El estado argentino y los gobernadores de provincias mineras firmaron un acuerdo para constituir empresas públicas en la actividad.
Mientras que la presidenta Cristina Kirchner avaló el “Acuerdo Federal Minero», la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para escuchar a las 33 comunidades que denuncian la vulneración de sus derechos de participación y consulta frente a la explotación minera.
Por su parte, la Cámara de la Minería de Salta organizó la 4º Jornada de Información y Capacitación Minera a realizarse en el Mercado de Artesanos en San Antonio de los Cobres, con el objetivo de “capacitar e informar a través de los talleres a la comunidad de San Antonio de los Cobres y comunidades vecinas, a cerca de las diferentes temáticas de trabajo que competen a la actividad minera y su accionar sustentable; en el marco de una política activa en responsabilidad social”. Esta actividad se realizará el 28 y 29 de marzo.
La explotación de los recursos naturales minerales de la Argentina se encuentran en el centro de la atención del estado nacional, las provincias con estas riquezas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los pueblos originarios y las asociaciones ambientalistas.
El lunes 26 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en la Casa Rosada a los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). El martes 27 de marzo, estos firmaron, junto al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral el “Acuerdo Federal Minero”.
Los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta); José Luis Gioja (San Juan); Eduardo Fellner (Jujuy) y Luis Beder Herrera (La Rioja), con el consenso de sus pares de Catamarca, Lucía Corpacci; Francisco Pérez, de Mendoza; Jorge Sapag, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Martín Buzzi, de Chubut; y Daniel Peralta, de Santa Cruz habían acordado avanzar desde la recientemente creada “Organización Federal de Estados Mineros” (OFEMI) para consolidar las empresas públicas mineras provinciales y crear fondos de infraestructura con los recursos de esa actividad como estrategias para «ampliar la participación en la renta minera».
El gobernador jujeño y presidente de OFEMI, Eduardo Fellner, sostuvo que se «están buscando otros mecanismos» para mejorar el impacto de las regalías, estipuladas por la Ley de Inversiones Mineras de 1993.
Tras la firma del acuerdo, el salteño Juan Manuel Urtubey destacó uno de los puntos centrales de la OFEMI para la consolidación de empresas públicas mineras provinciales: «la gran mayoría de las provincias ya cuentan con sociedades que trabajan de manera conjunta con la inversión privada para acompañarla. Allí participamos como socios minoritarios de aquellos que apuestan e invierten en la Argentina».
La OFEMI cuenta con la potestad de constituir empresas públicas mineras provinciales, fijar fideicomisos para construir obras de infraestructura básica y crear agencias de desarrollo locales, entre otras posibilidades.
De acuerdo al el acta fundacional de la OFEMI, creada a mediados de febrero, el objetivo es “coordinar y unificar normas del sector que permitan generar un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social”.
Reclamo ante la Corte
33 comunidades indígenas que habitan originalmente territorios que en la actualidad forman parte de las provincias de Salta y Jujuy, llegarán a Buenos Aires el miércoles 28 de marzo para reclamar el cumplimiento de sus derechos de participación y consulta, en el marco del amparo iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2010. El máximo tribunal argentino escuchará a los demandantes en una audiencia pública.
Los pueblos originarios denuncian que la exploración de litio está avanzando sobre sus actividades económicas, sociales y culturales, incumpliendo la legislación nacional e internacional. Asimismo acusan a las mineras de vulnerar sus derechos de participación y consulta en la explotación que se realiza en las Salinas Grandes, las cuales, de acuerdo a los denunciantes, ”afecta sus actividades económicas, sociales y culturales”.
Según la abogada Alicia Chalabe, que representa a las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mayoría de los miembros de las comunidades trabajan o han trabajado del pastoreo de animales y la extracción de sal, que les han proveído sustento por generaciones. “Las comunidades se han enterado a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas, sobre este tema que amenaza su forma de vida”, explicó.
De acuerdo a un informe del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), inspecciones realizadas este año demostraron que las perforaciones de las mineras “están generando, de manera progresiva, la inundación del terreno en las inmediaciones, lo que impedirá la extracción de sales superficiales en los sectores afectados”. Agregan asimismo que “existe el riesgo de que se esté favoreciendo la difusión de sales en la superficie hacia los acuíferos de agua dulce». Esta situación fue documentada en las Salinas Grandes, donde se realizaron actividades de prospección minera e hidrogeológica.
“Las comunidades se encuentran en una situación de extrema pobreza y aislamiento. Tienen muy poco acceso a medios de comunicación, y no cuentan con medios de transporte público. A pesar de las dificultades y la falta de recursos, decidieron realizar todas las acciones legítimas posibles para lograr el cumplimiento de sus derechos y hacer establecer la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Jujuy, del Gobierno de la Provincia de Salta y del Estado Nacional”, explicó Chalabe.
“Contra nuestra cultura”
“Otra de las amenazas es en contra de nuestra cultura. Muchas actividades mineras obligan a la relocalización de casas y corrales. Nuestras familias tienen un lugar determinado para la Pachamama, para ofrendarla y `challarla´ todos los años. Este lugar no cambia y siempre es el mismo por generaciones. Mudar este sitio sagrado es atentar contra la cosmovisión profunda que tenemos las comunidades y significa un daño profundo en nuestras creencias y vivencias, amparadas por toda la normativa vigente. Este lugar es donde se han asentado nuestros abuelos y padres, y no tiene un precio económico”, explicó Clemente Flores, representante de las 33 comunidades.
Actualmente al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales al menos 4 buscan comenzar su explotación en los próximos 2 a 6 años.
A comienzos del 2010, ante el inicio de movimientos por parte de las empresas mineras en el territorio, y enterándose a través de los medios de prensa provinciales y nacionales del pronto inicio de un proyecto de extracción de litio en la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, las 33 comunidades indígenas que allí habitan decidieron autoconvocarse para proteger su territorio. Ocho de ellas pertenecen a la jurisdicción de la Provincia de Salta y el resto a la de Jujuy. En ellas habitan aproximadamente 6.500 personas, donde se encuentra una gran reserva de litio y potasio.
Este mineral tiene numerosos usos en la industria y en la medicina. Sin embargo, la mayor demanda de este mineral en los próximos años será para la fabricación de baterías para las nuevas tecnologías.
La causa de las comunidades es apoyada por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI); Environmental Defender Law Center (EDLC), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Responsabilidad social
En este marco, el 28 y 29 de marzo la Cámara de la Minería de Salta, dirigida por el geólogo Facundo Huidobro (director de la minera Mansfield, que explota oro en la puna salteña), convocó a la 4º Jornada de Información y Capacitación Minera, la cual se realizará en el Mercado de Artesanos, en la localidad puneña de San Antonio de los Cobres (Salta).
Según el comunicado de prensa, el objetivo de la Jornada es “capacitar e informar a través de los talleres a la comunidad de San Antonio de los Cobres y comunidades vecinas, a cerca de las diferentes temáticas de trabajo que competen a la actividad minera y su accionar sustentable; en el marco de una política activa en responsabilidad social”.
Destaca la entidad que reúne a las empresas mineras salteñas “la importancia de la actividad minera como pilar principal para el desarrollo económico de la región puneña y el aumento sostenido que este sector ha protagonizado en los últimos 7 años. Incidiendo (SIC) esta directamente en la vida de los vecinos de la región; con lo que se vislumbra un futuro venturoso en los próximos años”.
Según la organización empresaria, se intenta explicar las ventajas laborales de la actividad minera, las prácticas seguras de trabajo y limpias de producción, “así como aquellas que promueven un medio ambiente sustentable y una mejor calidad de vida de la población”.
– El autor es Periodista – Director del diario Norte Social
