La actitud del Vaticano en estos últimos 70 años

Silencios ominosos y condenas inmisericordes. Esa ha sido la actitud del Vaticano y de buena parte de la jerarquía católica durante los últimos 70 años.

Silencios ominosos ante masacres y crímenes contra la humanidad y sus responsables. Condenas inmisericordes contra teólogos y teólogas, sacerdotes, obispos, filósofos, escritores -cristianos o no- por ejercer la libertad de expresión y atreverse a disentir; condenas todas ellas contra toda lógica jurídica, que establece que «el pensamiento no delinque».

Silencios ominosos sobre personas sanguinarias, ideologías totalitarias y dictaduras militares con las manos manchadas de sangre. Condenas inmisericordes a hombres y mujeres de manos limpias, de honestidad intachable, de ejemplaridad de vida.

El más grave de esos silencios fue, sin duda, el de Pío XII ante los seis millones de judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales, transexuales, gaseados y llevados a las piras crematorias de los campos de concentración del nazismo. Ya antes, siendo secretario de Estado del Vaticano firmó, en nombre de Pío XI, el Concordato Imperial con la Alemania nazi bajo el Gobierno de Hitler. Ahí comenzó su complicidad con el nazismo. Uno de los intelectuales más madrugadores en la denuncia de tamaño y tan ominoso silencio fue el dramaturgo alemán Hochulth en su obra de teatro El Vicario , estrenada en 1963.

En 1953 Pío XII firmó un Concordato con Franco, legitimando la dictadura, mientras guardaba silencio sobre la represión franquista después de la guerra civil, que costó decenas de miles de muertos. Un año más tarde hacía lo mismo con el dictador Rafael Trujillo, presidente de la República Dominicana, sin condenar sus abusos de poder y sus crímenes de Estado.

En la década de los cuarenta del siglo pasado, el cardenal Emmanuel Célestin Suhard, arzobispo de París, autorizó a algunos sacerdotes y religiosos a trabajar en las fábricas. El dominico Jacques Loew lo hizo como descargador de barcos en el puerto de Marsella. Monseñor Alfred Ancel, obispo auxiliar de Lyon, fue cura-obrero durante cinco años.

La experiencia fue inmortalizada por Gilbert Cesbron en la novela Los santos van al infierno. Pero pronto se frustró. Los sacerdotes obreros fueron acusados de comunistas y subversivos, cuando lo que hacían era dar testimonio del Evangelio entre la clase trabajadora alejada de la Iglesia y descreída, compartiendo su vida y sus penalidades, identificándose con sus luchas, ganando el pan con el sudor de su frente.

En vez de hacer oídos sordos a las acusaciones, Pío XII las dio por ciertas y pidió a los sacerdotes que abandonaran el trabajo en las fábricas y se reintegraran en el trabajo pastoral en las parroquias y a los religiosos que se incorporaran a sus comunidades, al tiempo que ordenaba a los obispos franceses que enviaran a los sacerdotes obreros a los conventos para ser «reeducados».

Otro largo, ominoso y cómplice silencio ha sido el guardado ante los abusos sexuales de sacerdotes, religiosos y obispos con niños, adolescentes y jóvenes a lo largo de más de medio siglo en parroquias, noviciados, seminarios, casas de formación, curias religiosas y casas de familias de numerosos países, abusando de la autoridad del cargo y de la confianza depositada por los padres en ellos.

Hasta el Vaticano llegaron las denuncias contra el fundador de La Legión de Cristo, el mexicano Marcial Maciel. Pero no fueron tenidas en cuenta o fueron archivadas. Lo que le daba a Maciel patente de corso para seguir cometiendo crímenes sexuales contra personas vulnerables e indefensas abusando de su poder e influencia como fundador y del apoyo de los papas y de los obispos.

Condena inmisericorde fue la que cayó, como una losa, contra la Nouvelle Théologie en la encíclica Humani generis (1950), de Pío XII, seguida de sanciones contra los teólogos más representativos de dicha tendencia: Henry de Lubac, Karl Rahner, Yves M. Congar, Dominique Chenu…

¿Delito? Hacer teología en diálogo con la modernidad, buscar la unidad de las Iglesias a través del ecumenismo, enterrar definitivamente las guerras de religión.

¿Sanciones? Censura de publicaciones teológicas, destierros (Congar, luego cardenal, sufrió tres destierros), prohibición de escribir y de predicar, expulsión de las cátedras, colocación de algunas de sus obras en el Índice de Libros Prohibidos y retirada de las bibliotecas de los seminarios y facultades de teología, expulsión de las congregaciones religiosas, y, a veces, cárcel.

Unos meses antes de que Juan XXIII inaugurara el concilio Vaticano II, el cardenal Alfredo Ottaviani, que ejercía de Gran Inquisidor al frente de la Congregación del Santo Oficio, dirigió a los obispos de todo el mundo la carta Crimen sollicitudinis, en la que instruía sobre las medidas a tomar en determinados casos de abusos sexuales por parte de los clérigos: exigía que fueran tratados «del modo más reservado» los casos de solicitud en la confesión e imponía «la obligación del silencio perpetuo».

Más aún, a todas las personas involucradas en dichos casos (incluidas las víctimas) se las amenazaba con la pena de excomunión en caso de no observar el secreto. El silencio se mantuvo durante los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II y Benedicto XVI hasta hace unos meses.

Con el concilio Vaticano II pareciera que se iban a contener las sanciones y se iba a levantar el velo de silencio contra los crímenes de lesa humanidad. Pero no fue así.

Con motivo de la publicación de la encíclica Humanae vitae (1968), de Pablo VI, que condenaba el uso de los métodos anticonceptivos, se produjeron nuevos procesos, censuras, prohibiciones y condenas contra los teólogos que disintieron.

Dos ejemplos emblemáticos: Edward Schillebeeckx y Bernhard Häring, asesores del Vaticano II e inspiradores de algunos de sus textos renovadores, fueron sometidos a severos juicios por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mientras se endurecían las condiciones de los procesos eclesiásticos en manos del Santo Oficio (aceptación de denuncias anónimas, indefensión del reo ante los tribunales eclesiásticos, las mismas personas que instruían el proceso eran las que juzgaban y condenaban, imposibilidad de apelación…), el mismo organismo vaticano imponía silencio sobre los crímenes de pederastia, protegía a los culpables, los absolvía sin ningún propósito de la enmienda y, como mucho, les daba un nuevo destino pastoral, a veces sin siquiera avisar de las verdaderas razones del traslado a los obispos y sacerdotes vecinos.

En la carta De delictis gravioribus, de 2001, el cardenal Ratzinger ratificaba el silencio impuesto por el cardenal Ottaviani 40 años atrás.

Mientras tanto, en numerosos documentos condenaba la homosexualidad, considerando «objetivamente desordenada» la mera inclinación homosexual y «moralmente inaceptables» las relaciones homosexuales, y exigiendo la expulsión de los seminarios de los candidatos al sacerdocio homosexuales.

Hace unos días fue expulsado de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma el teólogo alemán David Berger por hacer pública su homosexualidad. Mientras la mantuvo en secreto, no hubo problemas. ¡El cinismo vaticano no tiene límites!

Recientemente la Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho algunas modificaciones al documento de 2001 que, bajo la apariencia de endurecer las penas, empeoran las cosas al calificar como delitos graves y punibles la ordenación sagrada de las mujeres, la apostasía, la herejía y el cisma al mismo nivel que la pederastia.

Para el Vaticano, afirma la teóloga feminista Rosemary Redford Ruether, «intentar ordenar a una mujer es peor que el abuso sexual de un niño. El abuso sexual de un niño por un sacerdote es un desliz moral deplorable de un individuo débil… El intento de ordenar a una mujer es una ofensa sexual, una contradicción de la naturaleza del Orden Sacerdotal, un sacrilegio, un escándalo».

Otra condena inmisericorde más contra las mujeres, mayoría silenciada en la Iglesia católica. ¿Hasta cuándo?

– Juan José Tamayo – El País – Madrid – 14.08.10