Investigan a Jorge Brito por millonarios aportes a la campaña Menem-Romero que pasaron por el Banco Macro. ¿Plata de los salteños? ¿Dinero del narcotráfico? Angel Torres y Bettina Romero manejaron la Fundación Argentina Solidaria envuelta en la maniobra
En su edición de ayer viernes 5 de octubre el diario La Nación anuncia que Jorge Brito, uno de los banqueros preferidos del presidente Néstor Kirchner, quedó involucrado en una causa sobre posible lavado de dinero en el financiamiento de la campaña presidencial de Carlos Menem, en las elecciones de 2003.
El expediente se inició el jueves con una presentación del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, que pidió en la Justicia que se investigara a Brito, a Menem y al ex compañero de fórmula del riojano y gobernador de Salta, Juan Carlos Romero.
La maniobra descripta por Garrido tuvo como eje a la Fundación Argentina Solidaria (FAS), organización no gubernamental creada por Romero, que financió casi toda la campaña del Frente por la Lealtad. Hizo un aporte de 10.821.833 pesos, una cifra muy superior a la permitida por la ley, que se destinó a pagar los avisos en televisión, en radio y en medios gráficos.
Ese monto, según se destaca en la denuncia, significó un aumento del 3500 por ciento en el nivel de ingresos y gastos de la fundación, que se había creado en 1992 con fines sociales y que en sus 11 años de existencia nunca había tenido gastos anuales superiores a 684.079 pesos.
Según la presentación ante la Justicia, la fundación fue usada para inyectar fondos frescos a la campaña de Menem-Romero y para dar una apariencia lícita a ese dinero con origen aparentemente irregular, «en parte proveniente de la administración pública salteña».
Esto se hizo por medio de donaciones millonarias que recibió la fundación para los rubros «Donaciones Proyecto Federal» y «Donación promoción hoy». Se depositaron en tres cuentas que tenía en una sede porteña del banco Macro (por entonces, Macro Bansud), la entidad que preside Brito, ahora participante habitual de los viajes de Kirchner al exterior.
Sin respaldo
La mitad de esas contribuciones, siempre según Garrido, «corresponde a depósitos en efectivo por montos que oscilan entre 100.000 y 2.030.000 realizados por sujetos no identificados». También hubo una transferencia de casi 1 millón de pesos de parte de dos empleados de la gobernación salteña y hasta cinco cheques librados por el Ministerio de Economía de la provincia.
Luego de acusar a los responsables de la fundación y de la campaña del Frente por la Lealtad, el fiscal pidió que se investigara al banquero. Sostuvo que la entidad no había hecho los controles correspondientes a transacciones mayores a 100.000 pesos y que no las había reportado como sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre otras cosas, Garrido detalló que el 14 de abril de 2003, la FAS recibió una donación de 1.900.000 pesos, cuya «única documentación de respaldo es una boleta de depósito con una firma que resulta ilegible».
Consultada por La Nación, una alta fuente del banco Macro sostuvo que la entidad había aportado todas las pruebas que pidió la fiscalía de Garrido. «Nuestras cosas están totalmente en orden. Cumplimos con todos los requisitos que en ese momento imponía la UIF», afirmó la fuente, que desligó a la entidad de las maniobras que se le atribuyen a la fundación.
Para Garrido, sin embargo, no se trató de «meras inadvertencias esporádicas de ciertas reglamentaciones administrativas», dado que Brito conocía los antecedentes de la fundación y tenía relaciones con el gobierno de Salta. El banco es el agente financiero de la provincia y de otras cinco.
Pese a las pruebas recogidas en la justicia electoral, la jueza María Servini de Cubría no castigó a los responsables de la campaña porque no habían aceptado formalmente los aportes de la fundación.
La Fundación Argentina Solidaria nació como una entidad de bien público que debía juntar fondos para operar a niños con labios leporinos. La manejaron -entre otras personas- el actual comisionado de gobernador Angel Torres y la propia esposa de Romero Lucía del Carmen Marcuzzi.
Una investigación del periodista salteño Sergio Poma y del abogado laboralista inegrante de la Red por los Derechos Humanos Daniel Tort reveló que Juan Carlos Romero usaba el avión de la provincia para cuestiones personales o partidarias con lo que estaba cometiendo el delito de peculado. Entonces aparecieron comprobantes de pago de esos vuelos emitidos por la cuestionada Fundación Argentina Solidaria.
