Es paradójico que el gobierno pretenda que el interés de los indígenas está representado por un Instituto al que ellos desconocen y repudian, y que se promueva el turismo usando como atracción a comunidades que lo rechazan como un negocio privado…
Dos de las acciones que más llamaron la atención durante la Tercera Marcha del Pueblo Kolla que forzó en el Grand Bourg una entrevista con el gobernador, en principio reacio a concederla, fue el repudio al IPPIS -cuya sede los manifestantes clausuraron simbólicamente- y el rechazo al turismo empresarial: se pronunciaron en contra de la apertura de la Hostería de Nazareno y de la construcción de la Hostería de Santa Victoria, al tiempo que exigieron que la Terminal Turística de Iruya sea administrada por el Consejo Indígena de esa localidad.
También es llamativo que en momentos en que el gobernador Juan Manuel Urtubey canta loas a la minería los pueblos que ancestralmente habitan los valles y la Puna adviertan:
«Decimos no a los emprendimientos mineros. Ese modelo de desarrollo se basa en el saqueo de los recursos no renovables, en la contaminación, en la pérdida de agua, la explotación y la muerte de nuchos hermanos, avalado por el estado, es un emprendimiento genocida por esto decimos no a los emprendimientos mineros».
El IPPIS viola los derechos indígenas
La Coordinadora de Organizaciones Kollas de Salta Qullamarka denuncia que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas «nunca ha respondido a las demandas reales de los pueblos originarios de Salta». Y citan como ejemplo los casos de muertes por desnutrición de niños del pueblo wichi, la pérdida de territorios ancestrales, los desplazamientos de comunidades para favorecer el monocultivo, el robo de recursos no renovables como petróleo, gas, minerales, agua, y la pérdida de la biodiversidd de flora y fauna.
En el documento entregado al «Responsable Institucional del IPPIS», los kollas afirman:
«Estas son sólo algunas de las tantas demandas que el IPPIS no ha podido resolver y por este motivo lo denunciamos como institución pública violadora de derechos indígenas, una farsa de participación, y hemos resuelto declarar su falta de representatividad legítima y antifuncionalidad. Como instituto pueden decir que están haciendo cosas para los pueblos indígenas pero las personas que lo integran no nos representan ya que ocupan cargos políticos que responden a una lógica y a un modelo que no es lo que esperamos desde las comunidades. Lametamos que dentro de esto haya hermanos indígenas que desde su creación forman parte, siendo cómplices de sus prácticas».
Por ello indican que el IPPIS debiera ser de los pueblos originarios y responder a sus demandas, que debe responder a las organizaciones y comunidades respetando sus pautas culturales, que no debe tomar decisiones sin previa consulta a los pueblos, que los fondos que recibe deben darse a conocer a los indígenas, que ante esta situación de enajenamiento del IPPIS la única institución representativa del pueblo kolla de Salta es el Qullamarka -Coordinadora de Organizaciones Kollas- y que los kollas no participarán -para no ser cómplices- de las elecciones de delegados para el proceso de «regularización» porque no están dadas las condiciones de transparencia, legalidad y real participación en los términos del artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
En el ministerio de Turismo las comunidades indígenas del Qullamarka dejaron un documento en el que demandaron el cumplimiento de los siguientes puntos:
– No al Turismo Empresarial.
– No a la apertura de la Hostería de Nazareno.
– No a la construcción de la Hostería de Santa Victoria Oeste.
– Administración por parte del Consejo Indígena de Iruya en cuanto a la Terminal Turística.
Ante la pregunta de Salta 21 sobre el alcance del rechazo al turismo por parte de las comunidades indígenas, uno de los dirigentes que participaba en la Marcha señaló que a lo que se oponen es a la explotación empresarial privada y que cada pueblo decide su posición acerca de la posibilidad de aceptar o no la actividad turística como una opción para el beneficio de toda la comunidad.
Lo que ellos perciben es que desde el gobierno se favorecen ciertos intereses privados en lugar de propender al bien común de las comunidades indígenas.
