Los políticos buscan el poder a través de la «compra-venta» de medios de comunicación. A nivel provincial y a nivel nacional, el monitoreo y la «sanción» a los medios y a los periodistas son moneda corriente. Prensa tipo R y prensa tipo K parecen tener las mismas maneras de actuar. Como se hizo en la Recova del cabildo, durante la huelga docente en marzo, habría que pegar carteles en la ciudad con los nombres de la «obsecuencia debida».
El periodista Christian Sanz, revela datos importantes sobre el Sistema Oficial de Espionaje. La política de Néstor Kirchner sobre el monitoreo de la información ya no es novedad.
Muchos medios de comunicación que apoyaron su candidatura y su elección hoy se quejan del accionar del mandatario. La misma pauta seguida en su provincia la implementa a nivel nacional: «aprietes a los medios, cooptación de opositores, negociados en la obra pública y manipulación de la Justicia son ingredientes que están íntimamente relacionados a la idiosincracia K desde siempre»…
Kirchner comenzó a «comprar» a los medios de comunicación con la generosa pauta de la secretaría de Medios del Estado al tiempo que negoció la cooptación de adversarios políticos y empezó a aglutinar los negocios más rentables junto a su hombre de confianza, Julio De Vido.
Hubo en esos días medios fácilmente comprables como el grupo Clarín (y su satélite Página/12), Canal 2, Revista Veintitrés , y el grupo Hadad (especialmente Canal 9 y Radio 10). Pero muchos periodistas no quisieron «venderse» y fueron directamente censurados. De la misma manera, a los pequeños medios díscolos (muchos de la zona sur del conurbano) se les revocó las licencias para operar y desaparecieron lenta y gradualmente.» (sic)
Muchos medios alternativos siguieron trabajando. Pero el sistema requería nueva tecnología de espionaje incluída la telefonía celular por lo que se equipó al Estado de modernos y costosos aparatos de última generación. El resultado es que algunos medios opositores a la gestión K fueron hackeados: en el entorno K existe la convicción rotunda que para mantenerse en el poder, el primer mandatario necesita controlar la información.
¿Y sus discursos de aceptación de la diversidad?
Sobre la SIDE II
Se trata de una agencia paralela a la SIDE y trabaja fuera del control formal del gobierno. Allí se hacen operaciones oficiales, es decir, el espionaje agranda sus espacios y hay quienes compiten con espías vernáculos.
Un modus operandi del Gobierno consiste en buscar «terceros» para no dejar rastros y poder Hackear las páginas de sitios independientes y críticos (no oficialistas). El periodista Sanz logró conseguir la información de la lista del personal que realiza el trabajo sucio:
-Abrutzky P. (Capital Federal)
-Markiewicz, R. (Cipolleti, Rio Negro)
-Knoblauch A. (Olivos)
-Catena F. (25 de mayo, Buenos Aires)
-Cuello F. (Cipolleti, Rio Negro)
-Meyer R. (El Fortín, Cordoba)
-Di Pentima L. (Santa Fe)
-Tiznado M. (Olivos)
-Espinoza J. (Bahia Blanca)
-Greco F. (Rosario, Santa Fe)
-Jofré M. (Godoy Cruz, Mendoza)
Cualquiera de los aquí nombrados, a pedido del gobierno, puede «aleccionar» y sacar del aire a detractores, denuncia la página independiente y alternativa Tribuna de periodistas.
En Salta, Gran Hermano R
El periodista Miguel Brizuela escribió en medio del conflicto docente que sacudió a la provincia de Salta entre fines de febrero y mediados de abril de este año el artículo El gran Hermano nos vigila, referido al seguimiento a docentes en huelga y a periodistas independientes que se jugaron a dar información sobre los hechos e incluso a políticos que apoyaron las medidas de fuerza. También dio ejemplos de operativos «armados» para culpabilizar a periodistas y líderes de la protesta en supuestos actos «delictivos».
Esta información se develó a partir del material que llegó en discos compactos a medios independientes como FM Noticias, a ciertos periodistas que cubríamos los hechos y a los docentes de paro (delegados) para amedrentar y lograr que cesaran en sus acciones, respectivamente. La orden consistía en que el D2 debía «buscar puntos débiles» de los actuantes en el conflicto y ocasionar un shock paralizante mediante amenazas. No pudo ser.
Se puede establecer un nexo que vincula la política nacional con la provincial: el sistema de presiones y amenazas a la prensa independiente y a los grupos opositores es el mismo. No hubo negación por parte de la policía ni de los funcionarios sobre la existencia del D2, aunque se explicó que es «un servicio de información gubernamental sobre conflictos sociales». Tampoco se negó el monitoreo en Plaza 9 de julio (y quizá otros sitios públicos de mucha concurrencia) desde donde supuestamente se tomaron las fotografías del espionaje que vulnera derechos constitucionales.
La población salteña debe enterarse de esta situación, sobre todo porque estamos próximos a elecciones y todos los candidatos muestran su «orgullo K».
El resultado es que hoy, como «castigo ejemplar» tenemos el caso del profesor «Gamboa», a quien incriminan en causas que no tienen asidero real (en actual proceso) y que a través de medios oficialistas compremetieron públicamente su figura y la de muchos docentes que realizaron medidas de fuerza.
