¿Ricardo Lona merece el perdón por el “estado de situación” que afectaba a los magistrados en la época de la dictadura militar? Lona es el mismo juez que tomó conocimiento personal de los crímenes mientras se cometían, y nada hizo para investigarlos.
El 22 de Agosto de 1972 la Armada Argentina cometió uno de los crímenes más alevosos de la historia nacional. En represalia por la fuga a Chile de dirigentes del ERP, FAR y Montoneros que se encontraban en el Penal de Rawson, dispuso el fusilamiento de quienes habían fracasado en ese operativo y, recapturados, fueron conducidos a la “Base Almirante Zar” de Trelew.
Los jefes guerrilleros habían planeado liberar a 110 presos, aunque solamente lograron escapar Mario Santucho, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena.
Simulando un nuevo intento de evasión, las fuerzas de seguridad acribillaron a 19 militantes políticos en la puerta de sus celdas. Ese día murieron Alejandro Ulla (PRT-ERP), Alfredo Kohon (FAR), Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP), Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP), Carlos Astudillo (FAR), Clarisa Lea Place (PRT-ERP), Eduardo Capello (PRT-ERP), Humberto Suárez (PRT-ERP), Humberto Toschi (PRT-ERP), José Ricardo Mena (PRT-ERP), María Angélica Sabelli (Montoneros), Mariano Pujadas (Montoneros), Mario Emilio Delfino (PRT-ERP), Miguel Angel Polti (PRT-ERP), Pedro Bonet (PRT-ERP) y Susana Lesgart (Montoneros). Lograrían sobrevivir, por algún tiempo, Alberto Miguel Camps (FAR), María Antonia Berger (FAR) y Ricardo René Haidar (Montoneros). Los tres serían cazados durante la dictadura militar entre 1.977 y 1.982.
Luego de 35 años, la justicia detuvo a los ex oficiales Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, a los que se les adjudica la ejecución material del magnicidio. A Rubén Norberto Paccagnini, Horacio Alberto Mayorga y Jorge Enrique Bautista se les reprocha complicidad necesaria. Otros acusados como el ex brigadier Carlos Alberto Rey y el ex general José Luis Betti no fueron detenidos por su incapacidad para declarar por problemas de salud. Roberto Guillermo Bravo, otro de los que descerrajaron los disparos, es el único que permanece prófugo en Estados Unidos.
Se espera que lleguen al banquillo en un juicio oral que los condene. La pesquisa de esta masacre es una de las pocas que remonta el terrorismo de Estado a la época de Alejandro Agustín Lanusse y busca castigo efectivo.
Este antecedente contrasta gravemente con el sobreseimiento definitivo dictado a favor del ex camarista federal Ricardo Lona y que se dio a conocer esta semana.
Mientras la inercia judicial en todo el país extiende las investigaciones más allá del 24 de Marzo de 1.976, comprendiendo el período en que la “Triple A” se apoderó con violencia de las calles argentinas -desde mediados de 1.973 hasta Julio de 1.975-, el fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta aparece como un antecedente que intenta compartimentar la verdad y acota el reproche que, necesariamente, debe dirigirse a todos aquellos que participaron o apoyaron la ejecución de un plan sistemático de exterminio.
El tribunal salteño, en lo técnico, sostiene que quienes apretaron el gatillo y/o brindaron colaboración material directa, son autores de delitos de lesa humanidad; mientras que sus encubridores ya no pueden ser perseguidos por haberse extinguido el reproche en su contra por el transcurso del tiempo. Ingresando en materia polémica, también ha fundado su decisión exculpatoria en que Lona, como muchos otros jueces, no habría contado con la plenitud de atribuciones cuando, en el gobierno de facto,las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos, secuestros y torturas en Salta.
Los firmantes de la sentencia han trazado otra línea divisoria que margina del castigo a los colaboracionistas de la dictadura. Para ellos, debe tenerse presente el “estado de situación” que afectaba a los magistrados en aquella época y Lona merece el perdón por no haber participado de un ataque generalizado y sistemático.
Olvidan mencionar que muchos jueces hidalgos renunciaron cuando vieron avanzar a los sicarios y se convencieron de que se habían tornado estériles para hacer justicia. Es esta sentencia una nueva muestra de los obstáculos que tiene la verdad para coincidir con una sentencia judicial en el fuero federal.
Aún cuando no hemos llegado a juicio en ninguna de estas causas, hay pruebas que nos permiten sostener que las resultas del caso “Lona” contrastan con la real actuación de civiles y religiosos en el genocidio argentino. Acaso, a más de tres décadas, podemos anteponer lo virtual para enterrar el doloroso derrotero de los violentos? ¿Cuántos inescrupulosos aprovecharon la paranoia militar para hacer desaparecer a inocentes con una simple denuncia anónima?
Cuántos civiles integraron las “Comunidades Informativas” que decidían sobre la vida de algunos de los 30.000 desaparecidos? Cuántos empresarios prestaron sus estructuras para infiltrar delatores en las fábricas y señalar nuevas víctimas? Cuántos curas dieron apoyo espiritual a los verdugos en los centros clandestinos de detención? Cuántos escribanos, abogados, médicos y jueces consolidaron la apropiación de menores y la transferencia ilegal de patrimonios? Con el criterio de este tribunal, el cura Christian Von Wernich podría haber acariciado la impunidad en Salta, aún cuando arrancó delaciones de las víctimas de tormentos y alivió la conciencia de los asesinos.
Hablar de prescripción luce como una ironía en el caso de Lona. Cada rechazo de los hábeas corpus que interpusieron los familiares de desaparecidos y cada sobreseimiento que sepultaba las denuncias, duele a los deudos como los balazos que los esbirros les inflingieron a las víctimas al momento de segarles la vida.
El los firmó apelando al frío texto de la ley, como los actuales camaristas. Lona es el mismo juez que tomó conocimiento personal de los crímenes mientras se cometían, y nada hizo para investigarlos. El que quiso ser militar y tuvo que retirarse por una lesión en su rodilla. El que tiene un hermano militar que también fue cuestionado por estar a cargo de un penal en el que se torturaba a detenidos políticos.
Cuando regresó la democracia en 1983 y hasta 1992 -cuando se creó el tribunal de apelaciones y pasó a presidirlo- no quiso exhumar lo ocurrido en esos tiempos aciagos. La vigencia de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” le dio nuevas excusas para demorar las pesquisas y le permitió postergar el cuestionamiento de su desempeño. Durante todo ese tiempo, de manera directa o indirecta, las llaves de esa justicia negligente estuvieron en sus manos…y éstas no lo traicionaron.
