Subversivos vándalos disfrazados de funcionarios

Peticionamos por enésima vez al Administrador de la Provincia de Salta: Juan Manuel Urtubey y Órganos Institucionales provinciales y nacionales que se garantice el normal funcionamiento de las Instituciones Republicanas.

Así, revelamos una vez más al “Tribunal de la Opinión Pública” que:

Se respete la vigencia real de las normas del derecho interno, los Convenios y decisiones de los Órganos de Control de la O.I.T. ratificados mediante leyes y las Convenciones de Derechos Humanos que tienen rango constitucional. En la práctica se ejerce una verdadera subversión del estado del estado de derecho.

Así, las gravísimas, agravadas y flagrantes contradicciones del Poder Ejecutivo Provincial, Poder Ejecutivo Nacional (incluido el I.N.A.D.I.) y el retardo y denegación de justicia literal –caso Miguel Rojo- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intérprete final de la Carta Magna y garante para la vigencia de las libertades públicas y el régimen republicano, no un órgano que está por encima del bien y del mal.

El Fiscal de Estado de la Provincia: Ricardo N. Casali Rey –discípulo o allegado a Rodolfo J. Urtubey, ex Fiscal de Estado y padre del actual Gobernador-, en nombre de la misma, reprime los derechos de los trabajadores, aduciendo: “la posición jurídica que la Provincia de Salta ha sostenido inveteradamente”.

Además los argumentos absurdos y violatorios, contradiciendo al propio Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración de la O.I.T. –también responsable del delito penal de Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de los Funcionarios Públicos-, de la Ministra de Trabajo, Nora del Valle Giménez.

En lo referido al caso Marina del Valle Guanca, la Corte de Justicia de Salta, aún no se ha expedido, tampoco se hizo efectiva la promesa de reincorporación de la misma, de parte de la Ministro, Nora del Valle Giménez, al Comité de Libertad Sindical de la O.I.T.

Asimismo, los medios de información independientes deben ser una tribuna de opinión para sacar a los ciudadanos de la indignidad y el oprobio de los emblemáticos funcionarios subversivos vándalos o subversivos vándalos disfrazados de funcionarios. Casos: Juan Carlos Romero, Fernando Yarade, Sebastián Saravia Tamayo y la Agente Fiscal del Ministerio Público: Emma Puentes.

La película de los avasallamientos de los represores del estado de derecho, del status quo de la impunidad, tiene un nuevo heredero, un símbolo: el fariseo y devaluado, Juan Manuel Urtubey. Que además formó un gobierno de nepotismo, rodeado de parientes y “nuevos parientes” y amigotes. No reconocer la realidad tiene sus costos políticos.

La dilación, mala fe, y la contradicción con el orden legal y constitucional es la premisa.

Ante la dilación, evidencias de mala fe, y de la irresponsabilidad democrática de una resolución ajustada a derecho –en contradicción de lo que precisamente el Gobernador fariseo, Juan Manuel Urtubey, pregona insistentemente, que hará respetar los derechos individuales y la Constitución, que “los derechos humanos van ha dejar de ser un ámbito para fijar solamente posiciones testimoniales. Van ha ser un ámbito en donde se actúe garantizando el pleno ejercicio de las libertades amparadas por nuestra Constitución y la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional en la Argentina”- queremos revelar una vez más al “Tribunal de la Opinión Pública”, que, antes que nada, consideramos a la tolerancia, racionalidad, espíritu del consenso, y la negociación, como nuestras fundamentales herramientas de batalla gremial para ejercer nuestros legítimos derechos y garantías constitucionales, y como última instancia en el marco primordial de la no violencia y constitucional (peticionar a las autoridades y libertad de expresión), la medida de fuerza pacífica.

Así, insistimos en emitir mensajes de convivencia y de diálogo civilizado y que se escuchen y reparen nuestros justos reclamos en el marco de la Constitución y legalidad. En esencia, reiteramos por enésima vez, la petición al Administrador de la Provincia de Salta: Juan Manuel Urtubey y Órganos Institucionales provinciales y nacionales que se garantice el normal funcionamiento de las Instituciones Republicanas y se restablezca el estado de derecho, ya que se trata de casos de inaudita gravedad institucional. En rigor, se respete la vigencia real de las normas del derecho interno, los Convenios y decisiones de los Órganos de Control de la O.I.T. ratificados mediante leyes y las Convenciones de Derechos Humanos que tienen rango constitucional y que constituyen el Bloque Federal Constitucional en el derecho argentino.

De esta forma, metemos el dedo en la llaga de los verdaderos males y trastornos de los trabajadores y ciudadanos argentinos: la irrefutable y obscena degradación institucional, lindante con lo grotesco y el desquicio. No es una exageración. Sí es inconcebible que actualmente en la práctica se ejerza una verdadera subversión de estado del estado de derecho. Lo irrazonable como concepto estratégico se ha instalado en estos años como un ácido que diluye la juridicidad e institucionalidad.

Así, revelamos nuevamente el ejercicio frecuente, pretensión perpetua, grosero, antiguo y arraigado (inveterado, término que utiliza para mancillar el derecho) que el Fiscal de Estado de la Provincia: Ricardo N. Casali Rey, en nombre de la misma, se arroga para reprimir los derechos de los trabajadores. Así, para coartar los derechos a nuestra Institución, sostiene: “la posición jurídica que la Provincia de Salta ha sostenido inveteradamente”.

Además de los argumentos absurdos y violatorios –también responsable del delito penal de Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de los Funcionarios Públicos- al rechazar la petición de otorgar un Código de Descuento a nuestra Institución, de la Ministra de Trabajo, Nora del Valle Giménez. Que inclusive contradice lo ya resuelto en el caso por el Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración de la O.I.T., que expresa: “…el Ministro de Trabajo y Previsión Social de la Provincia, violando los principios de la libertad sindical, rechazó la solicitud”. Es evidente la violencia institucional del Poder Ejecutivo -y sectores del Poder Judicial- como una innegable intención de un hábito destituyente de la sustancia de la democracia.

En lo referido al caso Marina del Valle Guanca, la Corte de Justicia de Salta, aún no se ha expedido. En cuanto a la respuesta del Ministerio de Trabajo a cargo de Nora del Valle Giménez al Comité de Libertad Sindical de la O.I.T., Caso Nº 2.603, “Que está en trámite la instrumentación de su correspondiente reincorporación a sus tareas normales y habituales, y que se comunicará oportunamente el pertinente Decreto”. A la fecha, no se hizo efectiva tal reincorporación.

Así, las gravísimas, agravadas y flagrantes contradicciones del Poder Ejecutivo Provincial, Poder Ejecutivo Nacional (incluido el I.N.A.D.I.) y el retardo y denegación de justicia literal –caso Miguel Rojo– de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intérprete final de la Carta Magna y garante para la vigencia de las libertades públicas y el régimen republicano, no un órgano que está por encima del bien y del mal, con respecto a los derechos civiles y políticos (igualdad ante la ley, libertad de asociación, seguridad jurídica y garantías del debido proceso, etc.), derechos económicos, sociales y culturales (a la alimentación, a la salud, a la libertad sindical, a la huelga, a la propiedad, a un salario justo y equilibrado, etc.) que significan los derechos humanos, y el cumplimiento y/o subordinación a las normas del derecho interno e internacional.

Además, nuestro modesto criterio es que los medios de información independientes (no el cuarto poder, sino el primero, porque controla los actos de gobierno) deben ser una tribuna de opinión para sacar a los ciudadanos de la indignidad y la ignominia de los emblemáticos funcionarios subversivos vándalos, depredadores de la cosa pública, del medio ambiente y del estado de derecho, temerarios, despóticos, discriminadores, que se caracterizan por la consumación de la precariedad laboral e inseguridad jurídica para los trabajadores, prevaricato y el flagelo de la impunidad. Casos íconos: Juan Carlos Romero, Fernando Yarade, Sebastián Saravia Tamayo y la Agente Fiscal del Ministerio Público: Emma Puentes.

Así, el contraste entre palabras y hechos que destaca la enorme hipocresía, malicia y estafa de los funcionarios de la “democracia”. Los agravios de la antijuricidad que el Gobernador Juan Manuel Urtubey -en la práctica-, sigue ratificando con absoluta impunidad que crece y atormenta, inaceptable e intolerable. Una verdadera política de Estado y/o los “principios éticos y jurídicos” de políticos y/o funcionarios judiciales escatológicos que perdura. ¿Esto es lo que predicaba como mejor calidad institucional y políticas de Estado el candidato Juan Manuel Urtubey?

¿Se podrá transformar esta sombra oscura en una luz? El deber de todo ciudadano –no un paria- no es suplicar o implorar, sino exigir con imperiosa responsabilidad racional -¿y si alguien se convierte en un irracional e inimputable?- que los derechos constitucionales sean eficaces. De nosotros, de nuestra dignidad depende. ¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos? Claro, se requiere convicción y acción –no ambigüedad, menos espanto- y existen muchos caminos. ¡Sí podemos!

Así, se dice que, si hay algo peor que ver una película mala, es tener que verla de nuevo. La película de los avasallamientos de los represores del estado de derecho, del status quo de la impunidad, tiene un nuevo heredero, un símbolo: Juan Manuel Urtubey, un neo-sofista que continúa la impronta de la doctrina Romero. Prometió a la ciudadanía el “cambio”. ¿Es el instrumento del cambio, como se autotitulaba? ¿Alguien duda que sea “socio” de los integrantes del “régimen” –como él los denominó- a quienes señalaba como esencia el motivo del “cambio”? Un estafador de la fe pública. ¿Será su naturaleza?

No sólo eso, sino que además formó un gobierno de nepotismo, rodeado de parientes funcionarios-empresarios –dueños de las firmas JOFA y UNAPALA S.R.L., rotulados por un medio nacional, como “los nombres del alud” en Tartagal- y “nuevos parientes” y amigotes que, algunos de ellos maltratan a los trabajadores como patrones de estancia de la época feudal. Un paradigma: Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, con regenta o celadora similar a las dictaduras o el régimen nazi, y trasladando, segregando o postergando, o dejando sin opción a la estabilidad laboral constitucional a trabajadores con experiencia de años y más que respetable formación técnica, haciendo honor al estigma de la violencia laboral. Y con sabrosos y exuberantes salarios que, en nada se parecen a los de los policías de bajas jerarquías, docentes, médicos y enfermeros del sector salud, trabajadores de la administración centralizada, etc. ¿Esta lapidación a las instituciones republicanas, será síntoma de la degradación y descomposición de la democracia?

Toda crisis es una oportunidad. ¿El devaluado, Juan Manuel Urtubey, tendrá un pensamiento superior y superador? Restableciendo literalmente el estado de derecho, y obtener, además del éxito de la gestión, esencialmente la confianza de la sociedad o el pueblo. ¿O está dispuesto a repetir la parodia y el oprobio del Consenso Washington seguido por el profeta fundamentalista Juan C. Romero? ¡Las leyes y la Constitución están diseñadas para sobrevivir y continuar vigentes en tiempos extraordinarios! La civilización política se basa más en los principios y valores que en la fuerza. Con la autoridad y persuasión del buen líder, se suman voluntades y consensos. Intolerantes, la responsabilidad y compromiso ciudadano es promover la causa del bien común. Libertad, igualdad y Justicia. Seguir dilatando decisiones ajustadas a derecho, y no reconocer la realidad, tiene costos políticos significativos. Nada es admisible y tolerable en aras de un fin superior. Menos una decisión política y equivocada.

¡Bárbaros: es el Estado de Derecho!

– Miguel Rojo, Eduardo Vargas, Sergio Ibarra y Sergio Zamboni, Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario de Organización y Secretario de Finanzas, respectivamente, de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal (A.T.A.P.) Salta – República Argentina.