Periodistas cómplices de la dictadura militar en Salta

El ex secretario general del Sindicato de Prensa, Juan Carlos Marocco; su cuñado Rubén Zalazar; el ex diputado provincial Eduardo Ernesto Barrionuevo y el periodista Roberto Ramón Chuchuy, director del semanario El Cronista de Salta, fueron adscriptos a la Policía provincial en enero de 1976.

Revelan nombres de periodistas adscriptos a la Policía en 1976

La novedad se conoció durante la audiencia del 30 de junio en el juicio por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Durante la declaración del oficial retirado Antonio Saravia, que fuera jefe de Informaciones Policiales, el abogado David Leiva, querellante por la organización de derechos humanos Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, intentaba saber si en ese Departamento se realizaban tareas de inteligencia de manera encubierta, lo que fue rechazado por el testigo.

Entre las preguntas sobre las acciones de policías miembros de esa repartición, como el oficial Oscar Tapia, le preguntó si conocía a Marocco, Zalazar, Chuchuy y Barrionuevo. Saravia afirmó que no trabajaban para su departamento.

El querellante informó que en enero de 1976, por decreto 113, el entonces interventor provincial, Ferdinando Pedrini, ordenó adscribir «al personal de la Dirección de Información Parlamentaria, Bibliográfica y de Prensa que seguidamente se detalla, a la Policía de la Provincia, desde la fecha de su notificación y en mérito a necesidades de servicio».

El decreto, fechado el 27 de enero de 1976, detalla a continuación los nombres de Juan Carlos «Ututo» Marocco; Roberto Chuchuy, Rubén «Pino» Zalazar y el conocido Eduardo «Garfio» Barrionuevo. El decreto no indica qué actividades iban a cumplir en la Policía.

Por dichos de otras personas, se sabe que en la década del 70 Zalazar era policía y que se desempeñaba como chofer del director de Seguridad, Joaquín Guil.

Periodistas que trabajaban como tales en esa década se sorprendieron ayer al enterarse que era parte del personal de prensa parlamentaria.

Sobre Chuchuy, que en los 70 era dirigente de las 62 Organizaciones, en 1983, tras la reinstauración de la democracia, fue parte de los reincorporados a la Legislatura mediante una ley propuesta por la entonces diputada provincial Silvia Troyano, también periodista, que impulsó la reincorporación de los cesanteados durante la última dictadura cívico militar.

Denuncia contra “Paco” Mosquera

El abogado David Leiva, querellante en la causa Ragone, denunció ayer ante la Fiscalia Federal Nº 2 de esta ciudad, al ex director técnico del Club Gimnasia y Tiro, Gustavo Francisco «Paco» Mosquera, como integrante de la Triple A.

El letrado pidió que se cite a declarar a Carlos Melián, quien anteayer afirmó en el juicio por Ragone que Mosquera era miembro de la Triple A.

En la década del 70 Melián militaba en la Juventud Sindical Peronista, una «organización de extrema derecha, en la que militaba en Salta Juan Manuel Ovalle, quien está imputado en la causa Nº 286/04, en la que se investiga, entre otros casos, la desaparición de Silvia Benjamina Aramayo» , docente de la UNSa, en la que se presentó prueba que «acredita que la Juventud Sindical Peronista convocaba a exterminar la subversión marxista», afirmó el denunciante.

Juicio por Ragone: detienen a otros dos policías por falso testimonio

Los policías retirados Antonio Saravia y Néstor Liendro quedaron detenidos ayer, alojados en dependencias de la Policía Federal, por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, que hizo lugar a un pedido del fiscal federal Horacio Azzolín, quien los acusó por falso testimonio.

Los dos oficiales retirados tuvieron participación en las acciones que llevó a cabo la Policía inmediatamente después del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976.

Ambos fueron citados como testigos en el juicio oral y público que se sigue por este hecho, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal.

Si bien ambos insistieron en que desean colaborar con la justicia, y brindaron alguna información, el fiscal consideró que estaban ocultando la verdad, basándose en las muchas contradicciones en las que incurrieron.

La audiencia de ayer duró casi todo el día. Declararon seis testigos, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el ex senador nacional Horacio Bravo Herrera y el periodista Luis César Andolfi.

En marzo de 1976 Saravia estaba a cargo del Departamento de Informaciones Policiales (que antes se llamaba División de Contralor General), que tuvo intervención en el sumario iniciado ni bien se cometió el secuestro. Pero el ex jefe afirmó ayer que su Departamento no realizaba sumarios, y que «no tuvo participación en la lucha antisubversiva».

Sus afirmaciones fueron rápidamente desmentidas cuando el fiscal las contrastó con el expediente, en el que consta que el propio Saravia había firmado un radiograma enviado a las dependencias policiales de la provincia, además de otros trámites llevados a cabo.

«Más allá de que es el primer testigo policía que reconoce la existencia del D2 (el Departamento de Informaciones Policiales, que hacía tareas de inteligencia), tiene contradicciones con las constancias del expediente. (…) Evidentemente, con su declaración lo que está haciendo es ocultar información», sostuvo el fiscal al pedir su detención y encausamiento por falso testimonio. Dijo que el policía intentó «contentar al Tribunal» dando información sobre el D2.

Saravia fue uno de los veinte policías que en junio de 1973 fueron acusados de cometer vejámenes durante la dictadura de Lanusse.

El abogado Martín Avila, querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, le recordó que en realidad fue Ragone, cuando Rubén Fortuny era jefe de la Policía, quien los suspendió en sus funciones, el 12 de julio de 1973.

Para el caso de Liendro, que en 1976 era subcomisario y era el tercero en la línea de mando de la Comisaría Primera, que intervino en las primeras actuaciones por el secuestro del ex gobernador, el fiscal también entendió que no estaba siendo sincero, basándose en las contradicciones entre el testimonio de ayer y el que dio durante la instrucción (en 2005) y con las constancias del expediente.

El fiscal advirtió que es sistemático que policías vengan al juicio a tratar de hacer creer que andaban «como caballos con anteojeras», sin enterarse de nada.

Señaló que los subalternos dicen que todo lo hicieron los comisarios, y éstos dicen no haber hecho nada.

«No fue nadie o fueron todos», reflexionó antes de pedir la detención de Liendro y su encausamiento por falso testimonio.

El último testigo de la jornada, Miguel Agüero, que era «cuñado, compadre y amigo» de Fortuny, también se refirió a los policías.

Ex policía, en 1973 acompañó a su pariente en la gestión, fue nombrado secretario general de la Policía y tuvo participación en la investigación a los oficiales acusados por vejámenes. Contó que el policía Julio de Ugarriza, sindicado como el asesino de Arredes en el secuestro de Ragone, ya sobreseído, «era un experto en armas. Era campeón de tiro».

– Publicado en Nuevo Diario de Salta el 1 de julio de 2011