Irregularidades en el puesto de control de la DGR en Vaqueros

Eduardo Vargas registró las fotos donde consta que la documentación trasladada a Vaqueros podría ser desaparecida. Esta frecuente anormalidad tiene más de un año. Las cajas correspondientes a la gestión de Tamayo pasaron varias etapas oscuras: sustracción, abandono y desalojo.

En el puesto de Control de Vaqueros de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, ya no en el interior de la dependencia sino en las afueras, a la intemperie, se hallan entre 200 y 250 cajas de cartón marrón para archivos. Dichas cajas, ahora “protegidas” por el sol y la helada, tienen el rótulo en cada una de ellas del Suprograma Auditoría Fiscal.

Esta situación fue denunciada anteriormente, el 6 febrero de 2008, por los gremialistas Miguel Rojo (Secretario General) y Néstor Eduardo Vargas (Secretario Adjunto) de ATAP (Asociación de Trabajadores de la Administración Publica Provincial y Municipal de Salta) quienes elevaron nota al Ministro de Finanzas de la Provincia, Carlos Parodi, para poner en su conocimiento que unas 250 cajas con documentación de la DGR había sido retirada y trasladada al puesto de control de esa dependencia, sita en Vaqueros. Sergio Ibarra, otro dirigente de ATAP, quien se hallaba cumpliendo sus funciones como Inspector, fue testigo ocular de tal situación denunciada oportunamente.

Por aquel entonces, las cajas sustraídas de su lugar de origen y llevadas al puesto de Vaqueros, fueron abandonadas en una habitación. El contenido de los archivos corresponden a la gestión del ex director de Rentas, Sebastián Saravia Tamayo, sobre quien pesa una denuncia por irregularidades varias cometidas en su función. Tamayo pasó de ser director de la DGR a ser Secretario de Ingresos Públicos en el sector finanzas, en relación a Parodi y ligado al equipo económico del Senador Fernando Yarade, presunto accionista de Plumada S.A.

La indiferencia por parte de quienes tuvieron que intervenir ante estos hechos se torna visible sobre todo porque después de un año, la situación no sólo no se ha resuelto sino que evidencia el total desinterés y más aún, la desidia de los funcionarios. Es preocupante que siendo la Dirección General de Rentas de la Provincia, el órgano por excelencia de recaudación provincial, se maneje con total dejadez, sin protección adecuada para con la documentación, lo que recala en la sospecha de una extraña maniobra de un funcionario para ocultar y destruir información pública.

Esta situación irregular da cuenta de que el Estado se desvincula de la guarda del patrimonio documental según lo expresa el artículo 51 de la Constitución de la Provincia. Esta documentación abandonada y en vías de extinción pone en aviso sobre el atropello a la Ley 7.092, que expresa en una parte: “toda documentación producida y que produzcan los Tres Poderes del Estado provincial, se considera como integrante potencial del patrimonio documental de la Provincia…” (capítulo IV-art. 11) y más adelanta señala: “los documentos originales archivados en los archivos públicos del estado provincial, no podrán ser retirados en forma definitiva de esos repositorios, sin excepción” (art 20 del mismo capítulo de la Ley).

Debiéramos esperar, además, la oportuna intervención del Coordinador de Bibliotecas y Archivos de la Provincia, funcionario Gregorio Caro Figueroa, ex Secretario de Cultura de la gestión urtubeycista.

– Fotos: Eduardo Vargas

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