El Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) acaba de publicar un estudio que indica que la pobreza en el País ha aumentado hasta el 32,9% y la de indigencia al 5,5%.
De esta manera existen en nuestra tierra productora de alimentos básicos para cientos de millones de personas, 1,5 millones de ciudadanos nuevos que ingresaron en este oprobioso índice en solamente poco más de un año, ya que la cifra a fines de 2015 era del 29%.
Uno de los ejes de campaña del actual frente gobernante CAMBIEMOS, fue como todos nosotros recordamos la propuesta denominada “pobreza cero” que rápidamente fue sacada de agenda y sustituida por otras afirmaciones mucho más vagas y olvidables.
El informe de la casa de estudios superiores generó el inmediato rechazo de todo el arco oficialista, que salió a cruzar los datos y a descalificar como inciertos los porcentajes que se publicaron.
Idéntica actitud tomaron en su momento los funcionarios del anterior gobierno, cuando en el mes de Junio de 2014 la misma entidad publicaba que con mediciones del final del año 2013, la pobreza era de 27,5 y la indigencia de 5,8%.
En aquellos días el jefe de gabinete JORGE CAPITANICH declaraba: “Es absurdo creer en los índices de pobreza que se publican desde el sector privado. Más allá de la metodología que se adopte, todos los indicadores determinan clara y contundentemente que las condiciones de carácter social han mejorado de modo sustancial. Si observamos que en los últimos diez años se aumentó el trabajo en seis millones de puestos, existen paritarias que generan incremento en el poder adquisitivo real, obviamente se reduce cualquier indicador de pobreza e indigencia.(Perfil 14/06/2014).
En el mismo trabajo de campo que comentamos se expone de manera contundente y sintética cuál es la causa de la generación de nuevos pobres: “La desigualdad persistente y la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo concentrado y desequilibrado con efectos de exclusión y desigualdad a nivel socio-laboral”.
La receta es harto conocida y se la presenta en sociedad como un avance que se pregona como el “volver a insertarnos en el mundo” que implica lisa y llanamente un nuevo alineamiento de una Argentina obediente y subordinada a las reglas de la economía transnacional dictada por los centros financieros del poder económico.
Basta un ejemplo para graficar cómo es el nuevo orden de inserción, que privilegia la tasa de retorno de los grupos concentrados por sobre la distribución del ingreso en fuentes de trabajo. La fábrica Mefro Wheels en Rosario cierra y despide a 170 obreros, porque ahora importará las llantas para autos que antes se producían allí.
Casos como éstos se multiplican en nuestra Nación todos los días, y aunque el ministro DUJOVNE intente negar la apertura de las importaciones, el levantamiento de barreras arancelarias pone al descubierto el camino inverso a la reducción de la pobreza.
La regla es básica, menos estructuras y menos mano de obra se necesita para traer mercaderías de afuera que para producirla en el País, y si la política económica no la dirigen funcionarios comprometidos con un plan de manejo de las variables sociales, sino los CEOS de las mismas empresas que se benefician con las decisiones, el resultado no puede ser otro.
La pregunta que surge inevitable entonces es: ¿Por qué sectores de clase media y baja, que pierden con este sistema posiciones en sus respectivos estamentos, descendiendo los primeros en sus ingresos e ingresando directamente a la exclusión los segundos, votan estos programas de gobierno?
La historia reciente de la Argentina no permite deducir que sus votantes no conozcan o no recuerden los resultados de implementación de estas recetas, estando frescas todavía las consecuencias de los planes impuestos por la dictadura cívico militar de 1976, o el esquema neoliberal de los noventa, hasta con los mismos personajes (vgr. Domingo Felipe CAVALLO).
La falta de lealtad y de fidelidad de la dirigencia sindical, más propensa a los negocios personales con el mismo gobierno (obras sociales, ART, co- seguros, planes de turismo social, etc.) que a la defensa de los intereses de la clase trabajadora que se supone deberían tutelar, deja huérfano a todo el colectivo de trabajadores formales que no tienen un canal de representación válido, y conforman un primer plano de este panorama social degradado.
Ni qué hablar de los trabajadores informales, precarizados aún más en sus condiciones individuales, sin posibilidad de organización colectiva y facilitando con su situación la negociación a la baja de los convenios colectivos del sector registrado, estamento que el sector del capital mantiene adrede para poder abaratar costos, que muestra otro perfil de una debilidad social evidente.
La casi total desaparición de las tradicionales estructuras político partidarias, que han convertido de manera abierta y cristalina a sus sedes en vetustas viviendas venidas a menos a las que no concurre nadie, evidencia otro matiz de la degradación participativa de la ciudadanía, y es otro síntoma claro de esta enfermedad terminal.
Y en ese escenario patético de una casi total falta de participación activa de los distintos sectores interesados en superar el trance, los dueños de la economía concentrada que han puesto a sus gerentes a ocupar los estamentos oficiales del poder institucional, bailan la conga de alegría por tener en sus manos los resortes del estatus quo para que nada cambie.
Detentan la facultad de manejar las variables macroeconómicas –lo que más o menos desde el ejercicio del poder real siempre tuvieron- sumando ahora el aval de hacerlo por decisión electoral. Los gordos de la Sociedad Rural se enseñorean y se jactan de que el País será el supermercado del mundo, y siguen enriqueciéndose con exportación de bienes primarios.
La tan pregonada democracia participativa entonces, no es ni cerca el modelo que pueda cambiar este estado de cosas, en tanto el retorno trasnochado a modelos liberales nos recuerda la época del fraude conservador, con formas actualizadas de superstición electoral, directamente manipulada por empresas de medios, protagonistas excluyentes de las contiendas electorales.
La desinformación que lleva a los votantes a dejarse seducir por estrategias programadas por empresas de medios dedicadas precisamente a urdir realidades inexistentes, con montajes publicitarios y comunicacionales y guerra de operativos, son las vedetes de cada acto electoral, y no lo es ni cerca la repetidísima frase hecha de la virtud cívica, ni la absurda invocación de que el voto de cada elector vale.
Las decisiones que a todos nos afectan se siguen tomando en otras sedes ajenas a los cuartos oscuros, como embajadas, cámaras de comercio exterior, fundaciones lobistas, quinchos de influyentes, departamentos de estado extranjeros y consorcios financieros.
Quienes detentan ese poder que somete y subordina, son los organizadores del sistema electoral y ahora también, de las máquinas que contabilizan los votos de cada elección. Creer que el estado de cosas cambiará con esos parámetros, es y seguirá siempre siendo una irremediable ingenuidad.
