La izquierda y el progresismo: su visión sectaria sobre los Derechos humanos

El progresismo criollo muestra su cara más patética cuando, a la hora de condenar la violación de los derechos humanos, actúa selectivamente y condicionado por su ideología.

A comienzos de 1965 la República Dominicana -en Centroamérica- era gobernada por una dictadura de cuño oligárquico heredera del tirano Rafael Trujillo que había sido asesinado años antes. El grupo de familias que detentaba el poder, con el respaldo del ala conservadora del Ejército y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, había implementado una política económica que producía hambre y miseria en la mayoría de la población mientras se cercenaba la libertad de prensa y se perseguía y encarcelaba a la oposición política.

La reacción de los habitantes no tardó en producirse: primero fueron protestas callejeras, pero al cabo de varias semanas miles de trabajadores y estudiantes con la ayuda de algunos militares nacionalistas se alzaron en armas y comenzó una guerra civil. El gobierno estadounidense decidió respaldar militarmente al gobierno títere y envió una flota de cerca de 40 buques de guerra y 30.000 marines, que desembarcaron en las playas dominicanas a fines de Abril de ese año. La lucha entre ambos bandos fue desigual y cruenta: los invasores impusieron su poderío militar y el conflicto terminó con la muerte de casi 5.000 dominicanos a manos de los marines yanquis.

En toda América Latina se alzaron voces de apoyo al pueblo dominicano y de repudio a la invasión norteamericana. En Buenos Aires y otras ciudades importantes del interior hubo manifestaciones callejeras con predominio de militantes del progresismo y de la izquierda; los partidos marxistas denunciaron en los medios masivos ese atropello (existía un gobierno democrático, el del Doctor Illia). Hubo concentraciones de protesta frente a la misma embajada del país del norte.

Contemporáneamente al drama de los dominicanos, en Checoslovaquia –Europa del Este- la población exigía reformas políticas y económicas que terminaran con la rígida forma de vida impuesta por la cúpula stalinista que detentaba el poder desde el fin de la Segunda Guerra Mundial bajo la mirada escrutadora de los jerarcas de la Unión Soviética. Como en los demás países socialistas había también aquí censura de prensa, partido único, no estaba permitida la libre opinión y el disenso y quienes no se subordinaban al orden impuesto eran llevados a la cárcel; había escasez de alimentos. La prohibición casi total alcanzaba a cualquier expresión de la cultura, desde los libros catalogados por el régimen como “imperialistas” a la difusión de la música de Los Beatles.

La gente de a poco fue perdiendo el miedo y se manifestaba vivamente en las calles, mientras el debate político-cultural ganaba las bibliotecas, las fábricas y las universidades bajo la consigna “un socialismo con rostro humano”. La presión popular en ascenso produjo cambios en el gobierno con la asunción de dirigentes políticos más democráticos. Fueron casi tres años donde el pensamiento se desarrolló libremente, sin ataduras; tres años que fueron conocidos como “La Primavera de Praga” por ser la ciudad capital del país la protagonista principal de ese grito de libertad.

Los jerarcas del Kremlin, al ver que el gobierno checoslovaco dejaba hacer y no reprimía, decidieron poner fin a esa rebelión que –temían- podía contagiar a los demás países bajo su órbita. En la noche del 20 de agosto de 1968 2.000 tanques de guerra y 200.000 soldados del Ejército Rojo entraron en Checoslovaquia. La población estaba desarmada, solo contaba con piedras, palos y bombas molotov, pero aún así resistió en las calles. Más de 1.000 civiles checoslovacos fueron muertos a balazos o aplastados por los tanques, otros miles quedaron heridos y cientos fueron encarcelados. En los meses siguientes más de 70.000 checoslovacos huyeron del país y la mayoría consiguió llegar a Europa occidental, entre ellos algunos intelectuales como Milan Kundera.

En los países de Occidente se alzaron voces de condena contra la invasión soviética: también en la Argentina, pero esta vez la izquierda y el progresismo criollos no participaron de las manifestaciones y se negaron a repudiar esos acontecimientos. Al contrario, el Partido Comunista, el maoísmo, y la mayoría de los intelectuales progresistas justificaron la invasión. Para ellos los marines yanquis de Santo Domingo eran asesinos, en cambio los soldados del Ejército Rojo que mataban en Checoslovaquia eran justicieros: la represión esta vez, según su visión, era legítima.

Los hechos históricos que describo no son una divagación sino que tienen el sentido de demostrar las dobleces que ha tenido la izquierda y el “progresismo” de Argentina a lo largo de su historia cuando de denunciar la violación de los derechos humanos se trata. No es extraño entonces que en el presente se repitan de su parte esos mismos comportamientos.

Desde comienzos de este año 2017 el régimen autoritario de Venezuela ha desatado una represión brutal sobre la población que protesta en las calles por la altísima inflación, la falta de alimentos, vestuario y remedios que sumergió al país en una verdadera crisis humanitaria. A este momento suman más de 160 los civiles que fueron muertos por acción de la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos parapoliciales chavistas. El Congreso venezolano, donde después de las últimas elecciones la oposición tiene la mayoría de las bancas legislativas, ha sido desconocido recientemente por el Poder Ejecutivo y asaltado por la policía. Los líderes opositores han sido encarcelados.

La mayoría de los gobiernos de los países latinoamericanos, entre ellos el de Argentina, ha condenado abiertamente esa grave violación a los derechos humanos. Desde la misma OEA e incluso desde el Mercosur se ha pedido al régimen encabezado por Nicolás Maduro que termine con la represión y respete el derecho de las personas y las instituciones republicanas. En cambio los izquierdistas y progresistas argentinos han decidido respaldar a rajatabla al régimen opresor y repudiar a quienes lo critican; también la mayoría de los organismos de derechos humanos, que en los últimos 20 años han sido cooptados precisamente por esa izquierda y ese progresismo.

Atilio Borón, un intelectual y periodista político argentino ligado al PC, sostuvo que en Venezuela se terminó ya el tiempo de la paciencia y que Maduro tiene que movilizar a las Fuerzas Armadas para “aplastar a la oposición”. “Es la hora en que tienen que hablar las armas” afirmó.

El CELS, el organismo de derechos humanos fundado por el ya fallecido Emilio Fermín Mignone en tiempos de la dictadura militar y del que se apropió luego Horacio Verbitsky, emitió un comunicado con un tibio reclamo al gobierno de Maduro. En él Verbitsky habla de “muertes ocurridas en contexto de protesta” cuando se refiere a las decenas de caídos en la represión. ¿Como reaccionarían los argentinos si alguien dijera que lo de Kosteki y Santillán en el año 2002 fueron muertes ocurridas en contexto de protesta y no verdaderos asesinatos?

Ni Estela de Carlotto, ni Adolfo Pérez Esquivel ni las Madres de Plaza de Mayo condenaron la represión chavista hasta ahora.

Hay otros casos de actualidad donde el progresismo muestra ese doble estándar; por razones de espacio hablaremos de solo dos.

Milagro Sala: la dirigente jujeña de la Tupac Amaru se encuentra detenida y procesada por apropiarse de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas para los más humildes, enriquecerse ilegalmente y haber amenazado y agredido a varias personas que se animaron a cuestionar su conducta. El progresismo y los organismos de DD.HH. declaman desde Buenos Aires que el Estado “la persigue y encarcela por ser Coya y pobre”. Los motivos verdaderos de su proceso son otros pero no dicen que, en todo caso, los perjudicados por la conducta y la violencia de Sala son precisamente los más pobres de Jujuy, que en su mayoría tienen también los mismos orígenes étnicos que ella.

Santiago Maldonado: es el rubio activista de una fracción importante de la comunidad mapuche en la provincia del Chubut, del que hace varios días se desconoce su paradero y que el progresismo sostiene que se trata de una desaparición forzada cuyo responsable es Macri. En estos días se han realizado movilizaciones en las principales ciudades reclamando su aparición con vida, algunas de ellas con militantes extremadamente violentos.

La de Maldonado es, por lo menos, la tercera desaparición de una persona por motivos político-sociales desde la llegada de la Democracia. Julio López, el primero, desapareció en Setiembre del 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. La desaparición de este obrero albañil está directamente relacionada con su testimonio en el juicio por lesa humanidad seguido contra el Comisario Miguel Etchecolatz, torturador y asesino de la dictadura militar. Recordemos que Etchecolatz, aún habiendo sido condenado por la Justicia en el 2006, permaneció como integrante de la policía de la Provincia de Buenos Aires durante los años de gobierno kirchnerista hasta que la Gobernadora Vidal dispuso exonerarlo de esa fuerza este año. Nunca vimos movilizaciones masivas reclamando por la aparición de López.

El otro caso es el de nuestro comprovinciano Daniel Francisco Solano, miembro de la comunidad aborigen de la Misión Cherenta, en Tartagal, desaparecido en Noviembre de 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Este joven de 27 años había emigrado de Salta para buscar trabajo en la provincia de Río Negro, donde entró a trabajar como recolector en una empresa frutihortícola de la localidad de Choele Choel. Al momento de desaparecer Daniel era el delegado gremial de sus compañeros, y por denunciar las rudas condiciones de trabajo en las quintas agrícolas era perseguido no solo por la patronal sino también por la Policía de esa provincia. Hay testimonios de que agentes de esa fuerza de seguridad lo detuvieron una noche cerrada en el Alto Valle. Nunca vimos movilizaciones masivas reclamando por Solano, salvo un reclamo de las Madres de Neuquén y algún medio gráfico de la izquierda.

Santiago Maldonado es un desaparecido de la “dictadura” macrista, en cambio Julio López y Daniel Solano son desaparecidos del “gobierno nacional y popular”. Esa parece ser la diferencia cualitativa que los organismos de DD.HH. y los progresistas han encontrado, sino no podemos entender cómo ha sido su reacción en cada caso.