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viernes, abril 26, 2024

Recalculando: Gobierno propondrá aumento de “apenas” 200% en el gas para reducir el costo político del tarifazo

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Se publicarán este martes en la página web del Ministerio todos los detalles de la oferta pública que presentará el oficialismo.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que el Gobierno propondrá un aumento promedio para las tarifas de gas de un 203% en la próxima audiencia pública.

Formuló tales declaraciones al concluir una reunión que mantuvo con algunos gobernadores y funcionarios de Energía de las provincias, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El Gobierno publicará este martes en la página web del Ministerio todos los detalles de la oferta pública que presentará en la audiencia que se realizará el próximo viernes 16 de septiembre en el Centro Cultural la Usina del Arte de esta Capital.

La información sobre la propuesta oficial había sido anticipada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien también participó de la reunión.

“El aumento general que se está planteando es del 203%”, puntualizó el mandatario provincial al salir del encuentro.

Indicó que “se estima una factura promedio de $153 para determinados tipo de consumo” y reveló que se propondrán futuros aumentos escalonados hasta el 2019.

El gobernador anticipó que el cobro de la nueva tarifa “tendrá un tratamiento diferencial en cuanto a las regiones del país”.

Además, ejemplificó que “en el sur va ser de $0,17 para la unidad de consumo y para el resto del país, $1,52”.

Recalculando

En un contexto en que la mayoría de los indicadores económicos y sociales transmiten pesimismo y estancamiento el Gobierno recalculó el impacto político del tarifazo.

– En un principio, el aumento superaba el 1.000%

– Luego, hizo referencia a topes de 400%

– Ahora, optó por acotarlos al 203%.

Esta modificación evidencia que el oficialismo leyó señales de desaprobación crecientes y optó por no endurecer su postura incial.

Por lo pronto, el macrismo está intentando una estrategia de recuperación recurriendo a una curiosa fórmula: marcar distancia en su estilo respecto del kirchnerismo aunque no necesariamente con grandes diferencias de fondo.

Esto quedó en evidencia el mismo día del fallo de la Corte.

Transformando su defecto en virtud, trató de mostrar su falta de cálculo político como una filosofía de apego a las instituciones republicanas.

Es decir, en vez de denunciar el accionar de un “partido judicial”, Mauricio Macri dio la orden de no confrontar con los jueces y hasta esbozó una autocrítica.

Esa declamación de “republicanismo” procuró compensar el error político que llevó a que incluso aliados como Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y varios radicales se hayan mostrado muy críticos.

Por otra parte, al mejor estilo cristinista, tomó la decisión de apuntalar al funcionario más cuestionado, Juan José Aranguren.

El ministro había recibido críticas hasta en la interna gubernamental, pero la directiva siempre ha sido defenderlo, porque su eventual alejamiento sería considerado como una señal de debilidad política.

Esa ambigüedad se refleja también en el hecho de que ahora, mientras se sobreactúa un clima de normalidad, con nuevos anuncios de inversión pública y privada, se delinea una estrategia para salvar lo que se pueda del “viejo” tarifazo.

El partido en las audiencias públicas

Por lo pronto, el Gobierno ya lanzó su operativo de recuperación de la iniciativa política.

Para empezar, con un refuerzo en su alianza con los gobernadores, incluidos los peronistas.

Es que los funcionarios han encontrado en ellos los mejores socios a la hora de defender el ajuste tarifario.

-En el caso de las provincias petroleras, el arma de negociación es la cotización interna a la cual se comercializa el barril de petróleo, que viene siendo mucho más elevada que la internacional.

Una suerte de “precio sostén” sin el cual sus finanzas provinciales pueden sufrir un severo daño.

-En las demás jurisdicciones, a través de los envíos de dinero, con aportes a las cajas provinciales que ya rondan los $25.000 millones.

En paralelo, se ha dado comienzo a la estrategia mediática para las audiencias públicas. Es ahí donde reside, precisamente, uno de los mayores desafíos para el macrismo.

Sucede que si bien esa instancia es “no vinculante“, queda claro que ya no se tratará de un mero trámite.

Tras los amparos y el fallo de la Corte, se ha convertido en un evento que concitará toda la atención política y mediática.

A punto tal que los políticos de la oposición ya se están quejando de que la Usina del Arte resultará un escenario demasiado chico.

La estrategia oficial consiste, por un lado, en una suavización en sus aspiraciones de incremento en las tarifas, de manera de no contradecir el mandato de la Corte sobre la “razonabilidad y proporcionalidad” de los aumentos.

Esto implica avanzar en una salida más consensuada y política.

Por otra parte, el Gobierno intenta que las empresas prestatarias de los servicios asuman un mayor protagonismo, de manera de “tercerizar” parte del costo político.

Escenario clave

El viernes 16 de septiembre llegarán a la moderna Usina del Arte del barrio de La Boca aquellos usuarios, entidades de consumidores, técnicos, representantes de empresas y funcionarios que se hayan anotado previamente para participar.

Para acceder al micrófono habrá que inscribirse antes del 14 de septiembre en un listado dispuesto en la mesa de entrada del Enargas, en Suipacha 636.

Los requisitos formales para convertirse en orador son pocos: completar un formulario con datos personales y entregar un breve informe que refleje elcontenido de la presentación.

Si bien el encuentro no tiene carácter vinculante, será un hecho político del que ningún actor interesado querrá quedarse afuera.

Podrán asistir usuarios en general, medios acreditados y será transmitido por la televisión pública.

“El resultado de la audiencia dependerá de la madurez de la gente. De todas maneras, llegaremos a esta instancia con antecedentes que no son los mejores. El tema se politizó mucho”, advirtió el abogado de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores Unidos (Adecua), Osvaldo Riopedre.

“Hay que entender que no se tratará de una asamblea estudiantil, pero es claro que será una jornada muy escenificada”, completó.

Como la participación sería record, el Gobierno evalúa dos estrategias para evitar que esta instancia sea percibida como restrictiva, algo que lo llevaría a pagar un nuevo costo político, al no haber garantizado la amplitud suficiente.

– Por un lado, el encuentro podría extenderse a dos jornadas, en caso de que la cantidad de expositores sea lo suficientemente grande para que diserten en uno solo día.

– Por otro, se habilitarán formas de participación virtual, a través de Facebook y Skype, para quienes estén fuera de Buenos Aires.

En este sentido, Enargas ya ordenó a su Departamento de Tecnología de la Información que disponga de una herramienta informática de modo tal de facilitar la presencia online.

Según explica el organismo, se habilitarán “sedes virtuales” en las distintas provincias para que los ciudadanos se sumen desde el interior.

En principio, este sistema funcionará en Concordia, Entre Ríos; la ciudad de Córdoba, la de Mendoza y la de Neuquén; Río Grande, en Tierra del Fuego; Rosario, en Santa Fe; la ciudad de Salta y Santa Rosa, en La Pampa.

Precisamente, alrededor de este último punto gira una de las críticas más fuertes que recibe la convocatoria oficial: “Una sola audiencia en todo el país será insuficiente”, adviertió Héctor Polino, de Consumidores Libres.

Y añadió: “Se está limitando la participación de los usuarios. Debería hacerse una por región, ya que las empresas de gas operan en todo el territorio argentino“.

El Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) será el encargado de conducir el encuentro y cederá el turno a cada orador que, como mínimo, estará habilitado a una exposición de 5 minutos.

En tanto, la oposición ya objetó las “reales intenciones” del titular del organismo, David Tezanos González, ya que fue presidente de Metrogas antes de haber asumido como funcionario.

Diez días después de que finalice la audiencia se publicará un informe con el balance y en los siguientes 30 días se dictará la resolución oficial.

Al no ser una audiencia vinculante, los aumentos podrán aplicarse aun si los participantes los hubieran rechazado.

– iProfesional

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