“Asistí a las más terribles escenas: prisiones, fusilamientos, masacres, asaltos” diría varías décadas atrás Manuel Scorza refiriéndose al trabajo que realizó como periodista clandestino en la zona de los Andes Centrales, en Perú.
Allí una compañía minera norteamericana, con la venia del gobierno de turno, se apoderaba de los terrenos que pertenecían a los campesinos, impidiéndoles acceder a las fuentes de agua, a los lugares de pastaje y hasta el libre tránsito cercando los caminos.
Hubo desalojos masivos, encarcelamientos, emboscadas, matanzas. Pero casi nada de esto se reflejo en la prensa. Nada se decía del abuso de poder de los grandes terratenientes y de la explotación de los campesinos, de las condiciones miserables en la que vivían, viendo cómo la tierra de sus ancestros era explotada por el extranjero.
Sus vivencias serían volcadas en una ciclo de novelas que comenzarían con Redoble por Rancas, esta publicación sirvió para que Héctor Chacón, uno de los personajes reales que recoge en su obra, fuera liberado en 1971. En 1975 comenzaría la “reforma Agraria”.
Quien ha leído a Scorza no puede dejar de hacer un paralelismo con lo que ocurre hoy en Bolivia.
La situación de los pueblos originarios sigue siendo un tema pendiente en América latina.
En cada uno de nuestros países, con mayor o menor crudeza, los descendientes de los primeros habitantes de la América precolombina son avasallados por los que más tienen, con distintos argumentos.
En nuestro país las comunidades quilmes y amayra, entre otras siguen reclamando el derecho a sus tierras y al uso de las mismas según sus patrones culturales.
Es que este continente que abrió sus puertas a “todos los hombres del mundo” que quisieran habitarlo, las cerró a los que históricamente eran sus dueños.
Las legislaciones a favor de estos han llegado a finales de siglo y poco han contribuido a la mejora de su calidad de vida.
Esta legislación parece débil contra siglos de deformación cultural, basada en la exaltación de lo europeo y en el descrédito de lo propio.
El caso de Bolivia
Bolivia es un país multiétnico donde la mayor parte de la población indígena se encuentra en La Paz y Oruro (Grupo aymará), y Cochabamba y Potosí (grupo quechua).
En contraste en la región del oriente y suroeste se encuentra una menor proporción de población indígena debido a los flujos migratorios.
Al respecto Horacio y Javier Núñez, en un estudio sobre la discriminación en Bolivia dividen al país en tres regiones bien diferenciadas: el altiplano
(Oruro, La Paz, Potosí), el valle (Cochabamba, Tarija, Chuquisaca) y el llano (Santa Cruz, Beni y Pando).
Establecen que la zona de menor ingreso promedio es la del
Altiplano y la de mayor promedio es la de los llanos. En su estudio indican además, que los profesionales ganan cuatro veces lo que los no profesionales.
También se refieren a que hay una gran brecha entre la calidad de educación recibida por los no indígenas y los indígenas.
En 2004 el país tenía un médico por cada 1.364 habitantes. La mortalidad infantil es una de las más altas de Sudamérica (52 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos en 2006) y todavía son comunes en algunas regiones la malaria, la disentería y la tuberculosis.
Los servicios médicos y hospitalarios son inadecuados en las zonas rurales.
Los intentos gubernamentales por cambiar el estado de cosas se enfrentan con los que intentan mantener el estatus quo.
Un país dividido
Un poco de historia…
– El 8 de abril de 2000 el presidente Hugo Banzer establece el estado de sitio, intentando detener las protestas que tenían lugar en Cochabamba. Sin embargo, no pudo contener el estallido social del campesinado indígena sumido en la pobreza. Su gobierno se caracterizó por huelgas, cortes de carreteras y enfrentamientos con fuerzas militares (sobre todo en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) protagonizada por indígenas.
– Los reclamos populares fueron las banderas asumidas por el MAS y por el Movimiento Indígena Pachakuti que propiciaron revueltas en las principales ciudades del país. Esta situación llevó a Sánchez de Lozada a dimitir el 17 de octubre del 2003 y fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Mesa.
– Mesa convocó un referéndum sobre la futura política energética nacional el 18 de julio de 2004, los ciudadanos se pronunciaron sobre cinco cuestiones: abrogación de la Ley de Hidrocarburos, recuperación de la propiedad pública de todos los hidrocarburos en boca de pozo; refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; utilización estratégica del gas para lograr una salida soberana al océano Pacífico; exportación de gas, garantizado el consumo interno a la industrialización y la asignación de recursos al desarrollo social .
Sin embargo, en octubre de ese año, mineros y campesinos se concentraron en La Paz y su presión fue determinante para que la Cámara de Diputados diera su visto bueno al borrador de una nueva Ley de Hidrocarburos que satisfacía las demandas de Evo Morales y del MAS, así como de la Central Obrera Boliviana.
– En enero de 2005 un denominado, Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rubén Costas (conformado por empresarios, sectores sindicales y alcaldes), se reunieron en cabildo y anunció la inmediata elección de una Asamblea que propiciara el autogobierno departamental. Costas proclamó la autonomía y anunció que el Comité convocaría elecciones para nuevo prefecto y un referéndum que materializara la configuración de Santa Cruz como estado autonómico. Mesa renunció, pero su renuncia no fue aceptada. Se buscó llegar a la pacificación del país por medio de la Ley de Hidrocarburos, así como la celebración de comicios para prefectos departamentales y para elegir una Asamblea Constituyente, y de un referéndum sobre la posible implantación de un Estado autonómico.
Finalmente se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos, que establecía que las empresas petroleras extranjeras deberían pagar un 18% de regalías y un 32% de impuestos directos. Morales reclamaba el 50% de las regalías.
– La Ley de Hidrocarburos, no sastifizo a las partes. Las organizaciones de indígenas, campesinos y mineros, las reivindicaciones populares, guiadas principalmente por el MAS, la Central Obrera Boliviana (COB, liderada por Jaime Solares), las juntas vecinales de El Alto (con Abel Mamani al frente) y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe, se centraban en luchar contra la Ley de Hidrocarburos y en frenar los procesos autonomistas unilaterales de Santa Cruz y Tarija. Las antagónicas posturas de las organizaciones populares del Altiplano y de los departamentos orientales se radicalizaron, y Mesa dimitió.
– En el 2006 fue elegido presidente Evo Morales, candidato del MAS, que logró el 53,7% de los votos con la promesas de la “refundación” del Estado boliviano, la liquidación de las políticas neoliberales, el antiimperialismo, la nacionalización de recursos naturales, como los yacimientos de gas y petróleo que incidió en que ello no supondría la confiscación o expropiación de bienes de empresas extranjeras, sino la recuperación por parte del Estado.
– El 10 de diciembre del 2007 se sancionó la Nueva Constitución que establece que Bolivia pasa a ser un Estado plurinacional, social y comunitario y fundamentalmente los derechos indígenas se encuentran reconocidos por primera vez en el texto constitucional. “Esto permitiría que los pueblos originarios logren su autodeterminación y puedan gobernar sus territorios basados en sus normas propias, usos y costumbres. Habría múltiples sistemas de justicia, además de control y poder de veto sobre los recursos naturales que se encuentren en sus territorios”.
– Casi inmediatamente los estudiantes de la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se cruzan apurados con las señoras de la Asamblea de la Cruceñidad. Organizaron una huelga de 48 horas contra la nueva Constitución, con el apoyo de las provincias más ricas: Santa Cruz, Tarija, Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Pando que aportan el 80% del PBI. resurge el tema de la autonomía unilateral del gobierno central.
– Los santacruceños sostuvieron las posiciones más duras, no aceptaron que la nueva Constitución que les quitó muchos de sus privilegios y les recortó el impuesto petrolero que reciben las seis provincias de la “media luna” opositora, para financiar las jubilaciones de cientos de miles de aymaras del altiplano.
Bolivia quedó partida en dos bloques bien definidos: quienes consideraron legítima la nueva Constitución y quienes la desconocieron.
La Masacre de Pando, del 11 de septiembre en Porvenir, donde en una primera instancia 15 personas murieron, 37 resultaron heridos y otras 106 están desaparecieron, parece sólo un eslabón más de una cadenas de violencias y desencuentros donde los que más tienen no reconocen los derechos de los que no tienen sus privilegios.
Según fuentes informativas, fueron ”los sicarios brasileños y peruanos financiados por el prefecto Fernández que produjeron la masacre, porque no hubo un enfrentamiento, ya que los campesinos sólo tenían palos para defenderse y fueron atacados con armas de fuego”.
Pero lejos de horrorizarse por la muerte de un ser humano, los opositores aumentaron la violencia de sus discurso. Los dirigentes sin pudor ni respeto por la investidura presidencial descalificaron a Evo Morales; se escucharon frases como “Esta vez, ese indio va a morder el polvo”, “Evo, colla maldito”, “Evo, títere de Chávez”.
Es que el racismo y los intereses económicos son los pilares en lo que se asienta una lucha fraticida que divide a Bolivia en dos y no le permite superar sus dificultades.
Pero pensar que es sólo un problema de Bolivia es una ingenuidad. Toda América latina tiene una deuda postergada continuamente en el tiempo con los pueblos originarios y un desconocimiento de su identidad, y esta cruda realidad debe cuestionarnos a cada uno de nosotros.
– Para leer notas de C. Cusi Grau, columnista de Salta 21, hacer click en el nombre de la autora.
