Durante las audiencias en el tribunal internacional, Uruguay reconoció que hubo una violación a los derechos humanos en este caso. Pero la causa judicial sobre el destino de María Claudia Iruretagoyena no tiene avances y la Ley de Caducidad sigue vigente.
“Por eso iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, no sólo contra el Ejecutivo, sino contra todas las instituciones”, explica Gelman.
El reclamo del poeta sigue siendo el mismo: Verdad y Justicia. Saber qué pasó con su nuera, María Claudia Iruretagoyena, que fue secuestrada en la Argentina y asesinada en Uruguay luego de que le quitaran a su hija recién nacida. La semana pasada repitió su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él y su nieta Macarena recurrieron luego de agotar las instancias judiciales en Uruguay. En diálogo con Página/12, Juan Gelman repasa el camino que lo llevó al tribunal internacional, responde a quienes quieren reducir el tema a un asunto de dinero y busca contestar la pregunta acerca de las contradicciones que en el Frente Amplio impiden que se apruebe un proyecto que acabaría con los efectos de la Ley de Caducidad y así permitiría poner en prisión a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
–¿Cuál es el balance de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
–Durante las audiencias en la Corte Interamericana el representante del Estado uruguayo reconoció que en este caso hubo una violación a los derechos humanos, como si eso arreglara la situación. Con eso no hacemos nada. Mi nieta logró que se reabriera ante la Justicia el caso de su madre en el año 2008 y después de dos años el caso no pasó de la etapa presumarial, es decir, no se investigó nada, no se citó a ningún testigo. Por eso la querella que presentamos es contra el Estado uruguayo.
–Ustedes demandan por la imposibilidad de hacer justicia en Uruguay.
–Mi nieta y yo y iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, entendido no sólo como el Ejecutivo, sino como el Parlamento, la Justicia, todas las instituciones de un Estado. Golpeé la puerta de cuatro gobiernos uruguayos sucesivos para ver si el contenido de nuestra demanda ante la Corte se podía llevar a la práctica, es decir, investigar a fondo qué había sucedió con mi nuera María Claudia y eventualmente encontrar sus restos para darle descanso. (El ex presidente Julio María) Sanguinetti sabía perfectamente quién tenía a mi nieta y se quejó porque según él yo le había dado solamente cuatro meses para averiguarlo. El, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sanguinetti no habló de dinero ni de humillación. Dijo que yo lo hacía porque quería entorpecer la campaña electoral del Partido Colorado. Después llegó (Jorge) Batlle. Nosotros habíamos encontrado a nuestra nieta a fines de 1999 y a través de un intermediario nos pusimos en contacto con la señora que la crió –el señor había muerto–, nos encontramos y nuestro deseo era hacerlo en secreto porque tanto Mara como yo sabíamos qué tipo de trauma podía provocar en una mujer de 23 años enterarse que sus padres no eran sus padres y que, en cambio, sus padres habían sido asesinados por las dos dictaduras militares. El presidente Batlle en febrero del año 2000 dijo que era imposible que esto ocurriera en Uruguay, porque Sanguinetti siempre insistía que nunca habían nacido niños en cautiverio, que nunca había habido ejecuciones. Pero cuando nosotros llegamos a fin de marzo nos quiso ver inmediatamente porque alguien le había dicho que habíamos encontrado a mi nieta y él entonces hizo la investigación con un militar y quería hacer el anuncio público. Mi nieta acordó en que se podía hacer, claro que Batlle lo hizo con un fin político. Yo le escribí a Néstor Kirchner, quien me convocó inmediatamente para ir a Buenos Aires y me dijo que para él ésta era una cuestión de Estado. Empezó a hablar con Batlle, que le hizo no sé cuántas promesas que nunca cumplió. Cuando habían pasado dos años y no había novedad abrí una causa en Uruguay, que fue clausurada por el fiscal (Enrique) Moler aduciendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Después de eso, en el año 2003 fue clausurada la causa. Batlle consideró que efectivamente el caso estaba incluido en la Ley de Caducidad y en consecuencia no había que seguir averiguando. Mi abogado pidió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Uruguay declarando la inconstitucionalidad de esa ley en este caso y se desestimó este pedido. En el año 2005 hubo un cambio cuando asumió Tabaré Vázquez. En su discurso de asunción sacó expresamente de la ley el caso de mi nuera y el del senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Entonces reabrí la causa, que fue nuevamente clausurada por el mismo fiscal. Apelamos y el tribunal de apelaciones desautorizó la acción del juez y hasta lo regañó y ordenó archivar el caso. Ya habían pasado seis años de reclamo sin respuesta.
–¿Y así decidieron presentarse ante la Comisión Interamericana?
–En 2006 mi nieta y yo decidimos presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representados por el Cejii (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Vázquez no hizo nada para que la investigación continúe, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía esa facultad. La Ley de Caducidad en su artículo tercero faculta al Poder Ejecutivo a ordenar que una investigación continúe o se clausure. Batlle dijo que se clausura, Tabaré no dijo nada y ordenó una excavación en la que se produjo una escena terrible. En el Batallón 14 el comandante en jefe del Ejército, el general (Angel) Bertolotti, le dijo a mi nieta que en un círculo de un radio de cinco metros estaban con un 99,9 por ciento de probabilidad los restos de su madre. No encontraron nada, el gobierno cesó las excavaciones. En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré que supuso que el Ejército, al cual ordenó la investigación, iba a denunciarse a sí mismo, cosa que no sucede en ninguna parte. Hay una suerte de tejido cívico militar que incluye a jueces, políticos, que impide el conocimiento de la verdad, como si hubiera sectores en los que continua en el plano civil el pensamiento militar en lo que hace a impedir el conocimiento de la verdad y a castigar a los victimarios. Después de cuatro años la Comisión Interamericana pasó el caso a la Corte Interamericana y ahí vinieron las audiencias. Yo golpeé las puertas de cuatro gobiernos uruguayos. Ahora el de (José) Mujica.
–En ese sentido parece contradictoria la posición en el Frente Amplio sobre la posibilidad de hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad.
–Hay un proyecto de ley que se aprobó en Diputados por la mayoría del Frente Amplio. Acataron una resolución de la última asamblea del Frente Amplio en el sentido de que había que terminar con los efectos de la Ley de Caducidad. Es un proyecto que no es de anulación, es de interpretación de la ley, pero que de todos modos hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad. El tema es que en el Senado, que recién lo va considerar a principios de diciembre, después del Presupuesto, ya cuenta con una decisión desfavorable. Hay tres senadores del Frente Amplio que ya han dicho que van a votar contra ese proyecto de ley. Como la mayoría del Frente Amplio es muy tenue, son 17 senadores y necesita por lo menos 16 votos, si tres senadores se niegan no se va a poder aprobar. Me sorprende mucho la posición de gente como el senador (Eleuterio) Fernández Huidobro, que padeció once años en un pozo durante la última dictadura militar, donde como decía Mauricio Rosencof, que también estuvo en la misma situación, lo tenían a media ración, no les daban agua, a veces tenían que beber sus orines. No entiendo por qué este senador se niega a que se levante esta prohibición de saber la verdad y llegar a la Justicia. No sé qué ha hecho con su pasado, es un problema de él. Pero me pregunto por qué tiene esta posición. En 1985 hubo una ley, la 15.737, que proclamaba una amnistía general que incluía a los tupamaros. Inmediatamente después salió la Ley de Caducidad que tiene un nombre bastante increíble. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como si el Estado, al castigar los crímenes, fuera un pretencioso. Probablemente eso forma parte del pacto de los militares con los políticos.
–Pero si alguien quisiera reabrir alguna causa contra un dirigente tupamaro, los eventuales delitos estarían prescriptos, a diferencia de lo que pasa con los delitos cometidos desde el poder estatal.
–Yo soy lego, tengo que pensar que los senadores son muy cumplidores de su palabra. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en una campaña perversa dice que lo único que se trata es de dinero. El primero que lo dijo fue Fernández Huidobro. De eso se hizo eco el diario de derecha El País, por ahí también se habló de que queríamos humillar a Uruguay como si eso fuera el propósito. Son cosas de guerra sucia que los que se oponen ahora a la aprobación del proyecto de ley sufrieron en carne propia. Deben haber aprendido mucho. Breccia utiliza el argumento de que hubo dos consultas populares que no lograron la anulación de la Ley de Caducidad. La última fue el año pasado. Pero la primera se hizo poco después de que los militares se fueran y todavía imperaba mucho miedo en la sociedad uruguaya y se ignoraba bastante lo que había ocurrido, no como en Argentina. Y según fuentes confiables, la que se hizo el año pasado fue también saboteada por miembros de este sector del Frente Amplio. Por otro lado, como planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, que es un gran jurista, hay temas que no son plebiscitarios porque son responsabilidad del Estado. Castigar los crímenes es una responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría plebiscitar si tiene que haber libertad de prensa o no, si tiene que haber pobreza o no o si tiene que haber justicia o no, son responsabilidades institucionales del Estado que se deben cumplir.
–¿Cuál es en concreto el reclamo que usted y Macarena le hacen al Estado uruguayo?
–Lo que nosotros pedimos es que la Corte Interamericana conmine a Uruguay a cumplir los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que declaran que no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. El Estado uruguayo ha adherido y ratificado esos pactos. Pedimos lo que pedimos toda la vida, que se investigue a fondo la surte de mi nuera y eventualmente que se encuentren los restos.
–¿Confían en que finalmente se pueda hacer justicia en Uruguay?
–Estoy esperando la decisión del Senado, pero aparentemente esta ley no va a salir.
–¿Y que se reabran las causas a partir de decisión de la Corte Interamericana? Los fallos de ese organismo, como las decisiones de la Comisión, fueron un precedente importante para los jueces argentinos.
–Una de las cosas que dicen quienes se oponen es que las decisiones de la Corte no son vinculantes. Pero reírse de las decisiones de la Corte Interamericana es políticamente muy negativo. Eso sí que colocaría al Estado uruguayo en una posición humillante.
–Su abogada señaló que ese caso no debería llamarse Gelman contra Uruguay, sino Gelman con Uruguay, porque están ayudando a que el país pueda hacer justicia.
–Sí. Porque hay muchos otros casos en los que tampoco hay justicia.
– Por Victoria Ginzberg – Página 12 – 24/11/10
