Las mentiras, el atropello, la complicidad policial y de algunos jueces de la ciudad de Tartagal, sigue siendo la moneda corriente que vivimos día a día las familias campesinas de nuestra zona.
El viernes 10 diciembre -vaya paradoja día internacional de los derechos humanos- el juez de Instrucción Formal de 1ª Nominación de Tartagal ordenó la captura de cuatro compañeros de organizaciones de nuestras zona, ellos son Carlos Guerra, Orfilia Rodríguez, Lucía Ruiz y el concejal por la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo), Claudio Ruiz, por los delitos de “privación ilegítima de la libertad”, y “portación de armas”.
La orden de detención de estos cuatro compañeros fue originada por una denuncia de la empresa VIDOSON AGROFORESTAL, que es la misma empresa que hace mas de 10 días intento realizar un desmonte en la zona conocida como colonia La Juanita y la Santafesina, y cuyas maquinas fueron detenidas por grupos de familias campesinas del lugar ya que esta empresa como después pudo constatar el ministerio de medio ambiente de la provincia no tenia permiso para realizar ningún tipo de trabajo de desmonte, por lo tanto las familias que impidieron el trabajo de las topadoras no hicieron otra cosa que cumplir con la ley, es decir impedir que una empresa realizara trabajos ilegales de desmonte desconociendo por lo tanto una medida cautelar dictada por la corte suprema de justicia de la nación que prohíbe todo tipo de desmonte en los departamento de Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria de nuestra provincia.
Estas familias días antes de impedir el trabajo de las topadoras de la empresa, habían realizado la denuncia penal correspondiente ante la policía local, sin lograr que la policía ni la justicia actuara para impedir que se cometiera un acto ilícito.
Ante la total inacción de la policía y la justicia es que las familias campesinas detuvieron el trabajo de las topadoras y cortaron la ruta nacional 81, hasta que se presentara un representante del ministerio de medio ambiente de la provincia y constataran en el lugar el trabajo ilegal que realizaba esta empresa.
Esta actitud de detener las topadoras provocó el pronto accionar de la policía de la localidad de Morillo, auque en una actitud un poco llamativa y sospechosa, ya que un grupo de policías se presento en el lugar pero no para constatar las denuncias realizadas días antes por las familias campesinas, sino para custodiar a los trabajadores de la empresa, o sea para custodiar a delincuentes que estaban cometiendo un acto ilegal.
Cuando se presentó el representante del ministerio de medio ambiente de la provincia y constató que esta empresa carecía de cualquier tipo de autorización y labró el acta de infracción correspondiente, es que los compañeros levantaron el corte de la ruta pero manteniendo una guardia en el lugar donde estaban las topadoras, ya que la empresa se negaba a retirarlas del lugar.
Esta reacción de defender los derechos de las familias campesinas de nuestra zona, y la puesta en evidencia de esta empresa que actuaba fuera de las normas legales, derivó en una especie de venganza por parte de la empresa, de infundir miedo o de escarmiento a las familias, al realizar una denuncia contra estos cuatro compañeros por “privación ilegítima de la libertad”, y “portación de armas”, esta situación si no nos resultara indignante sería casi cómica ya que una de las personas acusadas por la empresa y mandada a detener por la justicia, es la Sra. Orfilia Rodríguez, quien fue una de las familias que realizó la denuncia contra la empresa antes de todo lo acontecido y que ni la justicia ni la policía actuó en el momento.
La rapidez con que la justicia actúa ante las denuncias de las empresas y no así de rápido ante denuncias de campesinos, nos hace dudar de la imparcialidad de la justicia en Salta y el respeto por los derechos humanos, ya que siempre somos los campesinos los perseguidos y enjuiciados por los jueces mientras que los señores empresarios y las empresas, del poder, del dinero siguen actuando impunemente, sin respetar leyes ni derechos.
Pero como siempre hemos dicho que no se confundan estos señores empresarios y jueces, por que las organizaciones campesinas vamos hacer valer nuestros derechos, y nos movilizaremos a este juzgado en Tartagal, y a cuanto juzgado sea necesario para impedir que algunos de estos jueces en connivencia con empresas o empresarios, se burlen de nuestros derechos y de las leyes, y mediante engaños y denuncias fraudulentas y sin sustento quieran o manden a detener auque sea por un instante a cualquier campesino de nuestra organización u organizaciones hermanas.
– PRENSA A.P.P.CH.S (ASociación Pequeños Productores Chaco Salteño)
