Si de ahora en más el mensaje será que asesinar para defender una recaudación de un comercio vas a pasar a ser una licencia para la gente sana, querida por la comunidad, que luego de matar debe ir a su casa con su familia a reflexionar, el futuro que nos espera no será para nada promisorio.
“Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia, la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido” (Mauricio Macri)
Los recientes casos de muerte en ocasión de intentos de robos en el país, tienen además de la desgracia irreparable de otra muerte más por inseguridad, un condimento adicional generado por una concepción absolutamente errónea de las reglas de convivencia social mínimas que deben regir en un Estado organizado.
Seguramente la lectura del párrafo anterior habrá de generar en muchas personas –lamentablemente- una sensación de rechazo, o se pensará tal vez que hay un error en la redacción, porque se habla de muerte por casos de inseguridad, cuando los muertos han sido los asaltantes y no los asaltados.
La pregunta que inmediatamente hay que hacerse para encuadrar el tema dentro de la legalidad, será en tal caso, estimado lector, de meridiana simpleza: ¿Hay homicidios por inseguridad solamente cuando pierde la vida la persona a la que se intenta despojar de su dinero o pertenencias? ¿Cuándo muere quien intentaba robar a manos del asaltado, no sería un homicidio?
A esta enorme y peligrosa confusión aportan los medios de comunicación y los periodistas irresponsables que alientan la mal llamada “justicia por mano propia”, dejando flotar la increíble concepción de que matar para evitar que roben el dinero, es una muerte no tan muerte como las otras muertes.
Por el término justicia se entiende aquel principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, y según nuestro Código Penal, por robar se deben imponer penas de prisión y no sentencias de muerte. Y menos a manos del afectado que carece totalmente de la mínima objetividad para juzgar a nadie, y que actúa siempre por impulso o despecho.
Por eso existe un sistema estatal organizado para investigar, juzgar y eventualmente condenar a quienes cometen delitos, y quien realiza esa tarea se debe regir por leyes, no por espasmos, y obviamente no debe tener relación alguna con el caso que debe decidir.
Otros comunicadores sociales aún más irresponsables e ignorantes que los anteriores, han osado hablar de la “ley del talión”, sin preocuparse siquiera por leer algún concepto básico sobre ese sistema arcaico.
Etimológicamente la palabra talión deriva del latín (talis) que quiere decir idéntico o semejante, y que fue el primer límite precario a la venganza personal, y que se conoce aplicado por primera vez en el Código de Hammurabi en la Babilonia del siglo XVIII a.C.
Esta regla implicaba un primer intento por establecer una proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, sistema por supuesto superado por el principio de potestad exclusiva del Poder Judicial en los estados democráticos.
Por ello, quienes pregonan desde las pantallas de televisión todo tipo de justificativos para estos casos de homicidios-venganza, atrasan varias centurias. Este método talional rige en la actualidad solamente en la sharia islámica, con la que ninguna persona medianamente evolucionada puede estar de acuerdo.
Y de hecho, a veces los mismos comunicadores sociales que se horrorizan ante las cámaras porque lapidan mujeres adúlteras en Afganistán o en el ISIS, en la cúspide de sus contradicciones, piden por la libertad de los que mataron para no ser robados, porque éstos son ciudadanos y los otros… delincuentes.
Esas categorizaciones apresuradas cuentan con el aval explícito del oficialismo gobernante. Para ello basta con repasar la tan increíble como irrazonable declaración del presidente de la Nación, en el programa radial del periodista Luis NOVARESIO en radio LA RED el pasado jueves 15 de septiembre.
Allí, el primer mandatario, saliendo de toda lógica, afectando abiertamente la división de poderes y apagando la hoguera con nafta dijo: “Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia, la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido”.
Para la familia del muerto ni una palabra. El intento de robo para Mauricio MACRI y la muerte a manos del afectado que lo atropelló con su propio vehículo, no tiene al “ciudadano carnicero” en la categoría de imputado por homicidio, sino que quien segó la vida de un semejante por su propia cuenta es una persona sana y querida, y no debería estar preso sino con su familia.
La otra familia involucrada en el hecho –la del asesinado- parecería no tener sentimientos, no debe ser sana, no vive en comunidad, no tiene que tener tranquilidad, ni reflexionar, ni esperar nada de la Justicia. Nada de eso, mi justicia es la justicia para gente como uno, no para ellos, nos dice sin tapujos el Presidente.
Si ante tamaña invasión del Ejecutivo hacia el Poder Judicial –directamente el Poder Ejecutivo le acaba de decir al Poder Judicial lo que tiene que hacer, y para que el horror sea perfecto en la mañana del viernes 16 de septiembre se le otorgó al imputado el arresto domiciliario- y el juez y el fiscal a cargo del caso se dejaron presionar, y accedieron a la libertad que pedía el poder político, no le quepa duda lector que pronto se verificará que las consecuencias de este desatino serán nefastas.
Si de ahora en más el mensaje será que asesinar para defender una recaudación de un comercio vas a pasar a ser una licencia para la gente sana, querida por la comunidad, que luego de matar debe ir a su casa con su familia a reflexionar, el futuro que nos espera no será para nada promisorio.
En estos eventos que comentamos y que se dan a conocer según el oficio del matador -el médico, el carnicero, o el remisero- hay víctimas y victimarios. Y no hay lugar alguno para la duda en nuestro sistema legal: las víctimas son los muertos y los victimarios quienes les mataron.
Toda otra conclusión, afirmación, opinión o comentario que invierta esa posición, será además de errónea, casi una apología del delito. A quien roba o intenta robar, el Poder Judicial tiene que investigarlo, juzgarlo y si corresponde condenarlo, no matarlo.
El Estado no puede seguir consintiendo esta peligrosa actividad y debe imperiosamente poner con la mayor rigidez y rapidez posible, una cuota de sentido común y de sensatez.
Se debe evitar la propagación de las categorías impuestas desde los medios de comunicación de delincuentes y vecinos, o asaltantes y ciudadanos, para que esta situación no sea el prolegómeno del consentimiento del vale todo, y tal vez de la llegada a la Argentina de la Asociación Nacional del Rifle.
El frente oficialista que gobierna en estos tiempos nuestro país, basó gran parte de su campaña en defender la división de poderes y terminar con la inseguridad, y la diatriba irresponsable del presidente MACRI está muy, pero muy lejos, de llevar adelante cualquiera de esas dos promesas.
