La Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño el lunes 2 de mayo fuimos invitados a participar de una asamblea de la organización de campesinos del Lote Fiscal 7 cerca de la ciudad de Tartagal, ante la situación que están padeciendo las familias que son dueñas de estas tierra. Nos vemos en la necesidad una vez más de dirigimos al Sr. Gobernador, a los señores diputados y senadores de nuestra provincia y a la opinión pública en general y a los organismos de Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación, para poner en conocimiento de un nuevo atropello a nuestros derechos.
Hace más de un mes denunciamos y solicitamos por nota al Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Diputado Santiago Godoy y al Diputado por el Departamento Rivadavia y autor de la ley Nº7856, que se investigue el accionar de la Jueza Dra. Ana María de Feudis de Lucía a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tartagal Depto. San Martín, por flagrante violación de los derechos reconocidos al rechazar un pedido presentado por el abogado de una familia campesina de nuestra organización para suspender la orden de desalojo contra la familia Riera, ya que está vigente la ley 7658 DE REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FAMILIAS RURALES promulgada el 7 de enero de 2011 por el Sr. Gobernador.
La ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia deja en claro que se suspenden los desalojos en la provincia de Salta, tal lo estipulado en su Art. 9º.- Suspéndase por el plazo de dieciocho (18) meses la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 3.999 o 4.015 del Código Civil.
Esta ley fue un logro de la lucha constante de los últimos 7 años de las familias campesinas para que se reconozcan nuestros derechos de poseedores de la tierra que trabajamos durante décadas y en las que criamos a nuestros hijos y enterramos a nuestros muertos, si bien entendemos que la sanción de ésta ley es el comienzo para el reconocimiento pleno de nuestros derechos, estábamos convencidos de que el derecho de nuestras familias como poseedores estaba asegurado.
Lamentablemente para cientos de familias campesinas todos los juicios de desalojos y de reivindicación se llevan a cabo en el único juzgado civil de la ciudad de Tartagal a cargo de la Dra. Ana María De Feudis de Lucía, y esta señora jueza no se ha caracterizado en los últimos años por impartir justicia en forma objetiva y ecuánime, todo lo contrario siempre ha mostrado cierto grado de animosidad hacia las familias campesinas y comunidades indígenas, nos llama la atención que ninguno de sus fallos le halla dado la razón a las familias campesinas y a reconocer sus derechos, no por el contrario todos sus fallos siempre fueron a favor de los representantes de las empresas que llegaron a nuestra región a realizar negocios especulativos con nuestras tierras, basta como ejemplo del fallo en diciembre del 2010 donde fallo en contra de 10 familias del Lote La Juanita y la Santafesina en la zona de Morillo a favor de la empresa VIDOSON AGROFORESTAL que realizaba desmontes ilegales sin ningún tipo de autorización por parte del ministerio de medio ambiente de la provincia y sin haber presentado los titulo que acredite a la empresa como los titulares registrales.
Esta situación de incertidumbre e impotencia que nos acecha día a día debido a los fallos sucesivos de esta jueza que no respeta la ley y la división de poderes tuvo su corolario hace mas de una semana cuando firmo una orden de desalojo en contra de la Familia de Don Yapura que tiene su posesión en el lote fiscal Nº 7 a 15 km de la ciudad de tartagal, lote fiscal que fue entregado a los campesinos y comunidades indígenas de ese lugar años atrás por el Gobernador Joaquín Duran, ahora resulta que la señora jueza hace lugar a un pedido de desalojo de un el ex represor tucumano el coronel retirado Ubaldo Tomislav Vujovich Villa que está acusado por la desaparición de la docente salteña Silvia Aramayo en septiembre de 1976.
Vujovich Villa, quien en los años del proceso militar cumplió funciones en Tartagal, reclama 4.000 hectáreas de tierras fiscales exhibiendo como única prueba los títulos otorgados por el gobierno de Bolivia, cuando esa zona de nuestra provincia pertenecía a la Republica de Bolivia.
Vemos con suma preocupación que en nuestra zona y debido a estos fallos arbitrarios volvemos a vivir situaciones que creíamos superadas con la llegada de la democracia y la vigencia de las leyes y de nuestra Constitución, pero la realidad nos muestra todo lo contrario: que se ha vuelto a una página oscura de nuestra historia reciente donde los militares eran dueños y señores de la vida y la libertad de miles de compatriotas, volviendo a utilizar prácticas de aprietes, amenazas con total impunidad, contando ahora con la complicidad de la justicia de Tartagal, usando también la presencia de la gendarmería en el lugar donde se realizó la Asamblea de campesinos y comunidades indígenas, cuando entendemos que esto es un problema que le compete a la justicia provincial y no a la justicia federal.
Todo esto está generando una situación grave y peligrosa de desconocimiento de los derechos reconocidos por la Honorable Legislatura de nuestra provincia y el Poder Ejecutivo provincial, conforme a las normas constitucionales vigentes, es por todo esto que solicitamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, tomen las medidas institucionales democráticos necesarias a los fines de dar un efectivo cumplimiento de nuestros derechos, no tan sólo por respeto a los principios republicanos de la división de poderes y del cumplimiento de los derechos fundamentales de nuestras familias, sino también para mantener la paz social en nuestra región que se ve amenazada día tras día por el accionar de una jueza que piensa que está por encima de la ley y los poderes del estado.
– A.P.P.CH.S
