El gobierno nacional intenta despegarse de la gestión del Estado Bonaerense y responsabiliza al gobernador Scioli.
Culminó el primer semestre y Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, puso de manifiesto la crítica situación fiscal, ya que el gobierno provincial decidió abonar el medio aguinaldo en cuatro cuotas consecutivas, sin diferenciar niveles de ingresos, y cancelar deuda a acreedores diversos con bonos de la deuda pública provincial.
Una de las características de política económica en la década ha sido el superávit fiscal del Estado nacional y las provincias. El caso bonaerense hace visible un problema que ya venían expresando otros estados provinciales y que afecta al fisco nacional. En esta ocasión, la Nación tuvo que asistir financieramente a la Provincia, aún cuando la cifra no alcanzó para resolver el pago completo del medio aguinaldo, y motivó el pago en cuotas a los trabajadores estatales.
La respuesta de los estatales, profesionales y trabajadores de la salud, de la justicia, y otras dependencias públicas se movilizaron en todo el territorio provincial reclamando el pago unificado y denunciando una política de ajuste sobre los ingresos de los trabajadores estatales.
Vale consignar la importancia de la cuestión salarial en Buenos Aires, el distrito de la Argentina con la mayor cantidad de empleo público provincial, lo que representa casi un 1/3 del total de los estatales provinciales. Siendo la Provincia con mayor cantidad absoluta de trabajadores estatales es uno de los Estados provinciales con menor densidad de trabajadores por habitantes, situación que comparte con Santa Fe y Córdoba, siendo las tres provincias las que concentran la mayor cantidad de población en la Argentina.
Son datos para pensar, sea el papel del Estado y la cantidad necesaria de trabajadores para un efectivo y satisfactorio cumplimiento del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, al entretenimiento o la cultura; tanto como el papel del empleo estatal en las provincias de menor densidad poblacional para disminuir el desempleo o subempleo y contener el conflicto social. Esto último es válido, especialmente cuando constatamos la diferencia salarial en los distintos niveles del Estado, reduciéndose en la medida que se desciende desde el ámbito nacional al provincial, y de éste al municipal. El promedio del salario de los estatales nacionales duplica al de los trabajadores de los Estados provinciales, los que al mismo tiempo duplican el ingreso de los trabajadores municipales, evidenciando un desequilibrio inequitativo, asociado a una des-jerarquización de ingresos de los trabajadores en el ámbito de las Provincias y de las localidades del interior del país.
El gobierno nacional intenta despegarse de la gestión del Estado Bonaerense y responsabiliza al gobernador Scioli, quedando claro que se asiste a un nuevo capítulo de la crisis política en el núcleo hegemónico del gobierno ampliado (Nación + Provincias). Parte de la crisis se procesa en la justicia, con un fallo contra el gobierno en primera instancia, que exige el pago completo del medio aguinaldo. Habrá que ver como sigue el tema en segunda instancia y más allá.
El capítulo anterior de la crisis en el núcleo hegemónico se procesó con Moyano y la actual conducción de la CGT, esperándose una nueva fragmentación de la Central mayoritaria.
Ahora, el conflicto es entre el gobierno nacional y el provincial, como sucesión de una historia que discute hegemonía política sobre la administración del orden económico, político y social.
Reaparecen los condicionantes institucionales del 90´
Detrás de la crisis fiscal se encuentran los fenómenos estructurales que condicionan el funcionamiento del capitalismo en la Argentina.
Por un lado, la reforma del Estado, heredada de la década del 90, donde la descentralización, uno de los ejes del decálogo del Consenso de Washington, agranda la responsabilidad fiscal de los Estados provinciales por el gasto transferido desde la Nación. Al mismo tiempo se generaron condiciones para la dependencia financiera de las provincias a la nación, algo visible en la coyuntura.
Por otro lado se destaca el papel de la deuda pública en el privilegio del gasto público nacional, condenando a los trabajadores estatales y al gasto social a ser variables de ajuste estructural. En efecto, al mismo tiempo que se comunicaba la imposibilidad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires para cumplir con el pago a los empleados públicos y a los proveedores, el Directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó la afectación de 4.165 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda pública en el tercer trimestre del 2012 (Julio a Septiembre).
A los trabajadores bonaerenses se les cancela el medio aguinaldo en cuatro cuotas (dos en el mes de julio del 15% cada una, otra en agosto por un 30%, y el resto en septiembre), mientras que a otros acreedores (de la deuda pública) se les cancela al contado, dando fe de un “Estado buen pagador”.
Curiosamente, con los trabajadores movilizados en protesta por el “ajuste”, el mismo día, el BCRA resolvía destinar 1.597 millones de dólares para atender vencimientos con organismos internacionales, y 2.568 millones de dólares para cancelar deuda con acreedores privados, incluido el Boden 2012, con vencimiento en agosto próximo.
La crisis del 2001 sigue pagándose en detrimento del ingreso de los trabajadores y afectando la calidad de vida de los sectores de menores recursos.
La medida adoptada por el BCRA supone satisfacer mayoritariamente a acreedores externos de la deuda pública, sean los organismos internacionales, o los tenedores extranjeros de los títulos en cuestión.
Esos fondos salen del BCRA contra documentos de pagos a futuro por la tesorería nacional, y se suman a otros títulos emitidos oportunamente. Las reservas internacionales rondan los 46.500 millones de dólares, compuestos crecientemente por deuda del Estado Nacional, cuyos vencimientos se escalonan en los próximos periodos de gobierno después del 2015.
Como vemos, la cuestión se desencadena por las reformas estructurales, con la base de los años 90´, descentralización estatal y endeudamiento externo.
Con la descentralización de personal sin transferir fuentes de ingresos suficientes, el resultado fue el deterioro de los ingresos de los estatales provinciales, que son la mayoría del empleo público en la Argentina. Un Estado con salarios deteriorados contribuye seriamente en boicotear la calidad, eficiencia y compromiso del trabajador en un proyecto público, es decir, asumido por el conjunto de la población.
El peso de la deuda y los pagos de intereses y servicios de la misma es clara demostración que el proyecto público presente de “desendeudamiento” favorece a los acreedores externos, parte del núcleo del poder en la Argentina. A éstos se suman las transnacionales de la mega minería, la soja y el agro negocio, y las transnacionales de la producción y los servicios, a quienes se invita regularmente a invertir en el país, claro que a cambio de satisfacer sus objetivos de importantes ganancias, retaceadas en estos tiempos de crisis del capitalismo mundial.
El camino del ajuste desemboca en crisis
En síntesis, la crisis fiscal, a la que se suman los problemas comerciales y que ponen de manifiesto las dificultades para sostener el superávit del comercio exterior y las restricciones a la compra de dólares, hablan del límite a dos aspectos centrales de la bonanza económica de estos años: el superávit fiscal y comercial en paralelo. Una vez más, el problema pretende resolverse con ajuste en el ingreso de los trabajadores. La respuesta se manifiesta en protestas diversas y aún desarticuladas políticamente.
El desafío se concentra en la construcción de una alternativa política que pueda expresar la diversidad de protestas y de formas organizativas que surgen en la coyuntura, sean los estatales bonaerenses en la calle por el medio aguinaldo, los judiciales por la porcentualidad en sus ingresos, los trabajadores de la construcción que el sur demandan ser equiparados a los petroleros; o las protestas de los pueblos fumigados, las poblaciones contra la mega minería a cielo abierto, y múltiples otras formas y demandas de crítica y confrontación de una sociedad no escuchada y en creciente proceso de organización y manifestación de sus demandas, intereses y sueños.
Todo ello constituye la base de un proyecto a discutir para organizar la sociedad sobre la base de la satisfacción de las necesidades de la mayoría. Una lógica diferenciada de la de la ganancia que hoy preside el desarrollo económico en el país y en el mundo.
La crisis global del capitalismo en la contemporaneidad convoca a cambios, los que se procesan nacional y regionalmente en función de la historia de los pueblos. Es evidente que en la crisis actual se manifiesta la agresividad del poder de las clases dominantes, evidenciado en estos días en Paraguay y en las amenazas crecientes sobre el proceso boliviano.
En la Argentina también se sienten las presiones y acciones de las clases dominantes. Así como la movilización popular en la rebelión del 2001 creó las condiciones para el cambio y en la Argentina ya no se pudo ganar institucionalmente con el discurso neoliberal, en la actualidad, será también la movilización social la que genere las condiciones de emergencia de un proyecto político alternativo.
– Julio C. Gambina
Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor de Economía Política, U. N. de Rosario. Profesor de posgrado en diversas Universidades en Nuestramérica. Presidente de la Fisyp. Integrante del Comité Directivo de Clacso.
– Fuente: Rebelión
