El Consejo de la Magistratura de Salta, que es un órgano constitucional y selectivo de jueces y funcionarios del Ministerio Público, fue creado en la reforma de la Carta Magna Provincial de 1998. Se rige por ley 7016 y modificaciones posteriores, además de su propio reglamento interno.
Los integrantes del mismo se seleccionan por distintas vías, siendo por elección directa solamente la de los magistrados (un representante) y la de los abogados (tres representantes). Además lo conforman un ministro de la Corte, un representante de la Procuración, y tres miembros designados por la Cámara de Diputados.
Este organismo se dictó con la intención de transparentar y hacer más participativa la designación de magistrados, fiscales y defensores. Ese anhelo con el correr de los años y analizando lo actuado en sucesivos períodos, ha fracasado con todo éxito, si se me permite el oxímoron.
Las recientes publicaciones de diario El Tribuno, denunciando las vinculaciones de los candidatos o las candidatas a ocupar los futuros cargos en trámite de concursos, es sólo la emisión en un medio masivo de comunicación de una verdad sabida y consentida desde hace años en la Ciudad Judicial.
Ahora, los privilegios y favores de puntajes, consideraciones, ayuditas, selecciones discriminadoras y oscuras son para los allegados al oficialismo; al igual que durante la gestión del ex gobernador Juan Carlos ROMERO el viento era a favor de otros, con lo cual la actuación de este cuerpo siempre estuvo cuestionada, y sospecha tras sospecha ha logrado contar con un descrédito indiscutible en el ambiente judicial.
Los que afirmen otra cosa, pretendiendo disimular, restarle importancia, y querer hacer pasar este escándalo como una mera operación periodística están incurriendo en una irresponsabilidad manifiesta, porque a un problema tan serio habría que accederlo con una pronta, valiente y radical reforma, en vez de hacer la vista gorda por conveniencias políticas del momento.
El primero en mostrar la hilacha fue el mismo Consejo de la Magistratura, que emitió un comunicado de prensa donde pretende presentar a la comunidad una normalidad y una eficiencia que no es tal.
No es el número de concursos lo cuestionado; definitivamente no es una cuestión de cantidad como se promocionan en ese parte de prensa, sino de calidad y de gestión. Concursantes, integrantes, abogados, instituciones, jueces, empleados y toda la comunidad judicial vinculada conoce generalmente de antemano a los ganadores de cada llamado a concurso mucho antes de que se dicte la resolución oficial. Si los ofendidos de siempre se sienten tocados por esta afirmación, y quieren discutirlo públicamente, estoy dispuesto a tratar el tema, concurso por concurso, nombre por nombre, y disidencia por disidencia.
Otro que tomó la actitud del avestruz, fue el Presidente de la Cámara de Diputados, el abogado Manuel Santiago GODOY, quien afirmó sin hesitar, como si mostrara una gran virtud, que el Consejo cuestionado “no es un conjunto de juristas experimentados que se sientan a tomar examen: muy por el contrario; observan y tienen el sentido del hombre común, ven el perfil de la persona que está rindiendo y más allá de todos los antecedentes y puntajes” (declaraciones del diputado a www.elacopleinformativo.com.ar del Martes 24/06/2014)
¡Absorbéte ese citrus!!! Si Usted estimado lector pensaba que para la fundamental y prioritaria elección de quienes pueden por su imperio disponer de su libertad, patrimonio, estado civil, o protección de derechos fundamentales, se realizaba previamente un examen intensivo por expertos en cada materia que garanticen conocimientos acabados, experiencia y madurez personal, desengáñese.
Nada de eso. Es a ojo de cubero nomás, por el supuesto sentido común de quienes solamente se fijan en el perfil del candidato. Entre los que tienen que aplicar esa hipotética cualidad del sentido común, en la actualidad está como selector de jueces designado por la Cámara de Diputados –o sea por Santiago GODOY-un odontólogo. Esa designación tiene el mismo sentido común y prudencia que el de poner un abogado a evaluar el concurso del Jefe de Ortodoncia del Hospital San Bernardo.
Y en este sistema nefasto de selección o de simulación institucionalizada del dedo, se ha llegado a elegir a magistrados en el fuero del trabajo para dictar condenas a empleadores que no registran a sus empleados fiscalmente, cuando el mismo Juez tenía juicios con condena firme por tener peones rurales sin ningún registro –en negro que le dicen vulgarmente- en su finca en el Departamento San Martín, y además contaba con antecedentes disciplinarios del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados por deslealtad con sus clientes.
En esa oportunidad el candidato tampoco cumplió con el examen escrito (redacción de modelo de Sentencia) que como se conoce es –o debería ser- requisito excluyente, y lo mismo fue evaluado y designado. Posteriormente se presentó a probar suerte en concurso para Juez de Cámara, y tampoco hizo el examen mencionado. Esta vez el Consejo de la Magistratura tuvo el decoro de no posicionarlo, pero no por acto de heroísmo alguno, sino porque la designación oficial estaba destinada a otra postulación. Si alguien se siente tocado por estos datos, en el debate público que propongo le doy el nombre, los números de expedientes, los montos que el Juez debía entonces, los embargos que tenía en sus haberes en el Ministerio de Educación, y el posterior concurso bendecido desde el poder.
En otros casos se han designado a frustrados ministros que tuvieron que dejar el cargo por incontinencia verbal sexista; o funcionarios a los que se les vencía el mandato en medio de cuestionamientos profundos y había que darles otro cargo; hijas de ex profesores del Bachillerato Humanista a donde concurriera el señor gobernador o ex futuros suegros con los que se guardaba un compromiso, y hasta se han declarado desiertos concursos en los que algunos no reunían el requisito de antigüedad, para que en el próximo llamado sí pudieran cumplir con esa exigencia. También puedo darle los nombres y señalarles los concursos a los que me refiero.
Una vez hace muchos años, se llegó a dibujar los números de los antecedentes y las entrevistas con un quíntuple empate en 80 puntos entre los postulantes para poder incluir a un juez de primera Instancia en las ternas para la Cámara de Apelaciones, que hoy ejerce ese cargo finalmente por aquél trasnochado concurso. También les puedo aportar los datos.
Y en este desarreglo institucional, los concursantes en cada proceso de selección se encuentran con la única realidad, que es poder ingresar al cargo con o sin méritos académicos y científicos, pero sabiendo que solamente alcanzarán la meta si tienen vínculos políticos. Tanto ello es así, que todos conocen la relativa importancia de presentar antecedentes, agregar diplomas, rendir examen escrito y concurrir a la entrevista personal, porque lo verdaderamente importantes es la puja posterior por los padrinazgos del Grand Bourg, las cámaras legislativas o la Catedral, y en la actualidad, hasta los apoyos que puedan llegar de Balcarce 50, porque la rosca de la política y sus protagonistas incluyen también en muchos casos a la Casa Rosada.
Con este panorama, pagan justos por pecadores. Por ejemplo, las señoras que hoy están señaladas por la prensa como beneficiarias seguras de los cargos por relaciones conyugales o fraternales, tienen suficientes méritos propios para alcanzarlos por su cuenta, y sin embargo en el caso de ser elegidas llegarán con el estigma inevitable que va opacar sus propias aptitudes, y que es la casi total falta de credibilidad en el sistema. Esa falta de credibilidad se reflejó otra vez esta semana, cuando a un concurso para Juez de una cámara de apelaciones se presentaron solamente tres participantes, dado que no hay expectativas ciertas en ese proceso, pues ya todos conocen de antemano –salvo una impronta de última hora- quién ocupará la futura vocalía.
Por lo tanto, en vez de insistir neciamente como el diputado GODOY en la defensa de un sistema indefendible, o de pretender auto justificarse como lo hace el mismo Consejo con el parte de prensa, hay que tener la valentía de admitir públicamente lo que todos sabemos: el organismo estuvo siempre y está hoy influenciado por el poder político, no tiene credibilidad, hay que reformarlo, cambiar la ley, establecer estrictos exámenes por catedráticos foráneos, hacer exámenes psicológicos, y cambiar la integración para que los cuerpos manejados por el oficialismo no tengan mayoría.
Claro que esto se puede proponer desde un punto de vista independiente y con ganas de avanzar. Tal vez la elite gobernante piense y tenga asumido que así como están las cosas el método les viene como anillo al dedo porque pueden seguir digitando las designaciones, y los que queremos transparentar el proceso somos unos ingenuos. Designaciones que además cuando ya están decididas desde Av. Los Incas, sortean cualquier impugnación que se haga en el Senado de la Provincia, por más sólidos fundamentos que se aporten, en la medida que la llamada Cámara Alta obedece ciegamente -salvo honrosas excepciones- a los celulares de la gobernación.
Tanto pecamos algunos de inmadurez y candidez extrema, que hemos llegado a pedir por escrito que se nos exhiban los expedientes para poder conocer la trama de los concursos, y se nos ha negado por resolución ese control ciudadano, porque –según el Consejo de entonces- las actuaciones no son públicas, poniendo con ello la frutilla del postre en las sospechas de que en esas oficinas hay más para ocultar que para mostrar.
Si es así en definitiva, que tengan la entereza de decirlo y nos dejamos de disyuntivas imposibles. Seguir dibujando como lo hace el Presidente de la Cámara de Diputados que no se puede conjugar la voluntad de nueve miembros para ayudar a un candidato cuando está harto probado que sí ocurre; y que además nunca se publican las disidencias en las votaciones entre los miembros, que las hay y muchas; o afirmar que todos trabajan honorariamente cuando solamente tres de ellos lo hacen (los abogados de la matrícula), ya que los demás tienen licencias pagas en sus respectivos cargos cuando están en el Consejo, es querer presentar un cuerpo prístino o transparente de sacrificados participantes, que no lo cree nadie.
Que hay una campaña periodística de El Tribuno en esta guerra mediática generada entre los sectores en pugna es verdad, y que esa misma empresa editorial no decía una palabra cuando el ex gobernador ROMERO también acomodaba a miembros de su familia (de los que puedo dar nombres), también es verdad, pero lo apuntado por el diario del ex mandatario resulta creíble en la medida que la degradación del sistema vigente da el perfil para que así sea.
Si el diario hubiera dicho que en el Consejo de la Magistratura hay un laboratorio de cocaína, o que se violan niños de un jardín de infantes, no serían notas periodísticas ni para tener en cuenta por absurdas. Pero si en cambio se apunta a que hay preferencias en los concursos, nadie lo duda.
Entonces señores jueces, fiscales, Corte de Justicia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Gobernador de Salta, Procurador de la Provincia, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados y demás interesados directos en el tema, asuman la realidad de que este desprestigio acumulado de años requiere de cirugía mayor, y abandonen la apatía suicida de seguir convalidando con silencios y justificaciones un sistema que no da para más.
