Un habitante cualquiera de la ciudad de Buenos Aires y alrededores –laburante o estudiante, o las dos cosas- se levanta a la mañana, desayuna, se viste y sale de su casa para ir a trabajar o estudiar.
Pero en cuanto pisa la vereda se da cuenta, por su propia experiencia, que alguien le complicará la vida una vez más y no podrá llegar a tiempo para cumplir con sus obligaciones, o sencillamente no llegará. Sucede que un grupo de personas, organizadamente y en forma amenazante, ha cortado una vez más las calles que ese habitante usa cotidianamente para transitar.
No solo el habitante de la Capital Federal y del conurbano padece estos problemas; también el que vive en ciudades más alejadas o en localidades más chicas que van desde el norte del país hasta las tierras más frías de la provincia de Santa Cruz. Ahí no solo calles sino también rutas o caminos son bloqueados y circular entre dos ciudades cercanas se transforma en una verdadera odisea. El hombre que va a cumplir su turno en el pozo petrolero o en la fábrica y no llega, el agricultor que tiene que ir al campo y se retrasa, o la maestra que debe recorrer kilómetros para llegar a la escuelita donde la esperan sus alumnos y se queda varada en el camino.
Las personas que nos complican la vida diariamente con estas acciones tienen nombre y apellido como cualquier otra persona, pero despliegan una actividad que ha pasado a ser para ellas casi un “oficio”: son piqueteros, o como sus propios líderes los denominan: “militantes sociales”.
Las acciones de estos grupos, que han crecido en número y en cantidad de integrantes en los últimos quince años, se han incrementado notablemente en el último mes, y tienen como objetivo presionar y desestabilizar a su enemigo común: el gobierno que, por decisión del voto popular, asumió la conducción del país el pasado 10 de diciembre de 2015.
¿Cómo surgió esa modalidad de bloquear calles y rutas como arma de protesta social, y qué cambios organizativos o político-ideológicos hubo en esos movimientos o grupos con el paso de los años?
Los piquetes nacieron a mediados de la década del noventa (más precisamente en el año 1996) como reacción a la política de privatizaciones de las empresas públicas llevada adelante por el gobierno peronista de Carlos Saúl Menen. Los pioneros en esa lucha fueron los trabajadores de Plaza Huincul y Cutral Có, en tierras neuquinas, que habían sido despedidos de la hasta entonces petrolera estatal YPF.
Un año después este tipo de protesta se replicó en General Mosconi y Tartagal en el norte salteño, y sus protagonistas fueron también los trabajadores zonales de YPF, despedidos. La grave situación social en esta última zona sería con el tiempo mucho peor que en Neuquén ya que, a diferencia de la provincia patagónica, en Salta el cierre de YPF fue definitivo y completo: las fuentes de trabajo que existían con la petrolera estatal aquí desaparecieron totalmente.
Hacia 1999 Carlos Menem, secundado por sus dos cerebros, el Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y el de Obras Públicas Roberto José Dromi, había completado su plan de entrega del patrimonio nacional. Contó para ello con el apoyo incondicional de los dirigentes políticos y gremiales del Peronismo, incluyendo la liga de gobernadores peronistas. Como una broma de pésimo gusto, en la “década ganada” reciente, mientras Cavallo era escrachado sin compasión por la militancia kirchnerista, Menem integraba las listas del Frente para la Victoria como Senador por La Rioja –con lo que conseguiría los fueros que le permitirían zafar de la acción de la Justicia- y Dromi se convertiría en un asesor de lujo del Ministro Julio De Vido.
Ante la actitud cómplices de los dirigentes gremiales, en el caso de YPF la resistencia surgió de los mismos trabajadores despedidos al margen del sindicato que debería haberlos defendido. En otras áreas de la economía, mientras continuaban los despidos surgían en todo el país protestas sociales siempre al margen de las estructuras gremiales, y adoptaban como forma de lucha la que habían iniciado los petroleros: el corte de rutas y calles.
Llegó luego el fallido gobierno del radical De la Rúa y las jornadas trágicas de Diciembre del 2001 que concluyeron con la asunción de Eduardo Duhalde como Presidente provisional en Enero del 2002.
El terrible ajuste del gobierno del Presidente peronista Eduardo Duhalde (una devaluación en un solo mes de más del 200 por ciento) si bien reordenó la macro economía dejó un tendal de nuevos pobres e indigentes. El país empezaba a crecer económicamente y a mediados del 2003 asumía el gobierno Néstor Kirchner, un desconocido a quién el mismo Duhalde había ungido como candidato del Movimiento Peronista.
Los años de bonanza mundial que empezaron en el 2002, y que se extendieron por más de una década y permitieron el crecimiento económico de la Argentina (“el mejor en 100 años” según Cristina Kirchner), no modificaron sin embargo la situación de la gente sin trabajo, que ya sumaban cientos de miles. El gobierno kirchnerista no pudo, o no quiso, restablecer los puestos de trabajo genuinos perdidos por la venta de YPF en el norte salteño ni en la Cuenca Neuquina. A cambio, a los hombres y mujeres despedidos les ofrecieron planes sociales, esto es asignaciones mensuales para que se quedaran en su casa y tuvieran para comer y, tal vez, vestirse. En lugar de un salario real como cualquier trabajador normal, una pequeña porción de ese salario. El despedido podía quedarse en su casa o ir a trabajar en una llamada “cooperativa” para realizar trabajos comunitarios en una jornada de menos de 20 horas semanales. El hombre o mujer simula que trabaja, y el Estado simula que lo recompensa con un salario como trabajador.
Tras estos planes sociales vino la cooptación del movimiento piquetero por el Gobierno kirchnerista. Los piqueteros perdieron su independencia y se transformaron en una estructura más del partido político gobernante. Hebe Bonafini, convertida en una fanática de Néstor Kirchner, fue una de las intermediarias para lograr esa cooptación, dado la relación cercana que mantenía con los piqueteros de los noventa.
Para tener bajo control a esos “movimientos sociales” el Gobierno decidió pagar el plan social no directamente a sus beneficiarios sino a través de sus dirigentes, que estaban comprometidos con el “proyecto nacional y popular”. La obligatoriedad de ir a una manifestación, o a un acto político, o al corte al que sus líderes los llevaran. Si se negaban a concurrir sabían que ese mes podrían no recibir la asignación del Estado. Ir o no ir a un acto político o a un corte de calle pasó a ser la diferencia entre comer o no comer ese día.
La dirigencia de los partidos de izquierda no se iban a quedar viéndola pasar y comenzaron a presionar al Gobierno para que los dineros destinados a los desocupados de sus movimientos sociales se canalizaran también a través de los dirigentes, lo que finalmente consiguieron.
En la actualidad hay decenas de grupos, algunos recientes que se desprendieron de otros más antiguos donde las peleas internas de los dirigentes fue el desencadenante.
Diferencias cualitativas entre los grupos de piqueteros de los noventas y los del presente. Consecuencias del clientelismo político de los últimos quince años.
– En los noventa los despedidos que protestaban habían sido trabajadores de tiempo completo, esto es operarios o empleados que trabajaban un mínimo de ocho horas diarias, cinco días a la semana, que contaban con buenos salarios y con una obra social acorde con la importancia de la empresa empleadora. En los grupos de hoy encontramos viejos y jóvenes de dos generaciones que nunca trabajaron; personas que no saben lo que es una jornada laboral normal; que no saben lo que es el mundo del trabajo real; jóvenes que nunca vieron trabajar a sus padres y que por la deficiente instrucción escolar que reciben no podrán calificar para las tareas básicas de una empresa moderna.
– “Pepino” Fernández, el aún líder de la UTD Mosconi, o los líderes de las puebladas de Cutral Có, o el “Perro Santillán” de la CCC en Jujuy, son tipos que saben lo que es levantarse a las 6 de la mañana para ir al taller o a la oficina a cumplir con sus obligaciones; saben lo que es una jornada de 8 horas. En cambio Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, no trabajó nunca; lo suyo fue siempre la militancia.
– “Pepino”, los líderes de Cutral Có o Santillán son pares de los compañeros que los acompañaron en los cortes. En cambio Pérsico, que proviene de un hogar de clase media de Buenos Aires, no es un par de los pobres desarrapados que lo siguen. Tampoco es un par de sus representados Juan Grabois, el abogado católico de la clase media acomodada porteña que dirige la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (así es el nombre que le puso a su agrupación). Este abogado es hijo de Roberto Grabois, formado en el nacionalismo católico y fundador en los setenta de “Guardia de Hierro”, una agrupación del ala filo fascista del peronismo donde alguna vez militó el joven Jorge Mario Bergoglio; de allí la consideración especial que el joven abogado recibe hoy en el Vaticano.
– Desde siempre un sindicato ha estado conformado por trabajadores: obreros o empleados pero trabajadores. Ha sido tanto el crecimiento de los desocupados en los últimos veinte años que hoy estos tienen una representación en la CGT. Durante el último acto convocado por la central obrera vimos a Emilio Pérsico en el palco, al lado de los jerarcas sindicales millonarios que lo reconocen como representante de las masas de desocupados del país. Un sindicato de desocupados cuyos integrantes son producto de las políticas implementadas por los sucesivos gobiernos en 34 años de democracia ¡donde el Peronismo tuvo el poder 25 años!
Desde el mismo momento de su asunción como Presidente Mauricio Macri ha sido sometido a una verdadera extorsión de parte de los líderes de esos movimientos. Especialmente duros son los que responden a la conducción de Cristina Kirchner e incluso los que se van alejando de Cristina pero mantienen su odio visceral hacia Macri.
Lamentablemente el Presidente ha ido cediendo a los planteos piqueteros, aún cuando él mismo por propia decisión había aumentado la cantidad de AUH (Asignación Universal por Hijo) y otros planes sociales al comienzo de su gestión, aún a costa del incremento del enorme déficit fiscal heredado. De aquí al año 2019 el Gobierno le entregará a esos “movimientos sociales” la impresionante suma de treinta mil millones de pesos, algo que con Cristina Kirchner jamás hubieran conseguido. Además, como los dirigentes piqueteros dicen que no pueden concurrir a los hospitales públicos porque son un desastre desde hace años, exigen contar con una obra social, que también será costeada con nuestros impuestos.
El Presidente ha expresado siempre su intención de que el importe de los planes sociales se entregue a cada beneficiario en forma personal a través del sistema bancario y al margen de sus dirigentes, pero parece que la extorsión pudo más y hasta ahora eso no se pudo concretar. Cuando uno ve los rostros famélicos de los carreros salteños o de los cartoneros del conurbano bonaerense lidiando con la basura se da cuenta de que la ayuda destinada a ellos se sigue quedando en el bolsillo de algún vivo, que se enriquece a costa de ellos y a costa de los contribuyentes.
Los organismos de derechos humanos, en su mayoría kirchneristas y opositores tenaces de Macri, salen a protestar cada vez que el Estado quiere desalojar a los invasores de las calles y las rutas. Condenan así lo que ellos denominan “la represión y la criminalización de la protesta”. Lo que estos organismos no dicen es que los otros pobladores también tienen derechos, en particular el de libre tránsito, consagrado por la Constitución Nacional para todos los habitantes del país.
Esto son los movimientos piqueteros, esta es historia de los grupos que extorsionan al Gobierno constitucional de Macri y a nosotros mismos, los habitantes que lo único que queremos es trabajar, estudiar, o ir adonde se nos cante sin que un grupo de gente más o menos numeroso nos cruce con un palo y nos amague rompernos la cabeza.
– Por Oscar A. González (El Tala)
