En la historia de la formación de las elites en los países periféricos existe un frondoso pasado que involucra toda una serie de artimañas y estratagemas para adueñarse del timonel de la cultura y la producción de conocimiento. La extensa saga se inicia en el siglo XIX en forma altruista con la incursión de los científicos alemanes en tiempos de Sarmiento y con la autonomía de las universidades en tiempos de Avellaneda.
Pero llegada una crisis de proporciones a comienzos de la primera pos-guerra del siglo XX, el Radicalismo Yrigoyenista resuelve el dilema con medidas populistas como el cogobierno y el tripartito, cuando ya en EE.UU el Rector de Harvard Charles Eliot había logrado legitimar la política de la incompatibilidad académica, por la que ningún egresado podía ejercer la docencia en la universidad donde se había graduado. Una vez superado la oleada del nuevo populismo de Pos-guerra (Peronismo), y ensayada la recuperación operada por el Pos-peronismo (fundación del CONICET, del INTA, y recuperada la autonomía de las universidades), Argentina vuelve a sumirse en otra crisis a comienzos del 70, época en la cual se produce la tríada fantasmal de la caja, la patota y la calesita, que a continuación exponemos con más detalles.
Es entonces, que con el Retorno de Perón, la JP triunfa electoralmente en todas las universidades, y tras su victoria lo único que atinan es a materializar la política de la caja, consistente en manipular los recursos presupuestarios destinados a la docencia, inaugurando para su distribución una grosera y desembozada estrategia binaria, la de dos (2) listas paralelas, la lista A, que cobraba (JP Montonera) y la Lista B que no cobraba (integrada por Socialistas, Comunistas y Radicales).
Más tarde, superada la noche aciaga del Proceso, y tras el nuevo advenimiento de la democracia, se reitera la lucha por el control del conocimiento. En un principio, la lucha se centró en el control del CONICET, único lugar donde abundaban recursos líquidos. Puesto el CONICET bajo el dominio del Sabato-Caputismo, la presidencia del organismo fue adjudicada a elementos que habían manejado la UBA, durante el Camporismo (el físico Carlos Abeledo, que luego retornó al Kirchnerismo), destinando así el área de las Ciencias Sociales a la hegemonía del CEDES-CISEA (centros académicos con sede en la Casa de los Setenta Balcones y Ninguna Flor financiados con fondos provenientes de fundaciones europeas) o del denominado Sabato-Caputismo, quienes tuvieron la responsabilidad de integrar los jurados de cátedra que elegirían a los docentes regulares. Una vez consolidados en las cátedras avanzaron sobre los Institutos de Investigación, conformándose lo que entonces se denominó en la UBA, en analogía al scrum del rugby, la “Patota de Puán”.
Pero toda esa cadena endogámica comenzó a resquebrajarse cuando en 1994, durante el Menemismo, se votó la Ley de Educación Superior, que instauró los Incentivos trimestrales destinados a los denominados docentes-investigadores, una nueva categoría a la que se accede voluntariamente y que es administrada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación a cargo de Juan Carlos del Bello, con cuatro categorías diferenciadas y móviles que dieron lugar a ingentes pleitos. Y la cadena implosionó cuando cuatro años después, en 1998, se instauró un organismo con sigla farmacéutica conocido como el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad. Universitaria (FOMEC), con el cual dotaron a las Universidades con nuevos recursos para subsidios de investigación provenientes de préstamos internacionales.
Con esos fondos, ciertas autoridades decidieron malversarlos destinándolos a la auto-evaluación de sus propias unidades académicas. Anunciada públicamente la evaluación del Departamento de Historia (en esos tiempos dirigido por Enrique Tandeter), producida por un elenco de jurados amigos (Tulio Halperín Donghi, el norteamericano John Coatsworth, el francés Roger Chartier, y el mexicano Ángel Díaz Barriga), el dictamen respectivo de reconocida factura próxima al evaluado, originó una algarada estudiantil que dejó como saldo un mural satírico con ilustración grotesca acompañado por una parodia escrita de reminiscencias bíblicas de autor anónimo (aunque se cree que quien lo redactó fue un historiador y psicoanalista trágicamente fallecido en un accidente en el Delta). http://archivo.argentina.indymedia.org/print.php?id=207616
Acontecida la crisis de 2001, y desplazadas del poder académico las elites Menemista y Delaruista, se reabrió el campo de batalla a una nueva disputa, que buscaría perfeccionar los mecanismos del pasado (caja y patota) acudiendo a tretas más endogámicas aún, que más tarde se dieron en apodar la calesita, por la cruel evocación al “dolor de fango” y al recodo lastimero de la “esquinita sombría”. Para ese entonces, el BID había asignado ingentes sumas de dinero a un organismo conocido como la Agencia (ANPCyT), una unidad burocrática destinada a administrar dichos fondos, fundada por el Menemismo (Lic. Juan Carlos Del Bello), para ser distribuida a aquellos proyectos de investigación que fueran encabezados por investigadores ajenos a las universidades públicas.
Sin embargo, los integrantes de las Patotas aún subsistentes se encargaron que los dineros de la Agencia fueran malversados para los amigos de siempre, que formaron el FONCyT y el FONTAR, y dentro de la primera de ellas, una veintena que se denominaron Mesas Coordinadoras, integradas por tríadas de coordinadores y co-coordinadores, que tenían por tarea desinsacular de un listado de árbitros el jurado supuestamente ciego destinado a evaluar cada proyecto.
En tiempos de Kirchner, con la presidencia de Lino Barañao, esas Mesas entraron a saco con los recursos, pues con el subterfugio de la excusación se retiraban de las Mesas cuando se trataba su propio proyecto, pero al retornar devolvían el favor a los otros dos integrantes de la Mesa, terminando de ese modo fraudulento beneficiándose todos ellos, uno de los fraudes académicos más escandalosos de la historia científica argentina. El fraude fue inútilmente denunciado, con nombres y apellidos, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en 2005, y luego en 2009 ante Comodoro Py (juzgado de Martínez de Giorgi), y por lo lúgubre se lo conoce en el ambiente académico con el mote denigrativo de la “Calesita de Barañao”. La denuncia fue archivada y su apelación desestimada por la Cámara Federal con juicios loables hacia el Juez de la causa.
Pero todo no terminaba ahí, pues entre los específicamente beneficiados estuvieron los columnistas de la gran prensa, quienes hoy encabezan el llamado Club Político Argentino, que entre otras faenas de reciprocidad non santas encubre y sostiene al Ministro de Ciencia y Técnica Lino Barañao.
– Por Eduardo R. Saguier
