Consternación tras la decisión del Tribunal Oral 1 de Morón de rechazar los pedidos de “inmediata detención” presentados contra el religioso Julio Grassi, condenado por abuso sexual.
Riesgo de fuga del condenado, antecedentes de casos similares que acabaron en detención inmediata, demostrada inclinación a la reincidencia por parte de los pedófilos, una condena en dos instancias diferentes. Son muchas las razones aducidas por los abogados y fiscales para meter preso a Julio César Grassi, cuya condena a 15 años fue ratificada la semana pasada por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, y sin embargo el Tribunal Oral 1 de Morón lo ha dejado libre.
Al menos le han impedido acceder a los centros de Felices los Niños, institución que dirigía y en cuyo marco cometió los abusos, y que había seguido frecuentando los últimos años a pesar del proceso en el que estaba inmerso, y de que hace más de un año que fue condenado por el mismo Tribunal Oral 1 de Morón a 15 años de prisión por dos hechos de abuso y corrupción de menores.
Ya esta semana, una sentencia desestimaba las apelaciones que exigían la detención de Grassi, basándose en el derecho del acusado a agotar todas las instancias para defender su inocencia. Una decisión sin precedentes, que deja al cura libre y permite que siga clamando en medios afines que es víctima de una conspiración. Aquellos que llevan siguiendo el caso desde hace casi una década, que han representado y amparado a los chicos desde el principio, no salen de su asombro.
“Es contradictorio, por un lado el Papa anda paseando por el mundo pidiendo perdón, (por los casos de abuso sexual), y en este caso la Iglesia no interviene cuando hay dos sentencias que condenan a este cura” se escandaliza Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento a la aplicación de la carta de derechos del Niño.
Que la Iglesia no le haya retirado en ningún momento sus funciones eclesiásticas genera preocupación. Que la justicia lo mantenga libre denota, según Schulman, una “especie de arreglo entre las corporaciones judicial y eclesiástica.”
Corporaciones que se protegen
El psiquiatra Enrique Stola, fue el primero en ocuparse del caso, como él recuerda, pocas horas después de que las denuncias se hicieran públicas en el programa televisivo Telenoche Investiga, en 2002. Stola, contactó con Gabriel y Ezequiel, dos de los chicos que presentaron sus denuncias contra el padre Grassi y a los que asistió desde su profesión. Recordando los acontecimientos de los últimos años, y el calvario que han pasado estos chicos, Stola apunta también de fondo a una protección de “intereses corporativos” que han acabado por implicar la “deprivación de derechos” de los chicos.
Lo ilustra así: el proceso que sufrió Ezequiel, quien primero denunció, luego retiró la denuncia y más tarde volvió a declarar, sufrió lo que Stola denomina “inducción a la retractación, se le sometió a aprieto en sede judicial”, aclara el que fuera su terapeuta hasta 2003, momento en el que el joven retiró la acusación, como consecuencia de lo que Stola tilda de “maltrato judicial.”
A Gabriel, cuyas denuncias sí fueron admitidas al final, y suponen la base de la condena al cura, los fiscales le hicieron firmar “una renuncia para figurar como particular damnificado, lo cual permite acusar y entregar pruebas”, recuerda el psiquiatra, “diciéndole que pasara a ser testigo, que era exactamente lo mismo: no era lo mismo, eso sirvió a los defensores de Grassi para afirmar que nadie lo acusaba.” Fue en el 2007, y la justicia reveló una vez más no estar del lado de los jóvenes. Stola comunicó a Gabriel que iba a denunciar al fiscal, las cosas no podían quedar así. Así lo hizo.
“Conseguimos que tanto Gabriel como Ezequiel pudieran ser nuevamente particulares damnificados.” Y el testimonio de Gabriel derivó en una primera condena en junio de 2009 por abuso sexual y corrupción de menores. El testimonio de Ezequiel, junto al del tercero de los chicos que denunciaron, Luis, fue desestimado.
“Creo que no tomaron los hechos de Ezequiel porque tomarlos implicaba colocar en una mala situación a los funcionarios judiciales que lo presionaron” concluye Stola, tras recordar la intervención del chico en 2009. Fue después de que él mismo, en su propia declaración espetase a los jueces, según rememora: “Tengo que darles el crédito de que ustedes no saben nada de lo que están juzgando, que no saben qué es un pedófilo o qué sienten las víctimas cuando se sientan frente a un pedófilo, porque si no no hubiesen permitido que las víctimas estuvieran sentadas aquí bajo la mirada del cura.Y si saben, los han sentado aquí para paralizarles en connivencia con el cura.”
“De todos modos”, según recuerda Stola, “Ezequiel cerró los ojos y comenzó a hablar, todo lo que la pasaba, cosas que nadie sabía que iba a declarar”.
“Los tres chicos abusados venían de situaciones familiares vulnerables. Son chicos con dificultades para acceder a la justicia.” Sintetiza Schulman sobre el desamparo de los denunciantes, que hoy no han salido de su vulnerabilidad. Ezequiel y Luis siguen fuertemente afectados: “Uno de los chicos está estudiando intentando salir para adelante, otro está viviendo en otro hogar, a pesar de ser mayor de edad” cuenta la activista. “Gabriel tampoco está bien. Si Grassi no va preso, ¿cuál es la reparación que tiene? Hasta que no lo encarcelen no va a estar tranquilo.”
Más allá de este caso
El problema, sin embargo, transciende este caso. “Lo importante es no sólo hacer la crítica de este caso en particular, ¿cuantos otros chicos pueden estar en esta situación?” se pregunta Schulman. Y prosigue: “no es casualidad que todos ellos fuesen chicos que estaban en situación de mucha vulnerabilidad, chicos en situación de calle o sin una familia continente. Las grandes instituciones a veces encubren este tipo de situaciones”. Instituciones que, según la activista, son difíciles de controlar.
“El Estado no tiene políticas para proteger a los niños y niñas abusados (…). Hay programas pero no hay política de Estado, eso no estuvo nunca en la agenda presidencial” denuncia Stola por su parte. “Sabemos por la historia que la Iglesia Católica ha maltratado niños y niñas (…) cuando el estado delega sus funciones en la Iglesia, está abandonando a niños y niñas”.
Schulman coincide en el análisis, señalando por un lado que “no hay un sistema de protección de la familia” y por otro, “que falta una política pública para la atención a las víctimas.”
Y para acabar de retratar la soledad de las víctimas, Stola apunta a los jueces: “Dentro del poder judicial hay una minoría de jueces capacitados. Los demás no tienen conocimiento de la problemática del abuso pero actúan de buena fe. Y hay otros que actúan de mala fe, de acuerdo a sus creencias religiosas”.
– Sarah Babiker – Argenpress
