El próximo domingo 23 de octubre de 2011 se llevará adelante otra vez un acto electoral de renovación de autoridades políticas en el país.
De acuerdo a lo que habitualmente ocurre en estas ocasiones, las estadísticas, que se han aproximado con bastante acierto en los resultados con la ayuda del avance de la tecnología, prácticamente están anticipando el resultado. Esta vez, además, con apoyo en un hecho histórico reciente, como lo ha sido la llamada elección primaria, que ha dejado a los candidatos de la oposición casi en terapia intensiva.
La mención de oposición es sólo una manera de situar en el espectro electoral al resto de los candidatos que pujan por ocupar espacios en la segunda línea electoral, ya que en realidad a poco que se analicen sus posiciones en el actual momento económico, y con la única excepción del frente de izquierda que plantea cambios drásticos en la marcha de la economía nacional, todos comparten con el oficialismo una línea con variantes tan escasas que hoy resulta más fácil saber qué diferencias hay entre demócratas y republicanos en Estados Unidos o liberales y laboristas en Gran Bretaña que adivinar qué puntos separan a Binner, Alfonsín, Carrió, Duhalde o Rodríguez Saá de la posición dominante del oficialismo.
La presentación del presupuesto 2012, a cargo del candidato a la vicepresidencia por el kirchnerismo el pasado mes de septiembre, deja bien en claro que si se mantendrán los subsidios a empresas nacionales (28.000 millones) y las privatizadas (39.000 millones) y el gasto social directo de asignación universal por hijo aumentará el 18% llegando a 12.000 millones, con una inflación real mayor a ese porcentaje, el ajuste se verificará paulatinamente por inflación en los salarios de los trabajadores y jubilados, en cambio la recaudación aumentará al ritmo de los precios, en particular por el impuesto al valor agregado. De esta manera el estado hará caja con la recaudación mientras el peso del menor poder adquisitivo lo soportarán los asalariados, ya que el llamado aumento de sueldos en paritarias en realidad sólo es ajuste inflacionario.
La realidad de los números es distinta a la presentación ampulosa de Amado Bodou, al que le gusta mencionar como el presupuesto del no ajuste al proyecto oficial, porque de un análisis primario surge lo contrario. En primer lugar el déficit fiscal se está disimulando con transferencias de dinero del ANSeS y del Banco Central al Tesoro Nacional, quien a su vez vuelca ese dinero en subsidios a las empresas privadas, muchas de esas extranjeras, que para sostener la crisis de sus casas centrales en el exterior fugan capitales diariamente amparados por la Ley de Inversiones Extranjeras de Martínez de Hoz. La conclusión no puede ser peor: el dinero que los jubilados no reciben en su siempre frustrado 82% móvil, porque según el titular del ANSeS, Diego Bossio, si se les pagara colapsaría el sistema, está subsidiando el capital privado en otros países. Es decir que para pagar a los jubilados se avecina un colapso, pero para girar fondos al exterior de las empresas subsidiadas no. Toda una curiosidad.
Si el déficit del 2011 ha sido de casi $ 12.000 millones y el superávit previsto para 2012 es de 1.500 millones, con un crecimiento menor del PBI previsto en el 5%, el nivel del gasto deberá descender hasta alcanzar esa diferencia ($ 13.500 millones). La pregunta que se debe hacer inevitablemente es ¿de dónde se recortará ese dinero? Como es impensable que se lo haga del gasto social directo, lo más probable es que se lo haga del subsidio a las privatizadas que a cambio deberán tener ajuste de tarifas. Se reitera así el concepto anterior, en el sentido de que ese ajuste lo van a pagar los asalariados que con ajustes inflacionarios no solamente tendrán menor poder adquisitivo por el corrimiento natural de precios, sino también por al aumento nominal de las tarifas de servicios. Se avecina un final a corto plazo del bajísimo nivel de tarifas de Capital Federal y Gran Buenos Aires hasta ahora mantenido con clara intención electoral, por ser ese el distrito mayor del padrón que define todas las elecciones. Los números cierran para el oficialismo porque se estima una tasa de inflación del 9,5%. Eso se llama en el ambiente contable, dibujar números.
Este panorama económico real se complementa con la mantención del régimen tributario regresivo, donde los que más tienen son los que menos pagan (bancos y financieras no pagan impuesto a las ganancias; exportadores del campo no alteran su alícuotas, etc.), lo que explica que la Unión Industrial Argentina esté contenta, los sectores del campos re contentos y la especulación financiera de fiesta.
De esta manera la suerte está echada en Argentina. El próximo domingo los sectores dominantes de la economía revalidarán sus títulos sin sobresaltos, seguros de que cuando los coletazos de la crisis exterior toquen a la Argentina, a ellos les ayudará el Estado con subsidios y ajustes tarifarios, cuando no con rescate directo bancario como ya ha ocurrido en otras épocas no tan lejanas. La lógica del capitalismo en esta parte del mundo se reduce al silogismo más perverso: para los ricos el Estado, para los pobres el mercado, y como conclusión inevitable el tener que comprobar otra vez más que lo que se propone como la panacea universal es sólo la continuidad de un modelo económico ideado por pocos, para la miserable finalidad de acumular dinero.