Cinco organizaciones locales participarán en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de tratar la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación y su impacto sobre la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Tendrá lugar el 28 de octubre próximo.
(Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014) – Las organizaciones solicitantes de la audiencia son la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Estas ONG vienen liderando a nivel local, desde hace varios meses, una campaña denominada “Un Defensor/a del Pueblo y para el Pueblo”, para concientizar sobre la situación. Al solicitar la audiencia, informaron al organismo internacional sobre la situación que atraviesa la Defensoría del Pueblo, cuya titularidad se encuentra vacante desde 2009, y que quedó acéfala en 2013 por el vencimiento del mandato del Defensor Adjunto que se encontraba a cargo.
Actualmente, la máxima autoridad de la institución es una persona designada provisoriamente, sin cumplir con el procedimiento y los requisitos exigidos por la Constitución Nacional, lo que genera serias limitaciones a sus facultades y un fuerte condicionamiento a su independencia, al no contar con las garantías de actuación que otorga el marco legal vigente.
Según la ley, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, compuesta por representantes de las diferentes fuerzas políticas, es la encargada de proponer un candidato, cuya designación debe ser aprobada por el voto de los dos tercios de los representantes de cada Cámara, lo cual se encuentra incumplido desde la renuncia del último Defensor del Pueblo, hace 5 años.
El pedido a la CIDH también sostiene que esta situación de irregularidad atenta contra el debido cumplimiento de las funciones propias de la Defensoría del Pueblo, que consisten en la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes de la Nación ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
La audiencia se desarrollará en la sede de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos, el 28 de octubre y serán convocados a participar representantes de las organizaciones peticionarias y representantes del Estado Argentino.
