Durante el transcurso de la última década recrudeció la polémica en la conservación y el manejo de los recursos naturales renovables del Chaco Salteño. Finalmente a través de la presión ejercida por organismos financieros internacionales (Banco Mundial) se realizó el programa de ordenamiento territorial (POT) que sería el puntapié inicial para convertir al Chaco en un “mundo verde y feliz”.
Los tecnócratas que realizaron el proyecto no sólo eran de baja idoneidad sino que algunos de ellos conocieron el Bioma por primera vez. Tanto los gobernadores de turno (Romero, Urtubey) aceptaron gustosos la ejecución de los proyectos que venían aceitados con créditos, cargos y subsidios. La burguesía que apetecía esos bosques, que se convirtieron repentinamente en reservas de la expansión de la frontera agropecuaria, nunca pensó que esta “moda verde” llegaba hasta a cuestionar la propiedad privada.
La punta de lanza de las ONGs que suplantan el rol del Estado es Greenpeace (Paz Verde); sino es verde: guerra.
La secundan un sin número de organizaciones nacionales y transnacionales, ecologistas y religiosas, que se arrogan el derecho de representar a los criollos y aborígenes que habitan una parte del territorio. La cuestión aborigen es muy compleja y no tendrá solución que surja de proyectos internacionales. Las dirigencias aborígenes actuales, acostumbradas a pactar con gobernadores, religiosos, y últimamente ONGs, tampoco tienen intenciones de terminar con el polémico manejo de los recursos.
Casi calcando el manejo de los caciques sindicales peronistas en otras regiones del país negocian, venden y compran posiciones y posesiones con una habilidad sorprendente. Muchos de ellos enriqueciéndose. En la provincia, y acercándonos a períodos electorales, Romero acusa a Urtubey que su familia realiza desmontes ilegales. Urtubey, por su parte, lo acusa no sólo de desmontar ilegalmente, sino de realizar negocios inmobiliarios. Entre ellos, y como número tres en el ring, Greenpeace, dirimiendo quién es el más razonable para los intereses de la multinacional verde. El árbitro va a definir cuáles tierras se desmontan y cuáles no, demostrando una vez más la ineptitud de las clases dirigentes argentinas, aún para administrar algo que ya se habían apropiado durante el siglo XIX. En cualquier momento, para victimizarse, algunos de los actores aportará algún cadáver a esta escalada de violencia, consecuentemente, la cotización de las acciones de Greenpeace en el mundo subirá rápidamente.
Esta es la cuestión. ¿Qué hacer? SE DEBE PARAR TOTALMENTE LOS DESMONTES SIN PEDIRLE PERMISO A GREENPEACE NI AL ESTADO PROVINCIAL LACAYO DEL BANCO MUNDIAL.
Esta clase dirigente no tiene derecho histórico a continuar realizando desmontes. Se debe detener éste proceso, hasta que un gobierno realmente popular determine cuáles son las áreas y en favor de qué clase será el usufructo de ese desmonte. No es con categorizaciones ni recategorizaciones que PRETENDEN delimitar las áreas que se deben habilitar para ser aprovechadas con nuevas formas de producción. Hasta hoy el POT es una cueva de corruptos y coimeros en el anterior y en éste gobierno. ¡Se acabó!: no hay desmontes para nadie. Todos se van a oponer: Greenpeace, porque no tiene a quién extorsionar; los Caciques, porque se van a quedar con una limosna MÁS pequeña; el Estado Provincial porque ya no recibirá la dádiva del Banco Mundial; y los tecnócratas, gestionadores de coimas, porque ya no harán sus INÚTILES planes de Impacto Ambiental.
NADIE DEL SISTEMA VA A APOYAR ÉSTA CONSIGNA. PERO PAREN LOS DESMONTES DEFINITIVAMENTE YA ¡¡TODOS!!
Los organismos provinciales han demostrado su incapacidad de realizar las funciones de control, monitoreo y represión de las grandes empresas, por lo tanto la Corte Suprema de la Nación se deberá hacer cargo e indicar cómo custodiar estos Recursos Naturales. Este no es el momento histórico para continuar avanzando con la frontera agropecuaria, porque ese avance no trae beneficios para los pobladores. Sólo sirven a los intereses de la clase dominante.
