La creciente imposición de una ola de miedo y silencio en los ámbitos científico-educativos se acentuó en Argentina hace un cuarto de siglo, durante el Menemismo, se intensificó a posteriori durante el Kirchnerismo, y se derramó desde ahí hacia el resto del sistema en un largo proceso histórico que ha sido teorizado recientemente por Noelle-Neumann (1995, 2010), y cuyo daño a la sociedad argentina medido en términos monetarios supera largamente a la totalidad de la deuda externa.
Efectivamente, el miedo al aislamiento social en la convivencia con los colegas docentes y la necesidad de pertenecer a una camarilla se agravó en los ámbitos académicos a partir la caída de Alfonsín (1989). Seis años después, en 1995, este miedo se profundizó con la promulgación de la Ley de Educación Superior (LES), que admitió el arancelamiento y restringió la autonomía universitaria, y con la imposición por decretos de necesidad y urgencia (1995-1996) de un arsenal burocrático inspirado por el Banco Mundial, y atentatorio del principio de autonomía universitaria. Este principio, conocido como doctrina reformista, garantizaba la independencia del saber respecto del estado, y fue consagrado hace un siglo y medio en la Ley Avellaneda (1885). Dicha doctrina, aunque no logró acabar con deformaciones –como la endogamia docente y la departamentalización postergada y con la valoración en los concursos de la antigüedad en desmedro del mérito (Gaviola, 1931)– fue violentamente interrumpido solo por dictaduras militares a partir de septiembre de 1930, y por regimenes bonapartistas a partir de junio de 1943.
Entre esas medidas burocratizantes y contra-reformistas introducidas por el Menemismo y nunca derogadas descolló la instauración en todas las universidades de la categoría del docente-investigador, que fragmentó la comunidad educativa en dos compartimentos falsamente disociados, los docentes que investigan por un lado y los que meramente repiten lo conocido por el otro, cuando en principio el docente universitario por el solo hecho de serlo debe estar moralmente obligado a investigar. Por ello, un docente no puede ni debe ser inducido a investigar mediante estímulos materiales previos a la real y efectiva producción intelectual, pues en su lugar existen combinaciones de estímulos simbólicos y materiales mucho más exitosos, donde el esfuerzo realizado se premia con ulterioridad (Nobel, Cervantes, Konex, etc.).
La nueva categoría del docente-investigador burocratizó la conciencia moral e intelectual de nuestros docentes, pues vino a aceitar la producción académica con incentivos salariales deshonrosos que estimularon un combo explosivo de egoísmo, miedo y codicia que acabó con la solidaridad y el espíritu de equipo, y sembró entre los investigadores una competitividad salvaje y una creciente pérdida de personalidad y de libertad. Para mayor competitividad y control burocrático, estos incentivos se estratificaron en un laberinto de cinco (5) rangos escalonados, y los conflictos por las categorizaciones se dirimieron en tribunales ministeriales extra-universitarios que dieron lugar a pleitos extenuantes y litigios kafkianos, merecedores de un estudio pormenorizado de la miseria académica argentina. La consiguiente violación de la autonomía en la evaluación del saber no fue en ese entonces cuestionada ni por los partidos políticos ni por los medios de comunicación.
Amén del docente-investigador siguieron otras medidas burocratizantes y contra-reformistas tales como la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica (ANPCyT) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que acentuaron en lo institucional la pérdida de autonomía y en la producción científica la ponderación de un eficientismo macdonaldizado, de raigambre Taylorista.
Por otro lado, con la puesta en funcionamiento de la denominada Agencia se inició una operatoria crediticia internacional financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consistente en un crédito otorgado en tres tramos distintos y sucesivos que se inició en 1999 y que alcanzaron hasta el 2010 la suma de U$S 1240 millones de dólares, cifra similar a la adeudada a los mal llamados Fondos Buitres. La distribución de esa enorme suma de dinero en lugar de estar destinada a la infraestructura científica del país (laboratorios, bibliotecas, archivos, museos, etc.) se derivó a proyectos individuales de investigación operados por científicos que ya tenían inserción en el sistema nacional de ciencia y que por ende contaban con sus respectivos ingresos salariales. Esta discrecionalidad acrecentó en la comunidad educativa el miedo al aislamiento que se había iniciado con la estratificación de los docentes-investigadores, y este miedo luego se espiraló contagiando a toda la comunidad científica con un silencio opresivo, lo que a su vez ha derivado en un clima de sofocante jaula de hierro (Weber), que Kafka había metaforizado como un enmudecido castillo al que nadie se atreve a entrar o en una colonia penitenciaria de la que solo cabe escapar.
El actual Ministro Barañao administró la referida suma cuando estuvo al frente de la SECyT, pues bajo su mando se orquestaron el medio centenar de comisiones y jurados de la Agencia (ANPCyT) que distribuyeron dicha suma en forma delictual, beneficiándose los mismos funcionarios responsables del reparto (o botín de guerra). Estos Jurados y Coordinadores se caracterizaron por violar la independencia e imparcialidad de la función arbitral, pues operaban simultáneamente como jueces y partes. Cada uno de ellos, al considerarse sus propios proyectos de investigación, simulaba –como en una variante del juego de las sillas– retirarse del jurado para una vez obtenido el subsidio reintegrarse al mismo y reciprocar a sus colegas del mismo jurado. Por cierto, esta violación de la independencia arbitral deslegitimó el sistema científico y educativo supuestamente creado para emancipar a los educandos, y acentuó aún más la espiral de silencio, que fue infructuosamente denunciada ante la justicia penal de Comodoro Py, pero que tampoco mereció por parte del aparato político partidario ni por los medios de comunicación el menor interés ni confrontación alguna.
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De todos los partícipes de este escenario político, se destacaron con el tiempo por su valentía y coraje cívicos el periodista Jorge Lanata y la diputada Elisa Carrió, a quienes les vino a corresponder por ello el precepto formulado por De Gaulle, que a mayor grado de exposición pública y capacidad intelectual se debe exigir siempre mayor responsabilidad. Por el contrario, hubo otros periodistas e intelectuales que faltaron a este precepto como Leuco y Kovadlof, pues se sumaron al coro adulador o colaboracionista del Ministro Barañao. Hubo también otros más recalcitrantes, como Grondona, que persistieron en su prédica limitacionista y arancelatoria, y también quienes practicaron un tardío reconocimiento, como el periodista Nelson Castro, que pese a su esclarecido combate contra el Kirchnerismo, recién se desayunó en el tema universitario al entrevistar al economista Alieto Guadagni y fatigar sus estadísticas sobre profesionales universitarios, estadísticas que dicho sea de paso su colega J. J. Llach reduce solo a la educación primaria.
Sin embargo, el que acaparó el repudio periodístico y político, al haberse descubierto sus maniobras delictivas, fue un personaje de alta exposición pública, ajeno a la ciencia y a la enseñanza superior, aunque graduado en el CEMA, el vicepresidente Boudou, quedando el resto de los funcionarios incursos en severos peculados, obstinadamente olvidados e ignorados ¿Cuál ha sido el motivo para que la oposición pusiera eje en un solo integrante del gabinete y omitieran al resto de los Ministros del Olimpo K? ¿Acaso fue la ubicación de Boudou en la línea sucesoria presidencial? No estar en la línea sucesoria como le ocurre al Ministro Barañao ¿lo exime acaso de responsabilidad judicial alguna? Si bien el Secretario de Transporte Jaime no estuvo nunca en la línea sucesoria, por haberse disparado una tragedia que significó un centenar de muertos mereció sin embargo ser justamente procesado. Siguiendo esta línea especulativa ¿acaso la oposición estaría soñando con un escándalo similar, como el de la Crotoxina (1986), para poder despertar un tardío interés por la decencia en la ciencia? ¿O acaso también pudiera ser que en las filas opositoras o de los multimedios independientes figuren incómodos autores y beneficiarios de los subsidios de ANPCyT?
http://argentina.indymedia.org/news/2010/02/719868.php
En esa selectiva discriminación, Lanata, Carrió y sus colegas, pese a valientes y sobrehumanos esfuerzos, no han podido escapar a la estrategia Cristinista de inmunizar y amnistiar la corte de funcionarios acusados de delitos mucho más tenebrosos que los cometidos por Boudou y por la misma presidenta (si el vicepresidente se atreviera a confesar) ¿Porque Lanata y Carrió, para saldar estos déficits, nunca entrevistaron a filósofos como Aguinis o Abraham, para los cuales el drama argentino actual no arrancó del Proceso, como sostiene el revisionista relato K, sino de los fundamentos filosóficos de la denominada Revolución Argentina (Ongania) y de la Noche de los Bastones Largos (1966)?
Para Castoriadis, sin que se cuestione la realidad con un ajustado diagnóstico es muy difícil encontrar la cura ¿Por qué motivo Lanata, Carrió y sus colegas no cuestionaron la espiral de miedo y silencio instalada en la ciencia y la educación superior a partir de los planes del Banco Mundial? ¿Acaso Lanata y Carrió desconocen el rol que ha tenido la dupla del Banco Mundial-BID y los gobiernos bonapartistas en esa espiral que deterioró la ciencia y la educación superior mucho más intensamente que el default y la deuda externa? Cabe suponer en su descargo que Lanata y Carrió han evitado penetrar en ese perverso laberinto por carecer de un hilo de Ariadna que disperse las tinieblas de la ciencia argentina ¿Es posible meditar entonces si con esa pesada amnesia histórica se pueda derrotar al Kirchnerismo?
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– Por Eduardo R. Saguier
