El represor buscó involucrar a superiores y así admitió lo que aseguran los testigos. Hizo un croquis sobre el recorrido por el cual ingresaban los prisioneros. Describió el sótano y nombró a Capuchita, donde estaban los desaparecidos.
“Había cierta división de tareas con respecto al tipo de organización con la que se trabajaba: las instalaciones de la Escuela de Mecánica eran buenas para que otras Unidades de Tareas pudiesen mantener a otros detenidos por la logística que se les podía brindar.”
Locuaz y detallista como hace una semana, el ex capitán de la marina Adolfo Miguel Donda volvió a sentarse en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria en un relato que por momentos tomó las características de una confesión. Con un discurso enunciado como un pase de facturas a los jefes de las Fuerzas Armadas y el reclamo de haberle soltado la mano, Donda reconoció su participación en los grupos de tareas, a la ESMA como base del centro clandestino y la metodología de los operativos en los barrios.
Durante su intervención desempolvó además documentos confidenciales con los nombres de 140 marinos que estuvieron en la ESMA y habló de otras 2000 personas que se instruyeron como rotativos en el combate de la “subversión”, de escritos firmados por Ramón Antonio Arosa y la política de la destrucción de documentos en la que involucró al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy.
El marino habló ayer desde el mismo lugar que lo había hecho la semana pasada: sostiene que hubo un acuerdo en la cúpula de las FF.AA., que entregaron a un grupo para ser juzgado, y que por lo menos existen otras 2500 personas por arriba de él que deberían estar en ese lugar.
“Hay que entender que habla por eso”, dijo Ana María Careaga, querellante en la causa. Y si bien durante su intervención no habló de ninguno de los casos que se le imputan o los negó, mencionó otras víctimas, a quienes se refirió alguna vez como “colaboradoras”, y de esa forma reconoció su participación en la ESMA y la ESMA como centro de detención.
Dicho esto, el testimonio confirmó lo que los testigos aseguraron acerca del modo de operar del centro clandestino.
Dijo que el lugar era tan público, que hasta recibió dos atentados. Hizo un croquis sobre el recorrido por el cual ingresaban los prisioneros, explicó dónde funcionaban las distintas oficinas, dónde el Casino de Oficiales. Describió el sótano, nombró a Capuchita y nombró a la Pecera, aunque dijo no haber subido nunca porque era un área que no estaba bajo su responsabilidad. Habló de los cursos de instrucción para los marinos, para decir que se tuvo la intención de involucrar a la totalidad de las FF.AA. en la represión. Cuando el abogado Luis Zamora le preguntó, entonces, si lo que estaba diciendo es que todas las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la represión, la defensa terminó oponiéndose.
Confidencial y secreto
“A pedido de la fiscalía me comprometí a proporcionar un dato”, dijo casi al comienzo. Entusiasmado, el presidente del Tribunal Oral Federal 5 le preguntó si se trataba de papeles para entregar. Pero Donda aclaró los tantos: “Tengo el documento pero no me parece oportuno mostrarlo en esta instancia”, dijo y advirtió que sólo los leería. Como los papeles ya están incorporados a la etapa de instrucción, explicó que lo que deseaba era que la fiscalía tomara nota y se los pidiera al juzgado de Sergio Torres.
Entre el primer grupo de papeles, mencionó dos tipos de notas. Unas, con la sigla de la Secretaría General Naval (SGNA), discriminada como A1 E número 210/09, rotulada con una “C” de “Confidencial” y otra nota con el número 250/09, también rotulada como “Confidencial”.
Lo único que destacó de esos documentos fue la característica de secretos y que llevaban la firma del actual jefe de la Armada, el almirante Jorge Godoy.
El otro grupo de notas pertenece a la Dirección de Armamento de Personal Naval (DIAP) 3HO, número 693-09 rotulada como “Confidencial”. Una de ellas, con cinco agregados, contiene una nómina de oficiales superiores y subalternos de la dotación de la Unidad de la ESMA en el año ’78. La lista es de 140 nombres, personas que él presentó como quienes pueden dar cuenta de su coartada, que es que no estuvo en el área del Casino de Oficiales o el Grupo de Tareas hasta diciembre de 1978.
A la lista le sumó otra con nombres del personal, suboficiales y otra con los integrantes de la Banda de Música de la llamada Agrupación de Seguridad y Ceremonial de la ESMA, donde él dice que estuvo hasta ese momento pese a que su legajo no lo refleja. “Y si eso no fuera suficiente –dijo después– están los nombres de más de 200 conscriptos de la Agrupación que también pueden hablar.”
En un momento le preguntaron por la cantidad de integrantes de los Grupos de Tareas. El respondió que toda la ESMA era un grupo de tareas. Fuera de eso, el hombre continuó soltando papeles. Entre ellos, hubo varios que parecían un pase de facturas interno: hacia Arosa, que fue jefe de la Armada con el alfonsinismo, declaró en el juicio y a ojos de las defensas se lavó las manos; y el otro es el propio Godoy.
“Tengo en mi poder un oficio secreto que ha sido relevado del secreto, identificado con la foja 2204, dirigido al Juzgado de Instrucción Naval de Roque Pedro Funes, firmado por Arosa el 3 de septiembre de 1986”, explicó. En uno de los párrafos, Arosa comunicó que entre ’76 y el ’81, hubo un sector de instrucción destinado a la lucha contra la “subversión”. Según el documento, se dieron 6 u 8 cursos por año, con 50 hombres por curso que debía ser “multiplicador de efectos”, dijo Donda. Y agregó: “50 hombres por un promedio de 7 cursos anuales, en 6 años me da total de 2100 en ese centro de instrucción”.
Un total de hombres que funcionaron como rotativos y que aseguró que deberían estar siendo juzgados en este momento.
La intervención de Donda tuvo dos partes.
Primero habló solo durante una hora y luego respondió preguntas del TOF 5 y las querellas. Parte de su alocución la destinó a explicar palabras castrenses, términos que las querellas preguntaron durante el juicio a los testigos de la defensa y que muchos de ellos se negaron a contestar.
Una de esas palabras era “Copese”, un término que se lo habían preguntado al ex jefe de la Armada. “Significa Comisión Permanente de Asuntos Especiales o de Estudios Especiales”, dijo haciendo alarde. “Fue creada por el almirante Franco en el año 1983, y de acuerdo a lo que vi cuando fui citado estaba dedicada al seguimiento de lo que se consideraba la persecución en particular de la Armada por su participación en la lucha contra el terrorismo en los años ’70; y en esa comisión al seguimiento hay que tomarlo literalmente: iban atrás de los problemas, nunca adelante, ni pudieron prever que había que guardar la documentación que se debía resguardar, con la historia de lo que había sucedido, porque se iba a llegar a una instancia como ésta en la que hay que asumir la responsabilidad que corresponde y así las responsabilidades se diluyen.” Dijo que el último miembro de ese ámbito fue Godoy, y volvió a nombrarlo.
Paso a paso
–¿Se usaba la palabra zona liberada? –preguntó el juez Germán Castelli.
–-Se decía zona libre al lugar donde se fijó operación. En realidad no era libre, pero sí la policía evitaba tomar contacto con los que hacían operaciones en ese lugar. Se daba descripción de los autos para evitar las dudas.
–¿En esos operativos había vehículos que se repitieran?
–Los utilitarios sí, pero no se usaban a menudo. Quiero recordarle señor que no eran situaciones estáticas, sino móviles: cuando se encargaba la vigilancia, eso podía motivar un seguimiento por lo tanto había que tener vehículos de fácil uso para asegurar a la persona, desplazarse del lugar rápidamente.
–¿Se usaban autos Swat?
–Se les decía así a unas camionetas que permitían el desplazamiento rápido del personal para poder participar de un operativo o a un vehículo que permitiera estar algún tiempo en determinado lugar. Pero era muy difícil que se usara en esa época porque la gente desconfiaba mucho cuando aparecía un auto de esas características en los barrios.
En los operativos, explicó, el grupo de tareas rellenaba formularios, para “no perder demasiado tiempo después en tareas burocráticas”. La coordinación de la zona la hacía el Primer Cuerpo del Ejército, dijo. Y eso significaba que ellos eran quienes “coordinaba con las comisarías”.
Castelli preguntó sobre quién era el “enemigo”: “En esa guerra, el enemigo que yo identificaba como tal cuando se me impartía una orden –dijo– era generalmente personal terrorista vinculado a una organización, perteneciente a la organización revolucionaria de Montoneros”.
Sobre su rol en la ESMA, reconoció haber estado en 1978 en la Agrupación de Vigilancia y Ceremonial. Pasó a la Unidad de Tareas 3.3.2 en febrero aunque en diciembre ya estaba: “Cuando llegué me presenté a Chamorro porque generalmente el que llega se presenta con el director, pero se obvió ese trámite y me presenté directo con el subdirector. Fue la primera vez que hablé con él en la ESMA: me impuso de la situación, me dijo que estaba al servicio de la Unidad de Tareas”.
Donda aseguró que en ese momento le preguntó a Chamorro por su hermano, el padre de Victoria Donda actualmente desaparecido. Dijo que Chamorro lo mandó a hablar con una persona de la columna oeste de Montoneros. El explicó que esa persona luego lo denunció en el exterior.
Al final de la audiencia, Myriam Bregman del colectivo Justicia Ya! preguntó por los cuerpos de los desaparecidos. Si podía decir dónde están. Y él dijo que también a él le gustaría saber dónde está su hermano. La respuesta provocó una profunda molestia entre las querellas. Su cuñada, desaparecida como su hermano, parió en la ESMA a su sobrina, la diputada Victoria Donda, que fue apropiada por otro represor de ese centro clandestino. Donda fue jefe del grupo de tareas y torturó a víctimas que pasaron por ese lugar con sus manos.
– Por Alejandra Dandan
En la calle hay otro represor prófugo
Víctor Roberto “Lindoro” Olivera, buscado por la ESMA
Un escalofrío recorrió el cuerpo de varios sobrevivientes de la ESMA cuando se enteraron de que uno de los represores que habían identificado hace tres años pasó a engrosar la larga lista de prófugos.
El suboficial retirado Víctor Roberto Olivera, alias “Lindoro”, fue procesado y detenido en la causa ESMA tras ese reconocimiento, pero al tiempo recuperó su libertad por decisión del Tribunal Oral Federal 5. La fiscalía apeló hasta que el planteo llegó a la Corte Suprema, que ordenó que volviera a la cárcel. Ayer, cuando lo fueron a detener, ya no estaba.
Lindoro Olivera es quien se había quebrado en su declaración indagatoria y había confesado que hacían desaparecer cuerpos incinerándolos, en lo que llamaban “asadito”, como alternativa a los vuelos de la muerte, cuando las víctimas fallecían en la tortura y no estaba previsto ningún despegue.
“Los sobrevivientes estamos preocupados, los reconocemos, los liberan y se fugan, tranquilamente puede estar en la puerta de mi casa y nadie se entera, esto debería servir para que todos los que excarceló la Cámara de Casación vuelvan a estar presos”, se quejó alarmado Carlos Lordkipanidse, víctima y querellante en la causa ESMA.
Al respecto, el coordinador de la unidad fiscal de seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Pablo Parenti, explicó que estos casos son más irritativos aún porque represores como Olivera no fueron liberados porque venció el plazo de detención sin sentencia, sino porque no existía, según los jueces, riesgo de fuga. “Hay juicios que se hacen con todos los acusados en libertad, como Rosario o Bahía Blanca, y los testigos entran y salen por la misma puerta que los represores a los que acaban de acusar, o se cruzan con ellos en la esquina, es un problema grave de la administración de justicia para el avance de los juicios”, dijo Parenti a Página/12.
El jefe de la Unidad, fiscal Oscar Auat, afirmó que “las excarcelaciones y la prisión domiciliaria son la consagración de la impunidad con ropaje de legalidad”. Auat se comunicó por esta situación con el Programa Nacional de Protección de Testigos. A los querellantes les preocupa que es paciente psiquiátrico.
Osvaldo Barros, Víctor Basterra y Carlos “el Sueco” Lordkipanidse lo habían reconocido en rueda de presos en 2008. Olivera vio pasar los juicios desde su cómoda casa de Pilar, a pesar de integrar una lista de más de 300 sicarios del Estado identificados pero sin imputación judicial. Una denuncia anónima que llegó a HIJOS hizo posible asociar su apodo con su apellido y así terminó preso y habló.
– Por Adriana Meyer – Página 12
