Los acusados son 17, entre ellos el jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Cuáles son las pruebas sobre su participación en los hechos del 20 de octubre de 2010. Cómo será el juicio oral.
Mariano Ferreyra pasó los últimos minutos de su vida tendido en una ambulancia particular que pasaba de casualidad por Barracas, sin médico ni equipamiento, y que ofreció la mínima ayuda que hasta ese momento no llegaba. Viajaba apoyado sobre Elsa Rodríguez, herida con un disparo en la cabeza, y lo sostenía su amigo Damián, quien le imploraba con palmadas en la cara que no cerrara los ojos, que aguantara. Una bala de arma calibre 38 había perforado su remera y también su abdomen. Mientras lo llevaban hacia el hospital Argerich, el escenario de los disparos y las pedradas –en las calles Luján y Pedriel– iba quedando vacío ante la mirada impasible de la Policía Federal, que dejó ir a los agresores, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) para la que un rato antes había liberado el terreno con el fin de que actuara. Mariano, Elsa y un centenar de personas, muchas del Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, protestaban ese día para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos del ferrocarril Roca y la regularización de los “tercerizados”. Querían cortar las vías, pero ni lo intentaron, ya que se toparon con los matones del gremio, quienes al recibir barrabravas de refuerzo se les abalanzaron con un despliegue de máxima violencia en el momento en que se retiraban. El ataque, definiría la Justicia después, pretendía “aleccionar” a los “tercerizados” para que dejaran de insistir con su reclamo. La fuerza de choque actuaba con un “plan criminal”, cuyo resultado sólo podía interesar a los líderes sindicales, empezando por José Pedraza, que veía su poder amenazado. El cariz político de este crimen se vio desde el primer día. Las pruebas quedarán a la vista en el juicio oral que hoy comienza.
Las audiencias –a cargo del Tribunal Oral Criminal 21– podrían durar más de seis meses y prometen mostrar cómo se entrelazaron los papeles de los diecisiete acusados: Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, siete ferroviarios más un barrabrava que componían la patota y siete policías, tres de ellos comisarios. Todos corren el riesgo de recibir condenas por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua, el peor de los castigos. Los únicos que no están presos son los uniformados. La fiscal será María Luz Jalbert.
Los testimonios recogidos apenas ocurrieron los hechos fueron claves en la investigación penal y lo serán durante el juicio. Habrá más de 380 testigos. Pero también serán determinantes los entrecruzamientos telefónicos, las escuchas, los videos registrados, las comunicaciones policiales y la documentación que relaciona el ataque de la patota con los intereses del sindicalismo empresario. Las querellas, que representan a la familia de Mariano y a los heridos, intentarán probar que hubo un móvil político y económico detrás del ataque que terminó en el asesinato del militante del PO, de 23 años: el ingreso a planta de los tercerizados, plantean, amenazaba la hegemonía de Pedraza en el gremio, un poderío que a la vez le permitía mantener sus negocios, que incluyen la explotación del tren Belgrano Cargas (cedido a la UF en los noventa) y su propio manejo de empresas tercerizadas, contratadas y subsidiadas a través de la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa), operadora de algunos ramales por cuenta y orden del Estado. Las tercerizadas se caracterizan por pagar a sus trabajadores salarios muy inferiores a los de planta y dejarlos fuera de convenio, sin derechos básicos, como indemnización por despido y vacaciones.
En la investigación inicial, la jueza Wilma López y los fiscales Cristina Caamaño (ahora funcionaria del Ministerio de Seguridad) y Fernando Fiszer dieron por probado que dos personas dispararon armas de fuego: Gabriel Sánchez, guarda de Constitución, y Cristian “Harry” Favale, un barrabrava de Defensa y Justicia que no era ferroviario y fue llevado por Claudio Alcorcel. Actuaron en coordinación con un grupo, donde cada cual tenía una función. El portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, fue señalado como quien juntó las armas, para su ocultamiento, que le entregaron el picaboletos Guillermo Uño, Sánchez y Favale. Jorge González y Salvador Pipitó amedrentaron al equipo de C5N para que no filmara la agresión. El delegado Pablo Díaz, secretario de la comisión de reclamos de la UF, organizaba al grupo y daba instrucciones.
A pesar de que no se hallaron las armas utilizadas, se sabe –por los proyectiles hallados y extraídos a Mariano y los heridos– que eran por lo menos cuatro: dos calibre 38, una 22 y una escopeta. Queda el enigma sobre quiénes serían los dos tiradores restantes.
La presencia en el banquillo de los jefes gremiales, de quienes fueron su brazo armado y de la policía, habla de lo que este juicio también pone en discusión un modelo económico, los métodos del sindicalismo y hasta el papel de las fuerzas de seguridad en esa trama.
Tratándose de un caso donde se han denunciado intentos de obstaculización durante la investigación de parte de Pedraza y la UF, que van desde un intento de soborno en la Cámara de Casación, la alteración de pruebas y amenazas a testigos, también será un puesta a prueba para la Justicia.
Cómo actuó la patota
Los sucesos en Barracas empezaron a las diez de la mañana. Los tercerizados y organizaciones que los apoyaban fueron a la estación Avellaneda con la idea de hacer un corte. La presencia del grupo de la UF los disuadió y caminaron junto a las vías, mientras algunos matones los seguían por el terraplén. Al llegar al puente Bosch intercambiaron insultos y pedradas. Luego los tercerizados hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena, ya al mediodía. Decidieron desconcentrarse y en ese momento la patota avanzó hacia ellos, sin que los policías a cargo del operativo siquiera intentaran impedirlo. En el cordón que formaron para intentar proteger a las mujeres y niños estaba Mariano Ferreyra. La bala que lo mató sería de la misma arma que hirió a Elsa Rodríguez.
Por lo menos 13 testigos que identificaron la presencia de Favale que disparaba un arma de fuego unas cinco veces con el cuerpo inclinado sobre la calle Luján, volverán a declarar. Uno de ellos, Benítez, que pidió protección, lo escuchó jactarse ante Pablo Díaz: “Al de la gomera, a ese gil de mierda, le agujereé la panza”. Favale a la vez acusó a Sánchez, a quien identificó por un tatuaje en el brazo. A Sánchez lo reconocieron al menos cinco personas por su remera de Bob Marley y una gorrita; lo vieron disparando parado junto a un Volkswagen Polo color verde. Alberto Esteche, que estaba en la parrilla, testificó: “A mi entender tiraba a matar”. Otro testigo ferroviario con protección, Claudio Díaz, reveló que había ido al lugar junto con Sánchez en un Ford Focus color champán, donde llevaba un arma por “si se llegaba a complicar”. El papel de Uño y Pérez en la recolección de las armas fue descripto en detalle por José Eduardo Sotelo, un testigo que estaba ahí de casualidad, quien denunció amenazas tras su declaración. Sotelo dijo que al entregar las armas, Favale y Sánchez decían “negro, negro, le dimos” y que Pérez les dijo “háblenlo con Pablo (Díaz)”. Del papel de Díaz hablaron muchos testigos y lo delatan sus llamadas con Fernández y hombres de la patota. A Alcorcel lo incriminan otros ferroviarios, sus llamados y el recorrido de su celular. A Pipitó y González, los periodistas amenazados para que no filmaran.
Algunos defensores diseñan una estrategia conjunta bajo el mando del abogado de Pedraza, a quien apodan “DT”. Intentarán sostener que todo fue una riña (con esperanzas de ahorrar a sus clientes una pena severa) y que los tercerizados y organizaciones estaban armados. Que no había órdenes y la presencia del grupo fue “espontánea”. También se aferran a dos peritajes balísticos que mostraron que tanto la bala que hirió a Nelson Aguirre como la que mató a Mariano rebotaron antes de impactar en sus cuerpos. El de Aguirre es un proyectil de escopeta, que algunos testigos dijeron haber visto en manos de los matones de la UF, pero las defensas dirán que era una tumbera del PO. El proyectil que mató a Mariano quedó alterado después de que un perito de los ferroviarios lo golpeara en una junta de expertos, en una de tantos intentos por obstaculizar la causa.
Para las querellas, más allá de los rebotes, hay otras pruebas básicas del ataque de la patota, además de los testimonios: los disparos fueron durante la retirada de los tercerizados, Favale y un grupo de gente llevada por él eran ajenos a la UF, el objetivo de la patota no parecía responder a un interés propio (salvo la posibilidad de conseguir beneficios laborales por colaborar) sino de las autoridades.
La complicidad uniformada
– Pasividad policial
Si la policía hubiese interpuesto un cordón entre la patota y los tercerizados, Mariano estaría vivo, dicen las querellas. Eso convierte a la pasividad policial en un factor necesario para que ocurriera el crimen, sostienen. Había noventa efectivos en el lugar, pero no resguardaron a los manifestantes, como quedó en evidencia en la imputación del fiscal Fernando Fiszer. Otros indicios hacen suponer algo más que la falta de acción policial: algunos utilizaron teléfonos POC (que impiden registrar el contenido de las llamadas), no dieron intervención inmediata a la Justicia; interrumpieron su filmación al comenzar los disparos; hay testimonios de que cuando los tercerizados intentaron acercarse a la patota la policía los frenó, pero a los atacantes los dejaron ir, sin formar un cerco perimetral. Desde la Dirección General de Operaciones (DGO), que impartía instrucciones a la distancia, la orden fue no meterse, replegarse. “No sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escucha en la radio policial. Los jefes del operativo que serán juzgados son los comisarios Jorge Ferreyra, que pertenecía a la División Roca, y Luis Mansilla, de Control de Líneas. En la sala de situación estaban el comisario mayor Hugo Lompizano (quien luego fue jefe de comisarías), el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30ª, fue el que mandó a resguardar a la patota. El camarógrafo policial era David Villalba. Llegaron al juicio por abandono de persona seguido de muerte. Pero las querellas pedirán que se los considere partícipes del homicidio.
Pedraza y afines
– La responsabilidad de los dirigentes
El asesinato de Mariano Ferreyra ocurrió el 20 de octubre de 2010. En el ataque quedaron heridos de bala Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. José Pedraza y Juan Carlos Fernández, a quienes unía una amistad, sabían de la protesta desde el día anterior. El propio Pedraza explicó que lo había hablado con el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y le dijo una frase que no lo ayuda en el expediente: “Mis muchachos no se van a meter”. La afirmación, que asumía conocimiento y capacidad de control de la situación, fue resaltada por la jueza López al procesarlo.
Aquel día, Pedraza y Fernández estuvieron desde la mañana en la sede de la UF, en Independencia 2880, en un congreso llamado “Latin Rieles”. El análisis del celular de Fernández volverá a ser una prueba fundamental de su seguimiento de lo que pasaba en las vías del Roca, ya que desde las 7.46 de la mañana se contactó por lo menos seis veces con el delegado Pablo Díaz, a cargo de la patota en el lugar de los hechos. Una comunicación entre Fernández y Díaz se produce a las 13.23, horario que coincide con el relato de un testigo clave –el ferroviario Alejandro Benítez–, que lo escucha ordenar “saquen los fierros” tras hablar por handy. Al instante le disparan a Mariano. El patrón de comunicaciones entre Fernández y Díaz se había producido un mes y medio antes, en otra protesta de tercerizados en Constitución, donde asistió la misma patota. Un dato adicional fue el hallazgo en el escritorio de Fernández de los papeles que pedían la contratación de Favale.
Será importante la declaración de Karina Benemérito, estrecha colaboradora de Pedraza, quien lo vio junto a Fernández casi toda la mañana. La acusación sostiene que ambos daban directivas desde la UF. Aun cuando se separaron siguieron en contacto telefónico. Horas después, Pedraza llamó a su estudio jurídico de confianza, como quien anticipa problemas legales. Su defensa luego fue asumida por el abogado Carlos Fromet, quien fogonea en sus visitas al gremio la postulación de Pedraza a la reelección, aunque esté preso, porque especula que podría mejorar su situación judicial. La votación será entre este mes y el que viene. Entre sus íntimos, el abogado se muestra pesimista por el juicio. Consultado por este diario, comentó que no cree que haya pruebas directas y que no decidió si declarará o mantendrá silencio.
Según la acusación que lo llevó a juicio, Pedraza tenía una motivación para “aleccionar” a los tercerizados, verbo que introdujo una de las abogadas de la querella de los heridos, María del Carmen Verdú (de la Correpi), luego fue recogido por la Sala I de la Cámara del Crimen y se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza para las defensas. ¿Por qué aleccionarlos? Por empezar, eran un potencial grupo de oposición capaz de disputar el reinado de Pedraza, construido desde que asumió al frente del gremio en 1994, y basado en su administración de cuáles trabajadores pueden ingresar a empresas del sector y cuáles no. La condición de trabajador tercerizado impide la afiliación. La preocupación por ese tema aparece clara en escuchas telefónicas posteriores al asesinato de Ferreyra en las que negocia el ingreso de tercerizados con funcionarios del Gobierno (ingresaron más de 1500 tras el asesinato) y otras donde sus allegados hablan de distintas formas de castigo a esos trabajadores precarizados.
El dominio político le permitía a Pedraza sostener sus ganancias empresariales. En el Belgrano Cargas, su esposa Graciela Coria integra el directorio y el vicepresidente es el contador del gremio, Angel Stafforini. En el campo de las tercerizadas, la investigación judicial mostró su “incidencia decisiva” al menos en la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, instalada en un inmueble de su esposa y dirigida por cuadros de la UF. Tenía 200 trabajadores, algunos presentes en la protesta en Barracas, y era la tercerizada más subsidiada. Según el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (que representa a la familia de Mariano), “Pedraza y sus allegados, en connivencia con la Ugofe, obtenían una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los tercerizados”. Por ese posible desvío de fondos hay una causa penal.
Los acusados
– José Pedraza: acusado como instigador del homicidio de Mariano Ferreyra. Es secretario general de la Unión Ferroviaria desde 1994; desde 1984 fue secretario administrativo del gremio. Favoreció las privatizaciones y el desguace de los ferrocarriles en los noventa.
– Juan Carlos “Gallego” Fernández: acusado como instigador del homicidio. Amigo de Pedraza y secretario administrativo de la UF desde 2005.
– Los tiradores: Cristian Favale, remisero, barrabrava de Defensa y Justicia, aspiraba a un empleo ferroviario. Gabriel “Payaso” Sánchez, guarda de Constitución, de la barra de Racing. Ambos están acusados como autores del homicidio.
– El organizador: Pablo Díaz, delegado, secretario de la comisión de reclamos de la UF, muy cercano a Pedraza y Fernández. Va a juicio acusado como instigador del homicidio.
– Otros hombres de la patota: el portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, y el picaboletos Guillermo Uño están acusados como partícipes necesarios, al participar en la recolección y ocultamiento de las armas. También va a juicio como partícipe Claudio Alcorcel, el delegado que llevó a Favale. Los ferroviarios Salvador Pipitó y Jorge González (delegado) buscaron evitar que C5N filmara y están acusados como partícipes secundarios.
Los jefes policiales del operativo: los comisarios Jorge Ferreyra, que pertenecía a la División Roca, y Luis Mansilla, de Control de Líneas. El comisario mayor Hugo Lompizano, el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. Ellos daban indicaciones desde la Dirección de Operaciones. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30, estaba en el lugar de los hechos. Están acusados de abandono de persona seguido de muerte, con una pena máxima de 15 años. El camarógrafo policial era David Villalba y dejó de filmar al iniciarse los disparos. Está acusado de omisión de deberes. Las querellas creen que todos ellos son partícipes del homicidio, y así lo plantearán.
Los que quieren anular todo
– En el primer día, los defensores intentarán frenar el juicio
El Tribunal Oral llegó a acumular 15 planteos de nulidad, recusaciones y otras chicanas de los abogados defensores para evitar el juzgamiento. Los acusados estarán hoy presentes, aunque es improbable que puedan llegar a declarar.
En las afueras de los tribunales habrá una movilización en reclamo de justicia para Mariano Ferreyra.
El primer día del juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra será una batalla de planteos que las partes tendrán que contestar y los jueces deberán resolver antes de adentrarse en el caso a pleno. El Tribunal Oral llegó a acumular un record de 15 cuerpos de nulidades, objeciones, recusaciones y chicanas de todo tipo de los abogados defensores, que hasta último momento siguieron intentando frenar el comienzo de las audiencias. Son cuestiones que parecen burocráticas pero que pueden generar efectos sobre el juicio. Con este escenario, es prácticamente imposible que empiecen las indagatorias en la jornada inicial, aunque los acusados tendrán que estar presentes porque sí se leerán los cargos en su contra.
Por la convocatoria de la familia de Mariano, el Partido Obrero, Hijos, la CTA y un sinfín de agrupaciones políticas y sociales, el edificio de Comodoro Py y la sala donde se hizo el juicio por el atentado a la AMIA, estarán muy concurridos. Más allá del público que, todo indica, desbordará la sala y los alrededores del edificio, habrá 30 abogados defensores para 17 acusados y seis abogados de las querellas que representan a Beatriz Rial (la mamá de Mariano) y a un grupo de heridos del Partido Obrero, entre ellos Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre. Todos llevan como consigna y expectativa la de conseguir “prisión perpetua” para (José) Pedraza y la patota de la Unión Ferroviaria.
– Entre las cuestiones que deberán resolver los jueces del Tribunal Oral N° 21 (Horacio Dias, Carlos Bossi y Diego Barroetaveña) está el bombardeo de planteos que hizo hasta el jueves último el abogado Oscar Igounet, quien defiende al picaboletos Guillermo Uño, cuando volvió a la carga con una recusación contra ellos sobre la que reclama que se expida la Cámara de Casación. Los acusa de actuar con parcialidad por no responder planteos suyos y porque dice que no lo invitaron a presentar prueba por la participación de los policías en el homicidio. Igounet, además, pidió el juicio político de los magistrados ante el Consejo de la Magistratura, por lo que también sostiene, que mientras tengan ese proceso abierto, el juicio oral no debería realizarse.
– El mismo jueves, el defensor oficial de Salvador Pipitó, Claudio Armando, hizo una sorpresiva presentación en la que dice que nunca se investigó en la etapa de instrucción si hubo una interrupción del servicio ferroviario (el día que mataron a Mariano) causada por los tercerizados y, por lo tanto, entiende que los jueces que estuvieron a cargo del caso incurrieron en encubrimiento. Es una presentación de más de cuarenta páginas que hasta pide que se investigue a los jueces inferiores, pero justamente por eso intenta debilitar el cúmulo de pruebas que llegan al juicio oral.
– También quedó pendiente un pedido de nulidad de las escuchas realizadas durante la instrucción de la causa. El abogado de Pedraza, Carlos Froment, cuestiona la validez de las que incluyen diálogos en los que habla el abogado Juan Araya (un histórico de la UF). Hay miles de horas de escucha en el expediente y muchas contribuirían en especial a probar el móvil económico y político de Pedraza y su número dos, Juan Carlos Fernández, para que se cometiera el ataque a los tercerizados.
– Algunos de los policías cuestionan también que se los juzgue junto con Pedraza y la patota. Otros piden que se anule su requerimiento de elevación a juicio porque no hay congruencia entre la imputación planteada por la jueza de primera instancia Wilma López, que los procesó por abandono de persona seguido de muerte, y las querellas, que les adjudican participación en el homicidio.
Para cuando empiecen las indagatorias, aún no se sabe quiénes aceptarán declarar de entrada. Las especulaciones entre los abogados apuntan a que podría hacerlo Cristian Favale y quizá también Pedraza. No está descartado que el tribunal siga haciendo medidas de investigación complementaria, como una reconstrucción en el lugar de los hechos, que reclaman algunas defensas.
La postura de las querellas
Detrás del asesinato de Mariano Ferreyra, explican en el CELS (querella de la familia), se advierte un intento por defender un modelo de sindicalismo empresarial. “Pedraza utilizó su rol de dirigente gremial para hacer negocios. Sin su liderazgo, no podría hacerlos. El ingreso de una masa de tercerizados le generaba un peligro concreto para esos beneficios”, dice Maximiliano Medina, uno de los abogados. Alberto Bovino agrega que “el plan que tenían los ferroviarios no podía haberse concretado sin la actuación de los policías, son partícipes del homicidio”.
La abogada María del Carmen Verdú (de la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional) sintetiza: “Hubo un plan criminal, orquestado por empresas, Estado y burocracia sindical, donde cada uno tuvo una tarea definida”. Verdú representa a los heridos junto con la abogada del PO, Claudia Ferrero. “Esperamos que le apliquen perpetua a Pedraza y castigos a todos los acusados. Una condena al autor intelectual sería una bisagra para la historia argentina y el movimiento obrero, en favor de la lucha contra la burocracia sindical. Este juicio mostrará el entramado del sindicalismo empresario con el Estado a través del manejo de los subsidios y los ferrocarriles”, dijo Ferrero.
– Por Irina Hauser – 6 de agosto de 2012 – Página 12
Carta a Mariano
– Por Agustín Fabbricatore *
Antes de empezar pido disculpas si en esta carta escribo con algún error, me voy a remitir a lo que mi memoria conserva de vos.
Querido Mariano:
Tuve la oportunidad de conocerte en aquel año 2010 recorriendo y militando los pasillos del CBC de Avellaneda. Esa sede en la cual siempre estuviste, desde que empezaste a militar con tu hermano. Tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas charlas en esas largas tardes de frío y de sol, cuando la actividad y la cantidad de estudiantes era menor. Vos en la mesa del PO y yo en la de Sur, que están una al lado de la otra.
Me has contado de tu hermano mayor, de la vez que él fue al Puente Pueyrredón aquel 26 de junio de 2002 y vos no porque promediabas la secundaria y eras chico. Es más, si la memoria no me falla, fuiste su cómplice para que tus viejos no se enteraran de que había ido frente al peligro de una represión. Recuerdo tu pasión por la música, tu intento fallido de irte a vivir con una chica con la cual salías. De mi parte pude contarte de mi militancia y mis comienzos en el centro de estudiantes del colegio, y hasta de mis diferencias políticas con mi viejo.
Como compañeros de diferentes organizaciones políticas, hemos debatido sanamente nuestras diferencias, vos aplicando la revolución permanente y yo, la liberación nacional. Diferencia de la cual partía cualquier análisis de la coyuntura actual. Me acuerdo de tu compañero Mauro, muy puesto en poder entender nuestra estrategia. Lo conservo como un buen recuerdo.
Antes de tu última movilización, Mauro me pidió que le cambiara el horario de laburo en la fotocopiadora para poder ir al corte de las vías.
El día en que ese asesino a sueldo se llevó tu vida no me lo voy a olvidar nunca. Me llama un compañero para contarme de esta nefasta noticia, por tener la cabeza en otra cosa no me había caído la ficha, hasta que prendí la televisión al rato. Vi tu cara en cada canal, en esa ambulancia, imágenes que realmente me shockearon. Puteé, bronca e impotencia me generó verte siendo víctima de estos burócratas sindicales que siguen enquistados.
Yo estaba con mi vieja, le conté que ese pibe que estaba viendo en la tele era el pibe con el que todos los días compartía un mate en el CBC. En ese mismo momento, Mariano, pasaste a ser una causa de todos, una lucha común contra la impunidad que no queremos que siga pasando. Al día de hoy, mi vieja recuerda mi angustia. Porque te pasó a vos, pero sabemos que nos podría haber pasado a cualquiera de los que dejamos la vida por una causa que creemos justa y por transformar la realidad. Los enemigos son poderosos y un asesinato no es un límite para ellos. Al toque salí al punto de concentración de la marcha, que se organizó en ese mismo momento. Sentí una sensación rara en ese viaje, muchas cosas se me vinieron a la cabeza, era una mezcla de dolor y de que todavía no lo podía creer. Apenas llegué, busqué a tus compañeros del CBC, se me hundió el pecho, se me aflojaron las piernas cuando los vi. Llantos, dolor, no me salieron palabras, no sabía qué decirles, el dolor fue más fuerte que todos nosotros. De Callao y Corrientes marchamos llenos de bronca a Constitución.
Todo el CBC te recordó, los profesores sacaban a los cursos para participar de las asambleas, los estudiantes te recordaban, los chicos que atendían el bar y la fotocopiadora te escribían cartas, pegábamos imágenes tuyas por todos lados. La sede fue víctima de un silencio desolador, muy contundente, nunca la había visto así. Porque se llevaron impunemente a un pibe sencillo, como uno.
De ahí en más la historia es la que más o menos todos conocemos…
En el inicio del juicio oral y público, los que tenemos un buen recuerdo tuyo y luchamos por un mundo más justo estaremos presentes para exigir JUSTICIA POR MARIANO.
* Miembro de la agrupación Sur, del Ciclo Básico Comun (UBA) de Avellaneda.
Cuando Pedraza se sentó esposado en el banquillo
– Por Irina Hauser
Empezó el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, con los dirigentes de la Unión Ferroviaria entre los acusados
En la primera audiencia se leyeron los cargos contra los imputados, entre quienes están la patota de la Unión Ferroviaria y siete policías. Los abogados defensores hicieron numerosos planteos de nulidad. El Tribunal Oral Criminal 21 ya rechazó una decena.
El acusado José Pedraza se dio vuelta en un momento y lanzó besos hacia su familia y el público.
Había pasado un buen rato desde la apertura del juicio, cuando José Pedraza, por primera vez en la mañana, se dio vuelta hacia donde estaba sentado el público y guiñó un ojo, sonriente. Pareció que el mensaje iba dirigido hacia su mujer y su hija, que estaban al fondo. Pero fue una situación incómoda, porque quienes se encontraban en primera fila y se toparon con ese guiño fueron el hermano, las dos hermanas y el padre de Mariano Ferreyra, asesinado el 20 de octubre de 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria (UF). Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, encabezan la lista de acusados que comenzaron a ser juzgados y que también integran ocho matones y siete policías federales. Se los responsabiliza por el homicidio del joven militante del Partido Obrero (PO) y las heridas sufridas por otras personas que participaban de la misma protesta contra los despidos y la tercerización en la línea Roca. En la audiencia de ayer se les leyeron los cargos, que prevén hasta prisión perpetua, pero la mayor parte del tiempo estuvo dedicada a la discusión sobre una andanada de planteos de nulidad –hasta del juicio íntegro– de parte de los abogados defensores. Algunos intentaron instalar la idea de que la investigación durante la instrucción inicial fue parcial y sesgada. En la misma jornada, el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC 21) rechazó una decena de nulidades y dijo que no veía motivos para no empezar. Hoy resolverá otra decena de cuestionamientos y luego empezarán las indagatorias.
Las primeras audiencias serán en los tribunales de Retiro, donde entran justo los treinta abogados defensores, los acusados, los seis letrados de las querellas y los damnificados, entre ellos Beatriz Rial, la mamá de Mariano; Elsa Rodríguez (baleada en la cabeza) y Nelson Aguirre (baleado en la pierna). “Yo quería estar ahí sentada, quería verles la cara”, le dijo Rial a Página/12, conmovida. “Y los vi, y sentí bronca”, suspiró. Al lugar para el público, detrás de un vidrio, la gente entraba a los codazos. Allí se mezclaron desde Martín Sabbatella, Victoria Donda, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, hasta Claudio Lozano, Vilma Ibarra, Horacio Verbitsky, Jorge Altamira, Beatriz Sarlo y la familia de Pedraza y Fernández. El TOC 21, que preside Horacio Días, hizo sacar el crucifijo del recinto y no exigió ponerse de pie al iniciar el debate.
La audiencia empezó cerca de las 11, cuando entraron los acusados esposados. Los policías, libres, habían llegado antes por su cuenta. El clima lo marcaron los comentarios socarrones del juez Días (ver aparte) y sus chispazos con los defensores y con la fiscal María Luz Jalbert, quien a poco de comenzar se quejó de que las querellas hablaron antes que ella sobre las nulidades. “Debí haber sido la primera”, gruñó.
La lectura de las acusaciones aportó un repaso de aquel día en que un grupo de trabajadores tercerizados del Roca, junto con el PO y otras organizaciones, fue a protestar a la estación Avellaneda. Iban a cortar las vías, pero la presencia de la patota los disuadió. El ataque se produjo cuando se retiraban. El barrabrava Cristian “Harry” Favale, ajeno a la UF, y el guarda Gabriel Sánchez están acusados de haber disparado. El portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el picaboletos Guillermo Uño, de recoger las armas para ocultarlas. Al delegado Jorge González y a Salvador Pipitó se los acusa de amenazar al equipo de C5N para evitar que filmara. Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece como reclutador, y Pablo Díaz, secretario de Reclamos del gremio, como el coordinador de la fuerza de choque, que además mantenía contacto con el Gallego Fernández, quien estaba en la sede de la UF con Pedraza. La acusación concluye que hubo un “plan criminal” para “aleccionar” a los tercerizados. Atribuye a Pedraza y Fernández una motivación política, ya que el ingreso de esa masa de trabajadores amenazaba su hegemonía en la UF, que a su vez les permitía mantener sus negocios. Las imputaciones por homicidio calificado pueden derivar en condenas a prisión perpetua.
A los policías se los acusa de haber liberado la zona para que actuara la patota. La acusación hasta menciona el llamado de un cabo al 911 pidiendo refuerzos por la falta de acción de los otros policías que estaban en Barracas. Los acusados son los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla, Hugo Lompizano, el principal Gastón Conti, los subcomisarios Luis Alberto Echevarría y César Garay y el camarógrafo policial David Villalba. Usaron, dice la imputación, teléfonos que no registran el contenido de las llamadas, tardaron en dar aviso a la Justicia, cortaron la filmación ante los disparos y dejaron ir a los agresores. La fiscalía los acusó por abandono de persona seguido de muerte, pero las querellas como partícipes del homicidio, lo que generó un fuerte debate.
Luego se debatieron cerca de veinte planteos de nulidad con que los defensores intentan dilatar el proceso. El defensor oficial Claudio Armando (de Pipitó) dijo que la instrucción fue “incompleta” porque nunca se investigó la tentativa de corte de vías de los tercerizados. A pesar de que el TOC 21 rechazó esa denuncia por innecesaria, más tarde, Alejandro Freeland (letrado de Fernández) se referiría a los manifestantes como “gente que va como hordas por la calle”, con “armas, palos y gomeras”, y se sumaría con un reclamo de nulidad absoluta de la elevación a juicio. “¿Me perdí algo y ya estamos en los alegatos?”, ironizó la abogada María del Carmen Verdú (Correpi), de la querella de los heridos. Al rechazar los planteos, se preguntó por qué ante crímenes políticos “siempre tenemos que dar explicaciones de lo que hacen las víctimas”. Tampoco hubo denuncia penal contra ellos, aclaró. El abogado Maximiliano Medina, del CELS (querella de la familia), dijo que Mariano no formaba parte de ninguna “horda” y coincidió con la fiscal en que el hecho ya fue descripto.
El abogado de Pedraza, Carlos Froment, también pidió la nulidad de todo al decir que detrás de una foja habían encontrado anotaciones a mano, en teoría de la fiscalía de instrucción, que decía que “mientras no se desbaraten los negocios de Pedraza y Fernández no van a declarar”. “Se direccionó el proceso hacia Pedraza, no se buscaba esclarecer el hecho”, sentenció. Tanto Jalbert como las querellas dijeron que eran solo papeles de trabajo. El TOC llegó a rechazar una decena de cuestiones clave, entre ellas un pedido de nulidad de las escuchas y otro de la elevación a juicio (porque aún tramita una recusación contra los jueces). Pedraza se despidió de su familia haciendo la “V” con la mano.
Protagonista inesperado
El presidente del tribunal, Horacio Días, se llevó el papel protagónico, con humor e ironía. Ni siquiera logró opacarlo José Pedraza, que en los cuartos intermedios les tiraba besos a su familia y al público ubicado en el primer piso. Los otros jueces (Carlos Bossi, Diego Barroetaveña e Inés Cantissani) observaban. Estos fueron algunos momentos célebres:
Ya eran cerca de las tres de la tarde, cuando Días dijo que se haría un cuarto intermedio. Uno de los defensores intentó oponerse.”Hago un cuarto intermedio de cinco minutos porque ya no aguanto más de hacer fuerza”, dijo, en evidente alusión a que tenía que ir al baño. La fiscal María Luz Jalbert le retrucó: “Que sean diez”. “Solo cinco. Si quiere venga conmigo ¡qué quiere que le diga!”, se la siguió Días. En cierto momento, el abogado de Pablo Díaz pidió que lo llevaran al penal porque se había levantado a las 4 de la mañana. La querellante María del Carmen Verdú acotó que no era argumento, porque mucha gente, incluso ella, se había levantado a las cuatro. Entonces Días volvió a dar la nota: “Doctora, no me caliente el ambiente”. El abogado de Guillermo Uño, Oscar Igounet, estaba a punto de plantear una nulidad cuando de pronto se le empezó a prender fuego un papel a causa de que lo tenía sobre la luz del escritorio. “Se me prende fuego”, gritó. Y Días agregó: “Si estuviese (Hugo) Chávez diría que hay olor a azufre” (el comentario que hizo el venezolano en la ONU por la presencia de George Bush).
