«La nominación de Gustavo Ferraris como nuevo juez de la Corte de Justicia, es quizás la jugada más temeraria y prepotente que haya ensayado Juan Carlos Romero, en sus 12 años de gobierno. Pocas veces un funcionario generó tanto rechazo colectivo, no sólo por aquellos que fueron víctima de la violencia policial que comandó con mano de hierro desde la Secretaria de Seguridad, sino de sus propios pares, quienes despojados de sus habituales citas protocolares, lo calificaron lisa y llanamente como un “porro”.
Romero ya había amenazado con su habitual altivez y arrogancia, que se iban a cubrir todas las vacantes que quedaran en el alto tribunal, pese a que no lo había hecho en los dos años que pasaron desde que renunció Edgardo Vicente y que las dos restantes, se producirían casi en la expiración de su mandato. El Colegio de Abogados, prácticamente le rogó que no lo hiciera para contribuir a transparentar el sistema de Justicia. Y el gobernador electo, Juan Manuel Urtubey, había adelantado que utilizaría el mismo sistema gestado por el presidente Néstor Kirchner exponiendo a los postulantes a ocupar cargos en el máximo tribunal a aprobaciones y rechazos de todos los sectores de la sociedad.
Pero aún en uso de sus facultades constitucionales y a pesar del requerimiento de quienes consideraban que debería permitir a su sucesor ser quien nominara los cargos vacantes, Romero podría haber elegido a un hombre de derecho que honrara su decisión. Pero no, decidió legarle a la Justicia a uno de los personajes mas cuestionados de su Gobierno. Un hombre que apenas insumió once líneas para agotar la lectura de su currículum, en el cual no se encuentra ninguna obra, artículo, ensayo o aporte alguno sobre derecho o jurisprudencia y que ni siquiera ocupó algún cargo en la carrera judicial. Un abogado que debió recibirse en la Universidad Nacional de Corrientes, porque fue expulsado de la Universidad Católica de Salta, tras pretender cambiar una bolilla en un examen mientras cursaba la carrera de Derecho en esa casa de altos estudios.
Aún así, Ferrari cumplió con los exiguos requisitos constitucionales para ser nominado en tal alta distinción, la máxima a la que puede aspirar un abogado en esta provincia. Un sitial desde el cual, se permitirá examinar sentencias de tribunales inferiores en los cuales ocupan cargos algunos de los mas jerarquizados especialistas del medio, sentar jurisprudencia con sus fallos y hasta ser el último resguardo del cumplimiento e interpretación la Constitución Provincial. Menuda responsabilidad siendo él mismo quien ignoró sus mandatos ordenando el violento desalojo del asentamiento San Expedito sin que mediara una orden judicial o quien se desplazara orondo en un automóvil “mellizo” denunciado como robado ante la Justicia, entre otros antecedentes. Un listado que incluye la represión aplicada la noche del 1 de abril de 2005 contra los maestros, el presunto “espionaje” a maestros y periodistas en el conflicto docente de este año, su negativa constante a concurrir a brindar informes de su gestión ante la Legislatura y hasta algunas interpretaciones como considerar que los desheredados de la tierra utilizan a mujeres embarazadas para cubrir la ocupación de terrenos.
Fue tal la irritación que causó su nombramiento en el foro local, que los asistentes a una conferencia realizada en la Caja de Abogados, como actividad final anual de la Escuela de Abogacía, en la cual participaron especialistas en derecho constitucional especialmente invitados, consideraron que sus análisis jurídicos y académicos, no eran mas que “disquisiciones abstractas”. Todas las ponencias sobre independencia judicial, calidad del servicio de justicia y otros temas similares, se tornaban virtuales frente a una expresión tan dura de la realidad como en el envio del pliego de Ferraris.
El presidente de la Federación de Magistrados de la República Argentina, Abel Fleming, advirtió que la entidad había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una denuncia de “inconstitucionalidad” del sistema de nominación de jueces de Corte utilizado en Salta. Según el letrado, con este mecanismo “los jueces de la Corte son prácticamente sometidos a un juicio político cada seis años”. Otros juristas recordaron que los requisitos que garantizan la independencia de un juez son precisamente la “inmovilidad” en el cargo y la intangibilidad de sus haberes.
Por eso Fleming recordó que la entidad viene advirtiendo a distintos gobiernos provinciales que no deben transformar el Poder Judicial en una sucursal del Poder Ejecutivo.
Romero no pareció tomar en cuenta este recaudo. Ya en 2005 nominó como integrante del máximo tribunal provincial, a María Rosa Inmaculada Ayala de Yáñez, ex secretaria letrada de la Corte provincial que en 1988, había estado involucrada en el escándalo político y judicial conocido como el Saltagate. A esta profesional, que declinó su concurso por un cargo en una cámara federal para aceptar el convite de Romero, se le endilga haber aconsejado la estrategia a seguir por los abogados del grupo Horizonte para defenderse de una denuncia por estafa presentada por el ingeniero Federico Mendez.
Pero aún en aquella oportunidad, no se dejó de reconocer los antecedentes jurídicos y profesionales de la nueva integrante del cuerpo. La lectura de sus antecedentes demandó un buen rato al miembro informante que propuso su nominación en el Senado.
En el caso de Ferraris, al margen de los pocos minutos que insumió su presentación, ningún senador justicialista se quiso hacer cargo de su defensa. Los virulentos discursos de los legisladores opositores no lograron torcer la disciplina partidaria del bloque oficialista, que pese a algunas disidencias, volvió a levantar la mano enyesada y a convalidar obediente, como en otras tantas oportunidades, la bravata romerista.
El gobernador electo, Juan Manuel Urtubey dijo escuetamente que le pareció una “barbaridad” el nombramiento de Ferraris, pero adelantó que no tomará ninguna medida para evitar eventuales nuevas designaciones por parte del gobierno saliente. Negó que se tratara de un acuerdo con Romero y dijo que no iba a hacer nada que obstaculice la institucionalidad provincial.
Pero en tanto, si bien hay escasas similitudes con la corte “adicta” o la mayoría automática que ostentó la corte menemista, aunque no se pueda afirmar que se trata de de un cuerpo propio, Romero estará mas tranquilo con Ferraris adentro ante eventuales investigaciones futuras sobre sus 12 años de gestión. Y de esa manera, según interpretaron quienes observaron esta presunta ventaja, podría parodiar aquella famosa frase de Carlos Menem defendiendo la posesión de la Testa Rosa que le regaló un empresario italiano y asegurar sin tapujos que Ferrari es “mio, mio, mio…”.
Por Héctor Alí
