Es claro que los gerentes y jefes de servicios no hacen cumplir los horarios, y la autoridad Ministerial tampoco. Al fin y al cabo el Ministro del área y el Secretario de Salud también son colegas de los ausentes.
Tal como lo establece nuestra Constitución Provincial en sus artículos 41 y 42, la salud es un bien social que compete al Estado que debe asegurar a todos la igualdad de prestaciones. Para ello se debe elaborar un plan de salud con la participación de los sectores interesados y se deben establecer las prioridades con criterios de justicia social y utilización racional de recursos.
Del análisis más elemental de la realidad del actual sistema de salud en nuestra Provincia, se comprueba claramente que ninguno de los postulados constitucionales mencionados se cumple y que, en función de una cadena estable de ineficacia gubernamental, desidia política y complicidades corporativas, se mantiene en vigencia una metodología perversa que perjudica a los sectores más postergados y empobrecidos de la sociedad, particularmente respecto de la atención hospitalaria.
En primer lugar, no se conoce que se haya convocado a los sectores interesados para elaborar el plan de salud, en particular a los usuarios que hasta la fecha son los grandes ignorados del sistema; y por supuesto que no se verifica ni una igualdad de prestaciones ni una utilización racional de recursos, y en este aspecto se revela como más preocupante -entre otros temas pendientes- la anarquía en la administración del personal y dentro de este segmento el de los profesionales.
Siendo que el servicio de salud es uno de los servicios esenciales que el Estado debe administrar y garantizar, como lo es también, por ejemplo, el de Justicia, se aprecia que a pesar de la similar importancia que revisten esas dos grandes áreas, una y otra tienen distintos regímenes de contratación del personal, y esta diferencia sustancial es la causa generadora de la inequidad y de la corrupción existente en lo laboral en los hospitales públicos.
Es conocido que en la órbita del Poder Judicial el ingreso de cualquier profesional bajo relación dependiente genera automáticamente el bloqueo del título universitario y la prohibición absoluta para el desempeño de cualquier tipo de actividad en el área privada, con alguna contada excepción en el ámbito docente y previo riguroso análisis y expresa autorización de la Corte de Justicia. Pensar que un Defensor Oficial, Fiscal o Juez de la Provincia pueda desempeñarse por la mañana en la Ciudad Judicial y por la tarde atender un despacho particular, no solamente resultaría impensable y escandaloso, sino delictivo. La opción por la función pública implica la renuncia por ley a cualquier actividad privada ligada a la profesión.
Nada de esto ocurre en el sistema de la salud. Los profesionales se desempeñan en los hospitales públicos en sus distintas especialidades y en forma simultánea lo hacen en sus consultorios, clínicas y sanatorios privados, claro está en la misma especialidad que detentan. Este sistema admite y consiente increíblemente que incurran en clara incompatibilidad todos y cada uno de los profesionales de la salud que trabajan de esta manera. Además de ello, y con carácter de público y notorio conocimiento, harto sabido y silenciado, salvo contadísimas excepciones no se cumple con el horario establecido en las declaraciones juradas que cada uno de los agentes públicos ha debido suscribir previamente a su desempeño en cada cargo. El horario habitual de lunes a viernes, que se corresponde al sistema más común de treinta horas semanales, casi en ningún caso se cumple, y es archisabido y consentido por los gerentes de los hospitales –colegas de los profesionales incumplidores que antes de llegar a ser gerentes hacían exactamente lo mismo- que promediando la mañana en cada uno de los servicios hospitalarios los profesionales se van a sus ocupaciones privadas. Bastaría recorrer los consultorios privados y las clínicas y sanatorios de Salta para verificar lo que estamos diciendo, por que allí se encontraría a los profesionales que deberían permanecer en atención de pacientes en los hospitales hasta las 14,00 horas. Es claro que los gerentes y jefes de servicios no hacen cumplir los horarios, y la autoridad Ministerial tampoco. Al fin y al cabo el Ministro del área y el Secretario de Salud también son colegas de los ausentes. De esta manera se subsidia ilegalmente la actividad privada de cada profesional con fondos del Estado, que aportan los contribuyentes como recursos para ser asignados –supuestamente- de manera racional (art. 42 de la Constitución Provincial). Este sistema, como se aprecia, tiene de todo menos de racionalidad. Y todo ello en desmedro de los sectores más pobres de la Provincia que son los usuarios de los servicios hospitalarios, que al no contar con personas dedicadas al horario completo, por el cual se les está pagando, deben hacer colas de madrugada para conseguir los escasos turnos que otorgan para poder acomodar el hecho ilícito de que los señores profesionales se puedan escapar a media mañana a sus asuntos privados. Y ni hablar de las demoras en los turnos de operaciones, que se programan a largo plazo, agravado este hecho por la escasez de quirófanos e insumos que tienen prácticamente colapsado el sistema de atención en cirugías.
Este sistema irregular y defraudatorio de los fondos del Estado asignados al presupuesto de salud, porque se pagan haberes por supuestas horas profesionales que sólo figuran en las declaraciones juradas presentadas pero que nunca se cumplen, es un círculo vicioso que se ha generado en el argumento por parte de los profesionales de que los haberes son magros; y de parte de la autoridad en que la urgencia de cerrar presupuestos salariales les lleva invariablemente al silogismo básico: ustedes no me piden más aumentos, y yo no los controlo en el horario de trabajo.
También existe otro segmento de corrupción en el ambiente hospitalario que es tan conocido como el que acabamos de describir, y que no por ser menos generalizado que el anterior deja de ser preocupante, que es el hecho frecuente de que se deriven pacientes del hospital público de la mañana a los consultorios privados de la tarde o que los pacientes de esos consultorios privados, que no cuentan a veces con la aparatología o los insumos específicos, sean direccionados para ser atendidos en los hospitales públicos por el mismo profesional para completar el tratamiento que no puede cumplir en forma privada.
Todo esto que acabamos de describir estimado lector, es conocido, sabido, consentido, omitido y llevado adelante por las autoridades del área de salud, porque existen intereses institucionales, de clase, de estamentos económicos, de negocios privados y de ineficacia estatal, y corregir eso sería costoso políticamente porque hay que cambiar estructuras con poder e influencia social. Entonces se hace la más fácil, que se corresponde a la mediocridad de los que no son estadistas sino meros administradores oportunistas de la cosa pública, que es seguir consintiendo estos privilegios a costa del sacrificio de los que por su pobreza y marginación tienen menor capacidad de reacción.
Para terminar con este sistema corrupto existe una clara fórmula, simple y eficiente. Se debe exigir a los profesionales de la salud el deber de optar, o bien por la actividad pública o bien por la privada, y ambos desempeños –como el de la Justicia- deben ser totalmente incompatibles y severamente sancionados en caso de detectarse incumplimientos. Con muchos menos profesionales de cada área mucho mejor remunerados, pero con dedicación exclusiva al hospital público, se podrán asignar eficientemente los recursos del erario y privilegiar por una vez en la vida a los más débiles, brindándoles atención eficaz, rápida y transparente. Debe invertirse la pirámide social y los que tienen más ventajas competitivas, como lo es un título universitario, deben cesar en este privilegio insostenible moral y éticamente, para que el Estado mejore en la asignación de recursos públicos destinados a estamentos de la sociedad en inferioridad de condiciones. Sin dejar de mencionar que sería un acto de legalidad estricto, hasta la fecha olvidado tras la desidia y los intereses corporativos.
