– jueves, 18 de septiembre de 2008
DERECHOS HUMANOS | TUCUMÁN: NOTA PUBLICADA EN BOLETÍN A DOS AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ
El 28 de agosto pasado, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por la desaparición del ex senador provincial, Guillermo Vargas Aignasse. Esto marcó el inició del juzgamiento a los represores por el genocidio cometido en Tucumán entre 1976 y 1983.
La próxima causa que el fiscal Federal, Emilio Ferrer, enviaría al Tribunal Oral Federal, sería la que investiga el fusilamiento de cinco militantes de la organización Montoneros: María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsern y Eduargo González Paz.
Por esta causa se encuentran imputados Menéndez, Mario Alberto Zimmerman (tuvo a su cargo el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Jefatura de Policía), Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán) y Alberto Cattáneo (ex segundo Comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército).
Sin embargo, no se descarta que la próxima causa que se eleve sea la de la ex Jefatura de Policía, que concentra 17 desaparecidos. Los procesados en este caso son Bussi, Menéndez, Cattáneo, Zimmerman, Luis De Cándido (quien fue agente del Servicio de Inteligencia Confidencial de la Policía de Tucumán) y Ana María Guerra.
Desde ATCI (Agrupación Tucumana Contra la Impunidad) consideraron “indispensable que el Estado acelere los procesos e inmediatamente eleve las causas por los CCD a fin de que se los condene por genocidio de una vez por todas”.
Además, desde H.I.J.O.S. filial Tucumán, insistieron que los represores deben cumplir “la prisión perpetua en una cárcel común” y no en countrys de lujo.
Cabe destacar que Bussi y Menéndez están imputados en unas 600 causas, aunque hasta el momento han sido juzgados en Tucumán solo por una.
Cómplices Civiles
Hace unas semanas, ingreso a la Legislatura Provincial un pedido de destitución del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, René Goane.
Goane estuvo nombrado en la Fiscalía de Estado (1973-1982), fue director del Registro Civil (entre mayo y julio de 1976). Además registra antecedentes en la Caja Popular de Ahorros (1978-1981) y el Instituto Provincial de Seguridad Social (1976-1978).
Los legisladores oficialistas, con el aval del mandatario tucumano, José Alperovich, anunciaron que estudiarán el pedido y podría iniciarse un juicio político contra el vocal. Cabe resaltar que Goane fue uno de los jueces de la Corte Suprema que con su voto declararon nulos artículos de la reforma constitucional alperovichista de 2006.
Luego, ingresó otro pedido de destitución contra el también vocal de la Corte, Alberto Brito, quién el 10 de mayo de 1976, juró como secretario en lo Civil y Comercial. Luego, accedió por concurso a la secretaría judicial de la Corte el 28 de octubre de 1977; en 1980 fue designado juez Civil y Comercial de la V Nominación.
Desde diferentes sectores de izquierda y organismos de DDHH, resaltaron que “esta es una medida demagógica e hipócrita del gobierno provincial, que mantiene en cargos políticos a cómplices de la dictadura, y que se ha aliado con ex legisladores del partido de Bussi, Fuerza Republicana”.
En este sentido, recordaron que fue el propio oficialismo quién impulso a Francisco Sassi Colombres para integrar la Corte Suprema de la provincia. La designación fue impugnada por los organismos de DDHH, ya que Sassi Colombres fue Fiscal de Estado en 1980, durante la última dictadura.
Esta situación obligó al Gobierno Nacional a intervenir y bajarle el pulgar a Sassi Colombres, quien finalmente no pudo asumir en esa función.
Mencionaron además la designación de Luis Edgardo Ocaranza, quien cumplió funciones en el CCD “La Jefatura”, como asesor del Ministerio de Economía.
Por eso, exigieron que “a todos los responsables civiles, no solo destitución, sino también cárcel común”. También consideraron necesario avanzar sobre los mandos militares intermedios, la Iglesia y “los grupos económicos, principalmente la oligarquía azucarera, que fueron activos partícipes del genocidio perpetrado en nuestra provincia”.
– CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
