A 38 años de la masacre de Trelew, la verdad parece estar un poco más cerca. Es que la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires entregó al Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia un extenso informe con documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dipba) relacionada con los fusilamientos, para que sea sumado como prueba en la causa judicial que ya está en curso.
El informe que fue entregado a la Justicia el viernes está compuesto por documentos que refieren a la fuga del penal de Rawson, a la masacre de Trelew y a la construcción de la verdad oficial. Se trata de cuatro carpetas con más de 1.500 fojas. Además hay partes de inteligencia que muestran la persecución previa y posterior a los sucesos del 22 agosto de 1972: informaciones sobre abogados, familiares de los presos, actos recordatorios, la detención de Mario Amaya, entre otras actividades de espionaje. Todos estos documentos y partes de inteligencia fueron hallados en el archivo de la Dipba.
“La importancia de todos estos documentos radica en que las mismas fuerzas de seguridad que intentaron fraguar los hechos, nos dejaron escritas otras circunstancias que permiten hoy, a 38 años, usarlos como prueba para construir la verdad”, afirmó a Miradas al Sur Claudia Berlingieri, perito de la Comisión y encargada de entregar los informes.
Según contó Berlingieri, la primera carpeta es la más importante: allí los marinos relatan los acontecimientos en el mismo momento en que sucedieron. Otro de los informes presentados revela los partes de inteligencia que empezaron a circular desde Chubut hacia Buenos Aires una vez llevada a cabo la masacre. Un análisis detallado de los datos emitidos, hora a hora, ayuda a descubrir la trama oficial que sostenía que las muertes se produjeron tras un intento de fuga.
El archivo de la Dipba es un extenso y pormenorizado registro del espionaje político e ideológico que el Estado realizó sobre hombres y mujeres a lo largo de medio siglo. Esa área fue creada en 1956 y funcionó hasta en 1998: en el contexto de una reforma de la policía bonaerense fue disuelta y cerrado su archivo. Un año después, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó una medida de no innovar sobre ese archivo, por considerar que esos documentos podrían aportar pruebas para los Juicios por la Verdad. En 2000 el gobierno provincial transfirió el archivo a la Comisión Provincial por la Memoria para que hiciera un centro de información con acceso público. Por ley, el archivo fue desclasificado. En 2003 fue abierto al público para la consulta. Los documentos del archivo han sido y son aportes para las causas judiciales contra los responsables de delitos de lesa humanidad, la averiguación de datos referentes a las personas y la investigación histórica y periodística.
La patria fusilada. El 22 de agosto de 1972 se abrió una nueva etapa de la represión política en la Argentina. A partir de ese momento el Estado comenzó a instrumentar la maquinaria terrorista para garantizar la eliminación física del opositor, el disidente, o como ellos lo llamaban, “el subversivo”. En aquella silenciosa y fría madrugada 19 presos políticos pertenecientes a las agrupaciones Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros fueron acribillados en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Trelew. Dieciséis militantes murieron, y tres sobrevivieron.
Los detenidos se encontraban allí después de haber protagonizado un fallido intento de fuga del penal de máxima seguridad de Rawson, donde sólo seis presos políticos de la máxima dirigencia guerrillera ganaron su libertad escapando al Chile de Salvador Allende. Ellos eran: Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena, del ERP; Roberto Quieto y Marcos Osatinsky, de las FAR, y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros. Otros destinos tuvieron las balas criminales que partieron como forma de escarmiento, un claro gesto de autoridad o una lección para el conjunto de la sociedad que vio como fue burlada una de las cárceles más emblemáticas del régimen de Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto en ese entonces.
La masacre ocurrió “cuando el entonces capitán de Fragata Emilio Sosa, en compañía del teniente Roberto Bravo y los capitanes Emilio Del Real y Raúl Herrera (fallecido) se presentaron en el lugar de detención”, relata la causa que se reabrió luego de muchos años de permanecer inactiva. “Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones y los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”, describe el auto de elevación que instruyó el juez federal Hugo Sastre.
Como consecuencia de los disparos fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart. En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte. Fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos.
El testimonio de los tres sobrevivientes brindó claridad sobre los detalles de los fusilamientos: Ricardo Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger. Camps recordó: “Sentí entonces, casi de inmediato, dos ráfagas de ametralladora. Pensé en fracción de segundos que se trataría de un simulacro con balas de fogueo. Ví caer a Pólit, que estaba de pie sobre la celda Nº 9, a mi lado. Y de modo casi instintivo me lancé dentro de mi propia celda. Otro tanto hizo Delfino. De boca ambos en el suelo permanecimos en esa posición, en silencio, entre tres y cuatro minutos. Nuestro único diálogo fue el siguiente: Delfino dijo ‘qué hacemos’, yo contesté algo así como ‘no nos movamos’”.
Berger, por su parte, describió el horror de la siguiente manera: “Viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse! Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando’”.
El subsecretario de DD.HH. de Chubut, Juan Arcuri, manifestó su satisfacción ante el avance en la causa: “Toda nuestra comunidad viene esperando el inicio de este juicio”, dijo. Se espera próximamente que los jueces federales Nora María Cabrera de Monella, Enrique Jorge Guanziroli y Pedro José De Diego tengan a su cargo el juicio oral de la causa “Sosa, Luis Emilio y otros” en la que se juzgará a los marinos retirados.
Los hechos fueron calificados como “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real”. En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de Sosa, Bravo, Real, Herrera, Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand.
De los mencionados ninguno cumple prisión efectiva, y se espera la pronta extradición de Bravo, que tiene la ciudadanía estadounidense. Fue localizado en Estados Unidos, detenido para su identificación y luego excarcelado mientras se substancia el largo proceso de repatriación. La audiencia para estudiar la posible extradición del ex militar, fue aplazada de nuevo porque su abogado se enfermó. Bravo debía comparecer esta semana ante el juez federal Robert Dubé en un tribunal de Miami, encargado de decidir sobre la solicitud de extradición presentada por el Gobierno argentino.
“Desafortunadamente, el abogado se enfermó la semana pasada después de regresar de un viaje. Sufrió de problemas estomacales severos y de un ataque de migraña que aún persisten”, dijo el abogado Neal Sonnett en el escrito judicial refiriéndose a él en tercera persona. La vista judicial se fijó para el próximo 31 de agosto.
La defensa de Bravo planea llevar al estrado a dos testigos de “lujo”: Alfredo Solari y Jon Perdue. Solari es un abogado argentino que testificaría en torno del incremento de “grupos marxistas guerrilleros y terroristas”, incluyendo a Montoneros, el ERP y el PRT. Y Perdue es el director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos, que declararía sobre las condiciones políticas de Argentina a finales de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1970, entre otros asuntos.
Mientras, el recuerdo sigue presente. Ayer se inauguró una muestra fotográfica y de documentos pertenecientes al material público de la Dipba, más afiches políticos y obras de Juan Carlos Romero. Fue en el Centro Cultural de la Memoria, que funciona en el viejo aeropuerto de Trelew donde los militantes que se habían escapado del penal de Rawson se entregaron pacíficamente y una semana después fueron acribillados. La exposición fotográfica podrá ser visitada hasta el 15 de septiembre, todos los días de 8 a 19.
– Informe: Camilo Cagni – Miradas al sur.
