fin de la violencia contra las mujeres y los femicidios, hartas porque Salta encabeza hace varios años los rankings nacionales de tasa de femicidios2 y de aquellos perpetrados por las fuerzas de seguridad. El pedido de Justicia para Juana se vio reflejado en banderas y pancartas. Diez días después, el 13 de junio, su caso se nacionalizó luego de una concentración en la Casa de la Provincia de Salta en la Capital Federal, impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
El viernes 17, #JusticiaParaJuana inundó las redes sociales y de esta manera miles de mujeres repudiaron el atropello contra esta niña denunciando no solo la violación, sino la violencia institucional y judicial que le siguió.
Juana: niña, mujer, pobre, originaria
Toda la comunidad marchó para pedir justicia por ella desde el primer momento. En el Hospital de Alto La Sierra la revisó un médico de nacionalidad boliviana que constató que había sufrido una violencia brutal, pero no pudo firmar la pericia ya que no tenía revalidado el título en Argentina. El bioquímico que dirige el hospital es quien se hizo cargo de la paciente y firmó la pericia. Cuatro días más tarde fue examinada por un médico legal de la localidad de Morillo, a unos kilómetros de Alto La Sierra, quien afirmó que la chica no presentaba signos de abuso sexual. Los organismos públicos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey, la defensa de los acusados y la justicia provincial se apoyaron en esto para justificar la no intervención en el caso, lo que derivó en el abandono y desidia hacia la niña. El juez Fernando Astigueta dio lugar al accionar de la defensa dejando libres a los acusados y sin tomar pruebas de ADN.
El fiscal Jorge Cazón, con total impunidad, habría expresado que “si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más”3 y luego, sin prueba alguna, mencionó que el embarazo de Juana sería anterior a la violación. Por estos hechos, que desconocieron la violación y la violencia machista sufrida por Juana, está en curso desde junio el pedido de un jury de enjuiciamiento contra el juez Astigueta y el fiscal Cazón por mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de sus deberes. Al mismo tiempo, nada ha pasado con los funcionarios de las carteras de Derechos Humanos y Justicia, Primera Infancia, Salud y Asuntos Indígenas. Y desde el Ministerio de Primera Infancia se utilizó el “problema cultural” para liberar de responsabilidades al gobierno y justificar el accionar de las distintas áreas.
A lo ya mencionado se suman sucesivas irregularidades y violencia institucional: Juana no pudo declarar porque no se garantizó un traductor para ella, que solo habla wichi, y por consiguiente no se le realizó la Cámara Gesell correspondiente por ser menor y víctima de delitos sexuales. Tampoco se le aplicó el protocolo de víctimas de delitos sexuales, por el cual se brinda medicación para evitar infecciones de transmisión sexual, ni se le brindó anticoncepción de emergencia. No se le realizó el test de embarazo en ningún momento y nadie le informó que frente a un embarazo producto de una violación tiene derecho al acceso al aborto no punible. Su caso encuadra en los contemplados en el Código Penal argentino (Art. 86 inc. 1 y 2), ratificados por la Corte Suprema de Justicia en 2012, pero la provincia de Salta tiene el protocolo más restrictivo de acceso al aborto no punible. El gobernador Urtubey se opuso públicamente al fallo de la Corte Suprema e inmediatamente firmó el decreto 1170/12, que indica que son necesarias la declaración jurada de violación y autorización judicial para interrumpir un embarazo.
Ni jueces, ni médicos, ni organismos provinciales escucharon a Juana ni protegieron sus derechos. Es una práctica recurrente, directamente relacionada al carácter patriarcal, machista y racista del Estado salteño de conjunto. Como sucede actualmente con Belén en la provincia de Tucumán, que se encuentra presa por un aborto espontáneo y una causa armada, el caso de Juana mostró que la justicia tiene un rostro patriarcal y de clase: tanto ella como a Belén fueron revictimizadas por ser mujeres y pobres. Derechos elementales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, se le niegan día tras día desde hace años, tanto a ella como a los integrantes de todas las comunidades originarias.
Bastión del norte por la familia y la vida
Ni una menos es también una exclamación que resuena con fuerza en este vallecito patriarcal que habitamos diariamente (…) atravesado por un conservadurismo religioso y político, así como por redes que se han tejido históricamente entre el Estado y la jerarquía de la Iglesia Católica (…) Este conservadurismo se expresa en la construcción de una identidad salteña asociada a la tradición, a los valores morales y a sentimientos de pertenencia nacional4.
Como dice la docente y antropóloga Andrea Flores, el conservadurismo religioso y político es marca registrada en la provincia. El importante peso de la Iglesia Católica se remonta a la época de la fundación de la ciudad de Salta en 1582 por Hernando de Lerma y se aún hoy conserva injerencia en todos los ámbitos. Aunque hace 132 años que se reglamentó la educación laica en el país, Salta es, desde 2008, una de las tres provincias con enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas. Y fue justamente el Senador Nacional Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, quien en el 2014 propuso y votó por la derogación de la Ley 14205 que establece en su artículo 8 la laicidad limitada.
La autoridad máxima de la Iglesia Católica en la provincia, el Arzobispo Monseñor Mario Cargnello, en 2013 se opuso públicamente a la aplicación del protocolo de aborto no punible a una joven violada, y en 2015 sostendría su posición, como parte de Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina6. ¿Qué habrá opinado sobre el caso de Juana?
El conservadurismo provincial también se sostiene en la oligarquía nucleada en el tradicional Club 20 de Febrero, símbolo de la cultura tradicional salteña, desde el año 1858.
Entre sus presidentes resuenan apellidos de familias conocidas en la historia argentina: Uriburu, Patrón Costas, Figueroa, López Sanabria, por citar solo algunos.
El gobernador Juan Manuel Urtubey –exfuncionarios del gobierno de Juan Carlos Romero que accedió a su cargo de la mano del Frente para la Victoria– ya va por su tercer mandato en el ejecutivo provincial y se proyecta como presidenciable para las elecciones de 2019. Integra el Opus Dei y la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia y se opone públicamente al aborto, incluso en los casos en que este es no punible. Cuando se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario ninguno de los 6 diputados ni los 3 senadores salteños votó a favor y en los medios circuló que el gobernador había instado a hacerlo en contra.
El clan Urtubey
La oligarquía, como planteamos, está fuertemente ligada a las instituciones más retrógradas y rancias, como son la Iglesia y la Justicia. La familia Urtubey, relacionada de lleno al Partido Justicialista, es un claro ejemplo. Al frente están Lía Mera Figueroa, que pertenece a una familia tradicional con tierras y es sobrina de Julio, Ministro del Interior de Carlos Menem, y Rodolfo (padre) Urtubey, quien fuera tres veces electo presidente de la Corte de Justicia de Salta y fiscal del Estado.
Rodolfo (h), senador nacional por el PJ y exjuez nacional, es el mayor de los hijos; José Urtubey, icepresidente de la Unión Industrial Argentina, es dueño de Celulosa Argentina y la empresa de desmontes JOFA dedicada a “explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras”, junto con su hermano Facundo. Ignacio Rigou, tío político de José, preside la planta contaminante de Nitratos de amonio Austin, ubicada en la localidad metanense de El Galpón, con la cual el gobierno provincial firmó en 2010 un contrato por 10 años de gas subsidiado a cifras irrisorias. El suministro del gas lo asegura la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A (REMSA) que presidía el primo hermano de Juan Manuel, Dalmacio Mera, exvice gobernador por el FpV y actual senador nacional por la provincia de Catamarca.
Alejandro, otro de los hermanos, es propietario del 33 % de las acciones de la empresa GasNeaSa, que distribuye gas en las provincias de Noroeste y el Noreste de nuestro país. Otro familiar, Miguel Urtubey, es propietario de la empresa minera salteña Midais, que tuvo que dejar el territorio de Famatina, en La Rioja, en 2015 luego de la incansable lucha de vecinos y ambientalistas. La lista de hermanos y familiares ligados al mundo empresarial, los negocios de la tierra, la función pública, la Iglesia, podría ser interminable y ninguno queda exento.
Derecho a la tierra, agronegocios y extractivismo
El modelo salteño se mantiene también con los agronegocios y el modelo extractivo, que afectan directamente los intereses de “la otra Salta”, la de los trabajadores y pueblos originarios.
Según el censo del año 2010, en la provincia viven 1.214.441 habitantes. El 6,5 % de su población (79.204 personas) se reconoce indígena, casi el triple de la media nacional (2,4 %).
De ellos, el 24,9 % (19.722) se autorreconoció perteneciente al pueblo Wichi7. La población indígena vive en condiciones de mayor precariedad y vulnerabilidad: 12 mil habitantes de diferentes comunidades en el campo en situaciones de extrema precariedad y hacinamiento8.
Como se mencionó anteriormente, Juana pertenece a las comunidades nucleadas en LhankaHonhat, que habita en los lotes fiscales 14 y 55 en el departamento de Rivadavia. Hace más de 30 años que luchan por el derecho al territorio ancestral y en 1999 su demanda llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2014, el decreto provincial 1498/14 estableció la transferencia de 643 mil hectáreas, 400 mil de ellas para 71 comunidades indígenas y 243 mil hectáreas para 400 familias criollas. Sin embargo, hasta hace algunos meses, no se había definido con precisión cuál era la división de esas hectáreas y no se habían entregado los títulos de las tierras. El 29 de mayo pasado, en una nueva provocación mientras el caso de Juana salía a la luz, Urtubey entregaba títulos de propiedad a las familias criollas, dejando pendiente la entrega a las comunidades originarias. Un signo más que muestra qué intereses (no) defiende9.
En la actualidad, más de 200 comunidades originarias están en conflicto en todo el país por causas territoriales y ambientales. Salta está entre las provincias más habitadas por pueblos originarios en la Argentina y que encabeza el ranking con 12 conflictos en los que cerca de 80 comunidades reclaman sus derechos frente al avance de la frontera minera, hidrocarburífera y agropecuaria que avasalla sus territorios10.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, entre 1998 y 2014 se desmontaron solo en la provincia 1.320.988 hectáreas de bosques nativos. Durante los gobiernos de Urtubey se autorizaron permisos de desmontes por simple pedido de los titulares de las fincas y sin realizar estudios de impacto ambiental y social ni audiencias públicas, violando así la Ley de Bosques. Según Greenpeace esto habilitó la deforestación de 120 mil hectáreas protegidas, casi un tercio de los bosques nativos destruidos en Salta desde la sanción de la ley en 2007.
En mayo de este año, comunidades wichi del departamento Rivadavia denunciaron desalojos violentos por parte de bandas armadas de criollos que quieren apropiarse de sus tierras para el avance del agronegocio, con la complicidad de jueces y políticos. El caso del Diputado Nacional y empresario Alfredo Olmedo, conocido como “el rey de la soja” es llamativo. Juan Carlos Romero en 1998, cuando era gobernador, le donó 360 mil hectáreas estatales de Salta Forestal, ubicadas en una zona privilegiada para la producción agropecuaria –con exención de impuestos hasta el 2021–, en el departamento de Anta, que implicaron desmontes y avance contra campesinos de la zona. En 2011 una de sus fincas en la provincia de La Rioja, fue clausurada por irregularidades en las condiciones de trabajo y vivienda de sus trabajadores, originarios de Salta, Formosa y Bolivia, emparentadas con “trabajo esclavo”.
El avance minero que afecta a muchas comunidades originarias, no se queda atrás, según el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, más de 2 millones de hectáreas fueron concedidas a la exploración y explotación minera para extracción de oro, plata, cobre, plomo, zinc, litio, potasio y uranio. Vale recordar que la Ley de Minería establece ventajas para los inversores en este rubro que implica estabilidad fiscal por 30 años y exención de impuestos para las importaciones.
La vulneración de los derechos de los pueblos originarios y de las mujeres son dos caras de la misma moneda. Oligarquía e Iglesia conservan un peso destacado que configura, de conjunto, el régimen salteño. Régimen donde las “Juanas” sufren múltiples opresiones por ser niñas, mujeres, pobres y originarias.
La vida de las jóvenes más pobres del país no tiene ningún valor para la casta política que gobierna al servicio de los intereses empresariales: funcionarios, legisladores y jueces pisotean, aún más, los pocos derechos conquistados con lucha.
La Campaña de justicia para Juana y la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se expresan en la fuerza de las mujeres que se organizan en sus lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y que tomaron el 3 de junio como un día de lucha contra la violencia contra las mujeres y los femicidios. Y en el grito fuerte por #NiUnaMenos, #JusticiaParaJuana, #LibertadParaBelen.
1 Nombre de fantasía para preservar la identidad real de la menor.
2 Se entiende por tasa de femicidios a la relación entre la cantidad de femicidios y la cantidad de habitantes durante un período determinado.
3 “Fiscal Salteño: ‘Si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más’”, La Izquierda Diario, 6/6/16.
4 Flores, A., “Perturbar el silencio asfixiante de las muertes”, La Izquierda Diario, 2/6/16.
5 “Polémica por la derogación de la educación laica”, Clarín, 30/7/15.
6 “Críticas de la Iglesia a la nueva regulación de abortos no punibles”, Infobae, 23/6/15.
7 Por su cobertura y comparabilidad se utilizan datos del último Censo, pero diversas investigaciones y organizaciones, estiman que el número de originarios en la provincia es mayor.
8 Según los datos el 71,9 % de los hogares con indígenas de Salta habita en viviendas deficitarias y el 22,7 % lo hace en viviendas con hacinamiento crítico, con más de tres personas por cuarto, frente al promedio provincial del 8,9 %. Por su parte, la tasa de desocupación de la población indígena es de 9,1 % frente al 7,6 % provincial, y el 5,9 % nacional.
9 “La función del gobierno es equilibrar las inequidades”, portal del gobierno de Salta, 29/5/16.
10 Ver Picón, A. “Voces de resistencia ante el despojo de ayer y hoy” en IdZ 29, junio 2016.
– Fuente: La Izquierda Diario
