Gremialistas de ATAP denuncian un grave ataque a la libertad sindical con incumplimientos y olvidos de un gobernador que se niega a recibirlos. Nora Giménez cerca de la denuncia penal. La democracia no admite hipocresías, estafa e incoherencia.
Los miembros de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta presentaron al Gobernador dos petitorios y dos solicitudes de pronto despacho, escritos en los que denuncian graves distensiones y olvidos de Urtubey, omisiones intolerables de Nora Giménez e incumplimientos de acuerdos y leyes. También expresan su decisión de mantenerse en el camino de la lucha por La libertad Sindical y por la mejora de la situación de los trabajadores de la Administración Pública Provincial.
Los manejos del Ejecutivo
Cabe recordar que los representantes del gremio A.T.A.P. -al que el gobierno de Salta intenta en forma sistemática desconocer- denunciaron oportunamente el meganegociado de Plumada con el estado provincial, con fotos y pruebas contundentes.
A continuación se transcribe un párrafo de una de las notas elevadas (13-01-09) en donde la referencia admite varios ensayos polémicos. Se refieren previamente a la participación en la Comisión Negociadora Central según Decreto 4508 de Procedimientos Administrativos:
“Y en lo referente a la convocatoria de los concursos en la Administración Centralizada (estimamos, previa derogación de la Ley de Emergencia Económica), nuestra participación de manera directa en las decisiones que se tomen, con respecto a la numerosa “parentela” actual del “Poder Ejecutivo Provincial” -y demás funcionarios- que podrían quedar en cargos de relevancia y en planta permanente mediante posibles concursos ficticios o dirigidos, más allá de los cargos políticos, Intervenciones, Ministeriales en la Provincia y legislativos a nivel nacional. No es una objeción a las personas, es una lógica inquietud institucional. ¿Estamos hablando de la degradación y descomposición de las instituciones?”
Petitorios por derechos a una reivindicación salarial
Aclaran los sindicalistas que por quinta vez solicitan audiencia con el gobernador –a la vez que reiteran una continuidad que viene expresándose desde la última década- por lo que necesitan – a instancias democráticas- reunirse con el gobernador para sanear las condiciones laborales de los trabajadores según lo expresan en cinco puntos: establecer o acordar una escala salarial para “reacomodar el fuerte retraso salarial que tienen los empleados públicos”; implementar el pago de Adicional de la Antigüedad según Decreto Nº 1.563/05 de Necesidad y Urgencia de 09/08/05 con vigencia a partir de 01/07/05 y convertido en Ley Nº 7.371/05 –que deroga el artículo 2º de la Ley Nº 6.929, referido al “Adicional Fijo por Equiparación” así como el pago del Adicional de la antigüedad según el artículo 21º de la Ley Nº 5.546; el pago del Adicional Fijo según Ley Nº 6.929, a los trabajadores de la Administración Centralizada que no se les abonó nunca: enero de 1.997 a junio inclusive de 2.005 e igual tratamiento en la aplicación de la Ley Nº 24.714 (Ley Nacional de Asignaciones Familiares), con los haberes de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.
Asimismo, denuncian que llevan ocho meses esperando que Urtubey cumpla con lo prometido el 27/05/2008 en la plaza 9 de 
cuando se llegó a un acuerdo que terminó con el levantamiento de la huelga de hambre que realizaban. Tal acuerdo generó reuniones posteriores con el Secretario de la Función Pública, Matías Posadas, para tratar los puntos pendientes en una mesa de negociación e ir solucionándolos.
Ahora denuncian: “Desafortunadamente a la fecha no han existido respuestas concretas a esos temas pendientes que fueron motivos de una decisión extrema, sólo se puede acreditar nuestra paciencia, tolerancia y vocación al diálogo en el tiempo transcurrido –virtualmente ocho (8) meses…”
Sergio Ibarra, Miguel Rojo y Eduardo Vargas fueron detenidos y llevados a la Alcaidía por la huelga de hambre realizada en Plaza 9 de julio y de tal modo las autoridades borraron públicamente su reclamo al momento en que la presidenta Cristina Kirchner se encontraba en Salta.
Sus petitorios al gobierno de Juan Manuel Urtubey reiteran la solicitud de reincorporación a su puestos de trabajo de Marina Guanca, Nora Mirta Romero, Sergio Martín Zamboni, Fátima Elizabeth Gramajo y Walter Rodolfo Alderete, quienes en forma arbitraria vienen sufriendo una inadmisible persecución debido a su participación gremial en A.T.A.P.
La hipocresía como arma antidemocrática de gobierno
Señalan los gremialistas discriminados y perseguidos por el poder Ejecutivo salteños, como una paradoja reveladora, que los discursos del gobernador contradicen sus acciones.
Por ellos afirman que el de Urtubey es un “testimonio absoluto de hipocresía, estafa e incoherencia de su hipotético compromiso público cívico republicano”.
Cuando fue elegido gobernador afirmó:
“Seré un esclavo de la ley”
Tras lo cual agregó:
“Los derechos humanos van ha dejar de ser un ámbito para fijar solamente posiciones testimoniales. Van ha ser un ámbito en donde se actúe garantizando el pleno ejercicio de las libertades amparadas por nuestra Constitución y la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional en la Argentina”.
El código de descuento
Los sindicalistas agregan en uno de los petitorios elevados al Ejecutivo salteño la solicitud de reconocimiento del Código de Retención a la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta
(A.T.A.P.).
Por su persistencia en la violación de la legislación laboral, las normas constitucionales y los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en el país, el gobierno de Urtubey está en la mira del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así lo destacan los sindicalistas de A.T.A.P. en una de las notas entregadas al gobernador: “Asimismo, el Comité observa que la ATAP 
alega que después de dos años de haber solicitado que se le otorgue un código de descuento para poder retener las cotizaciones sindicales de sus afiliados, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la Provincia (cuya Ministra es la señora Nora del Valle Giménez, además hipotéticamente `defensora de los derechos humanos`), violando los principios de la Libertad Sindical, rechaza la solicitud”.
La actitud de Nora del Valle Giménez -advierten los gremialistas Miguel Rojo y Sergio Ibarra– la hacen pasible de una denuncia penal.
¿Cumplió?
La Nación, el 14 de noviembre de 2007, publicaba una entrevista realizada por Luis Lauge a Juan Manuel Urtubey. Ofrecemos un fragmento:
¿Esperaba ganar la provincia frente al postulante de un dirigente tradicional y actual gobernador como Juan Carlos Romero?
– Veíamos que la gente quería un cambio. Está claro que en la provincia yo fui sólo un instrumento de la voluntad de los salteños de poner fin a un régimen que estuvo signado por un alto nivel de concentración de poder.
La transición que espera a la asunción de Cristina Kirchner como presidenta ofrece el escenario de la pelea entre funcionarios y a los sindicalistas enfrentándose a palos en la calle. ¿Eso no desgastará rápidamente su poder?
– No. Soy muy optimista respecto de que Cristina Kirchner imprimirá como futura presidenta la profundización del cambio en la gestión que inició Néstor Kirchner. Ahora viene la institucionalización definitiva de este modelo que Cristina garantizará por su perfil, por su formación, por su conocimiento y trayectoria.
Se habla mucho de eso, ¿pero cuál es el cambio en la institucionalización, como usted dice?
– La diferencia es que pasamos de la tradición argentina de una lógica pendular a una mayor continuidad en políticas de Estado. Este es el costado más virtuoso que podemos exhibir en los próximos cuatro años donde dejaremos atrás viejas prácticas que hicieron que la política cayera en el prestigio social. Muchos de los triunfos electorales que sucedieron son gracias a esos vientos de cambio.
Se conoce mucho la Salta turística pero no tanto la pobreza de Tartagal. ¿Qué hará para revertir esa situación?
– Que tenemos mas del 50% de la población bajo la línea de pobreza. Mi vicegobernador, Andrés Soto (sic), es de Tartagal. Y alentaré el industrialismo para salir de este mundo feudal que gobernó a la provincia.
Esta nota se publicó por primera vez el 18 de enero de 2009
– Nota relacionada:
Vargas, Rojo e Ibarra detenidos en forma violenta en Plaza 9
https://www.salta21.com/spip.php?article776
Urtubey y Nora Giménez podrían ser demandados penalmente
https://www.salta21.com/spip.php?article956
Nepotismo sin freno: la interventora Ximena Saravia Toledo de Urtubey
www.salta21.com/spip.php?article1367
