Las organizaciones campesinas que conformamos la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 (Asociación Civil del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Unión y Progreso, Herencia Chaqueña, Alma Gaucha, Campesinos Unidos, Comisión Zonal de Los Blancos) DENUNCIAMOS el abuso de autoridad y el accionar parcial e intimidatorio de la Jueza de Tartagal Ana Maria De Feudis apoyada en la policía de Salta. Esta jueza siempre actúa en sus fallos y acciones en beneficio de los empresarios como es en este caso de la empresa DOBLE Z S.R.L y su socio gerente el Sr. Javier Alberto Vidizzoni, descartando siempre cualquier denuncia o presentación que realizan las familias campesinas para defender sus derechos.
En el día de ayer un grupo de policías conformados por agentes de Morillo, Dragones y Embarcación, invocando una orden judicial de la jueza que ordenaba el levantamiento de un alambrado en la tierra que posee la Familia Orquera del paraje El Chañar, irrumpieron en la tierra que posee la Familia de la Sra.Victoria Cruz, una anciana de 70 años que no ha firmado ningún acuerdo con la empresa ni autorizó el paso por sus tierras; En la orden de la Jueza en ningún momento se refería a pasar por la tierra de la Familia Cruz; La policía custodiando las topadoras del empresario Vidizzoni, entró en la posesión de la Sra. Victoria Cruz para realizar un rodeo y llegar hasta las tierra de la Familia Orquera y así cumplir con el derribo del alambrado para un deslinde que necesita la empresa.
Ante esta maniobra, el grupo de familias que estaba acompañando a la Familia Orquera procedió a trasladarse al predio de la Sra Cruz y evitar que las máquinas destruyeran corrales, cercos de ramas, potreros propiedad de la Familia Cruz, en su intento de pasar hacia el lugar donde tenían que derribar el alambrado de Orquera. Ante esta situación, el grupo de campesinos detuvo las máquinas y sin mediar un diálogo, se desato la represión policial, provocando lesiones y heridas en hombres y mujeres que trataban de impedir que se llevara a cabo un acto ilegal porque en ningún momento fue presentado por las autoridades alguna notificación u orden que los autorizara a pasar por la tierra que posee la Familia Cruz.
El ensañamiento de la policía contra nuestros hermanos campesinos, no fue solo repartir palos y culatazos a toda persona que se les pusiera enfrente si no también tratar de denigrarlos al esposarlos como si fuesen delincuentes comunes.
Este hecho de acción coordinada entre jueces, policía y empresarios es algo corriente en nuestra zona. Recordemos cuando en 2011 un Oficial de justicia en una causa con la misma Jueza Ana María de Feudis, entró ilegalmente en el predio de la familia de Alfredo Riera con un grupo de encapuchados que prendieron fuego y destruyeron las instalaciones. Esto fue denunciado en la superintendencia de la corte con las debidas pruebas de imágenes y testimonios y eso nunca prosperó rechazándose siquiera investigar el accionar de ese oficial de justicia.
Nos llama mucho la atención que mientras ante nuestras denuncias sobre abusos, deforestación, entrada ilegal de maquinas en posesiones campesinas y robo de madera las autoridades policiales no se movilizan para constatarlas, argumentando falta de medios de movilidad y combustible, mientras que en estos casos no le faltan los recursos para llegar a lejanos parajes incluso con apoyo de policías de localidades de hasta 150 km de distancia para apoyar los desalojos prohibidos por las ley 7658 y reprimir a los campesinos que intentar detener estos atropellos
Debemos dejar muy en claro que la documentación de titularidad que supuestamente esgrime ante la justicia el empresario Javier Alberto Vidizzoni no consta en ningún registro de la propiedad inmueble de Salta. Por lo tanto, las organizaciones campesinas seguiremos desconociendo cualquier titular de las tierras de la Colonia La Juanita y La Santafesina hasta que no se presente documentación probatoria. Recién allí, podremos iniciar diálogos para el reconocimiento de los derechos adquiridos por los cientos de famillas poseedoras de las tierras de estos predios. Tampoco vamos a dialogar con titulares que se acerquen por medio de la prepotencia, amenazas, violencia y la ilegalidad. Nuestros antecedentes de acuerdos entre casi 40 familias que alcanzaron la propiedad de más de 19000 hectáreas nos respaldan para demostrar el ánimo de diálogo.
Para finalizar, UNA VEZ MÁS, solicitamos la intervención en este conflicto de tierras de legisladores y funcionarios del gobierno de Salta, de lo contrario los hacemos directamente responsables de una ruptura violenta de la paz social en el Chaco Salteño
– Coronel Juan Solà – Morillo. 21 de noviembre de 2014
