Un gobierno cleptómano, chanta y sórdido

Así podemos definir al equipo de gobernantes y legisladores que tienen un trastorno patológico que los impulsa a robar el dinero de la sociedad a través del Estado. (1)

Es un título ideal, para definir el actual gobierno de la provincia de Salta de tiempo pasado y presente, ahora bien me pregunto, ciudadanos no se dan cuenta que nos están robando y hasta juegan con nuestra dignidad.

Por lo cual, García Venturini creó dos imaginativos términos: “la chantocracia” y “la kakistocracia”.

“Chantocracia” o gobierno de chantas, que en el lunfardo porteño significa esencialmente un embaucador, embustero y trepador, alguien que habla mucho sin decir nada. Los chantas son personajes que no hacen lo que dicen sino todo lo contrario, pero poseen una gran capacidad para confundir y convencer a quienes los votan. Esto es lo que pasa en nuestra Salta. No sólo roban bienes sino la esperanza de la sociedad.

El refinando concepto, encontró también el término “kakistocracia” como superlativo de la palabra griega kakos, que significa malo y también sórdido, sucio, vil, incapaz, innoble, perverso, nocivo y funesto. Por eso, definió a la “kakistocracia” como el gobierno de los peores.

Qué desafío para el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, revertir este concepto… ¿podrá?.

La educación está en estado crítico y totalmente destrozada, pero después de la elecciones deja de ser una inversión y pasa a ser un gasto. Este gobierno también echó a enfermeros y policías de baja graduación por solo el hecho de defender sus derechos como trabajadores, humillándolos al extremo. Persiste una deliberada persecución a una significativa cantidad de ellos. Y en cuanto a la salud, la desnutrición sigue, se acentúa el dengue y el virus de la influencia A (H1N1).

Es lamentable ver a un candidato del P.J. salteño y nuevos ricos de fortuna súbita como es el C.P.N. Fernando Yarade, que tuvo anteriores cargos en el nefasto gobierno del actual Senador Nacional Juan Carlos Romero, a quien se lo denunció en la Justicia salteña por mal desempeño como funcionario público.

El nuevo rico de fortuna súbita, Fernando Yarade, candidato a Diputado Nacional en representación de la gestión de Juan Manuel Urtubey, se refiere a las próximas elecciones: “Pienso que es el comicio más trascendente de los últimos tiempos, porque se juega el fortalecimiento institucional de una gestión plural y peronista y, además, el justicialismo debe consolidar esta transición de pasar de una conducción verticalista, autoritaria y excluyente a un modo de gestionar la política con la participación de todos, con la opinión de todos, con debate y aún con espacios para la rebeldía”.

Ahora, Yarade y Urtubey objetan lo que Juan Carlos Romero hizo durante 12 años de gestión “autoritaria y excluyente”, pero nada dicen de la sistémica depredación y avasallamiento de las Instituciones en la Provincia de Salta de la que ellos fueron cómplices y partícipes necesarios. El espíritu republicano se adopta por convicción o por necesidades a los límites que impone nuestra Constitución a la ambición inescrupulosa y dañina.

Pasaremos directamente a describir alguno de los hecho más trascendentes y para no aburrir enumeraremos algunos, por supuesto hay mucho más y no hablemos de la moral de los funcionarios comenzando por quien conduce este gobierno.

– La compra suntuosa y costosa de un avión Learjet 45 sin licitación y sin partida presupuestaria prevista. El gasto obsceno de más de $ 30.000.000 para la campaña electoral de Yarade, que ya difunden los medios independientes. El uso indebido y frenético del avión oficial para la campaña electoral. Este y el punto dos, son los leit motiv de un gran debate en la sociedad, del descalabro de las cuentas públicas de las gestiones: Romero-Urtubey.

– Imputación de las cuentas públicas de la Provincia. Actualmente se continúa registrando en función de un Proyecto de Ley denominado “Ley de Administración Financiera” y su “Proyecto de Decreto Reglamentario” implementado ilícitamente en el año 2.004 por el ex Ministro, actual Senador Provincial por Capital, y candidato a Diputado Nacional por el Justicialismo, Fernando Yarade. Honrado y legitimado con devoción por la gestión del “cambio” Urtubey y por la justicia.

– Guarda de la documentación pública. Se ratificó la guarda en el sector privado, donde uno de los accionistas de la Empresa de Transporte beneficiada, Plumada S.A., sería Fernando Yarade, en contradicción absoluta de lo que expresamente prevé la Constitución y la ley en la materia. Convalidado inconstitucional e ilegalmente por la gestión del “cambio” Urtubey y la justicia.

– En la gestión de Juan Manuel Urtubey, funcionario del anterior gobierno, entre otros, desapareció la Empresa del Estado PROVIPO con todo su patrimonio como por arte de magia. Es decir, se la robaron, literalmente. No se hizo la denuncia en el ámbito que compete, porque no confiamos precisamente en lo que se denomina “justicia”.

– El Órgano por excelencia de recaudación de la Provincia, Dirección General de Rentas, llegó a lo inexplicable, al ridículo extremo, con vicios groseros de nulidad absoluta, a vender harina y comprar pollos con “absoluta naturalidad”, sin ningún escrúpulo por actuales funcionarios, como el Secretario de Ingresos Públicos, Sebastián Saravia Tamayo. Otro ungido y ratificado por la gestión del “cambio” Urtubey y por la justicia.

– Hace virtualmente 18 años que nos retardan y deniegan derechos con absoluta impunidad, arruinándonos la vida a diario, provocándonos daños irreparables, heridas intelectuales en nuestras familias. Tanto en la instancia administrativa como jurisdiccional a nivel Provincial y Nacional. Aún cuando las normas en vigencia o reglas de juego de la democracia dicen lo contrario. Entre otros, caso: Adicional Fijo Ley Nº 6.929. Que en primera instancia el entonces Asesor Jurídico, Néstor Javier David, reconoce expresamente que nos asiste tal derecho. Después, como Ministro de Hacienda, sin pudor alguno, asevera: que no es lo que él mismo dice como “jurista” y con su rúbrica. Actualmente en otro reclamo administrativo dilatado por el actual Ministerio de Trabajo, y en la instancia Penal convalidado por la justicia: Entre otros, por el compulsivo transgresor serial del estado de derecho, Agente Fiscal: Emma Puentes. La decisión o medida carece concretamente del sustento legal necesario para poder aplicarse.

La Ley Nº 6.820, una ley con vigencia por un período y fin determinado, es decir caduca, se hacen desaparecer y crear nombres de Programas o Subprogramas y de los derechos, principios y garantías constitucionales de los trabajadores. Se despojan de sus cargos a personal de planta permanente sin los mecanismos legales previstos.

Tampoco se reconoce los derechos constitucionales de la organización gremial Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.). Nos roban los expedientes para no reconocer esos derechos. Nos estafan, imponiéndonos que se nos reconoce como derechos o no, al margen de lo que establece el estado de derecho. Se ha implementado un verdadero latrocinio como es el trabajo en negro en la Administración Pública para tener condicionados a los trabajadores y en particular los denominados artículos 30º. Que inclusive ahora, les ordenan que deben ser fiscales del oficialismo en las próximas elecciones.

Éste es el “proceso de cambio” o “el plan estratégico del gobierno, es el mejor legado para el futuro” que proclama Fernando Yarade. No es una sensación de irregularidades, es un flagelo real indignante de la corrupción e impunidad, de la degradación sistemática de las instituciones. Y que por no callar estas aberraciones, nos están estrangulando hasta la asfixia. Siguen destrozando y humillando perversamente las familias de los que reclaman sus derechos.

La gestión Urtubey es la continuidad del modelo de gestión pública de Juan Carlos Romero, además de mantener la pobreza y mofarse públicamente del vicegobernador Zottos.

– Sergio Ibarra y Néstor Eduardo Vargas. Dirigentes gremiales de ATAP

– (1) Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad.