Apuntan a que se declare inconstitucional la norma porque permite al Gobierno decidir sobre los precios y márgenes de ganancias de las compañías.
Por Julieta Camandone
Aprobada la Ley de Abastecimiento en la madrugada de ayer, y esperando su pronta promulgación, empresarios nucleados en el G6 terminan de afinar el lápiz de la presentación judicial que harán para intentar evitar su aplicación. Consistentemente con la amenaza vertida por las entidades más importantes de la industria, el campo, la construcción, el comercio, la banca y las finanzas, los cañones apuntan a que se declare inconstitucional la norma que implica, entre otras cosas, la facultad del gobierno de decidir sobre los precios y márgenes de ganancia de las compañías, así como también sobre la disponibilidad de productos a los consumidores. El paquete incluye sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación y clausura de establecimientos.
Los empresarios acusarán a la norma recién aprobada de violar el artículo 76 de la Constitución Nacional, que impide la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, básicamente, en el caso de la definición de lo que serían ‘circunstancias extraordinarias‘ que habilitarían la aplicación de la ley. Siendo el Poder Ejecutivo Nacional la Autoridad de Aplicación, pretenden evitar que cuente con esta facultad, sin paso por el Congreso.
En segundo término, y pese al apoyo que tuvo el proyecto desde algunos sectores que representan a la pequeña y mediana empresa, como la CAME, los grandes empresarios consideran que la norma incurre en un error al considerar que las PyMES pueden quedar incluidas dentro del ámbito de aplicación. Según el primer artículo de la ley, quedan exceptuadas las micro y pequeñas empresas ‘siempre que no detenten posición dominante‘. Los empresarios consideran contradictorio en sí que, por su tamaño, las empresas pequeñas y medianas puedan ser una amenaza por dominación del mercado.
Adicionalmente, los empresarios apuntan a evitar que la misma Autoridad de Aplicación sea quien administre, juzgue y sancione, en los términos en que se indica en el artículo 17 de la Ley de Abastecimiento, que habilita, en caso de ‘una situación de desabastecimiento o escasez de bienes y servicios‘, disponer ‘mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación, en todo el territorio de la Nacion, cualquiera sea su propietario‘.
Por último, dentro de los principales puntos a los que apelará la presentación de los empresarios en contra de la ley, postularán que el sistema de sanciones, que implica primero el pago y después el reclamo, viola el Pacto de San José de Costa Rica, específicamente en lo referido al derecho de defensa, porque sostienen que subordinarlo al pago frustra el propio derecho.
Los empresarios esperan que, tras la presentación, sean más entidades las que adhieran.
– El Cronista
