– Por Carmelo Paredes
– Revista Zoom (24 de octubre de 2008)
El sistema financiero en crisis ha perdido otro enorme y jugoso negocio luego de timbear durante 14 años con los haberes futuros de los argentinos. Una mala noticia para el mundo especulativo y una esperanza para miles de trabajadores, que zafan de un sistema de riesgo crediticio y regresan a uno de seguridad social. Para el Gobierno, se abre el desafío de administrar los fondos jubilatorios mejor que nadie.
Aunque todavía cueste creerlo, el sistema jubilatorio privado que Carlos Menem creó en 1994 y que dijo haber llegado para quedarse y acompañar la vida de varias generaciones de trabajadores argentinos, se hizo trizas apenas arreció la actual crisis financiera internacional.
Hace 17 años, en 1992, el tristemente célebre Domingo Cavallo, por entonces ministro de Economía de la Revolución Productiva que nunca fue, había resuelto la liquidación de cajas jubilatorias y de pensión.
Luego, y a pesar de enormes marchas en contra, llegó la reforma jubilatoria, la que el naciente sindicalismo combativo antimenemista consideró “el fin de la jubilación de reparto”.
Al final sobrevivió y dentro de poco será la única opción, pero fueron necesarios quince años y la crisis financiera internacional más importante de las últimas 8 décadas, para que la Argentina extirpara una de las principales reformas impulsadas, a cualquier precio, por el Consenso de Washington.
La triste historia
A fines de 1994, los economistas reconocían que el gobierno de Menem había impulsado esas reformas “tarde, pero en tiempo récord”.
Era cierto, el menemismo se tomó sólo tres años para hacer añicos un sistema jubilatorio centenario que a pesar de sus defectos, había logrado administrar los aportes previsionales del país con dificultades, pero sin razones suficientes para ser liquidado y menos, para enajenar los aportes jubilatorios de millones de argentinos que vivieron desde entonces, uno de los peores vaciamientos de los mejores esfuerzos de toda su vida.
En 1992, cuando promediaba el primer año de su reinado en Economía, Cavallo resolvió la creación de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), el organismo donde fundió las principales cajas previsionales del país. Ellas fueron el ex-Instituto Nacional de Previsión Social (INPS); las tres ex-cajas nacionales de previsión (Industria, Comercio y Actividades Civiles, Estado y Servicios Públicos y Autónomos) y también liquidación de las tres ex-cajas de asignaciones familiares, tres siglas que muy pocos recordarán: CASFPI (Industria), CASFEC (Empleados de Comercio) y CASFPIMAR (Estibadores Portuarios).
Hasta entonces duró como sistema único el tradicional mecanismo donde todos los asalariados aportan parte de su dinero para que los trabajadores jubilados puedan subsistir, luego de haber trabajado toda una vida y bajo la garantía del Estado de administrar el dinero que aporte la siguiente generación de trabajadores.
El clásico sistema de solidaridad social que fue puesto en duda miles de veces por el menemismo hasta que lo fracturó.
Cuando la nueva ANSeS cumplió los dos años de vida, Cavallo, el calvo padre del peso convertible creó el Sistema Integrado de Jubilación y Pensión, es decir la reducción del clásico sistema llamado de reparto, y la creación de un sistema jubilatorio, de ahorro por cuenta individual, algo muy parecido a lo que implantó el dictador Augusto Pinochet en Chile en los primeros años de la década del ‘80.
Así fue que en pocos años, los aportes de millones de argentinos pasaron a manos de grupos financieros internacionales como BBVA, ING, MetLife, HSBC y CNP, los principales operadores de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), una de las opciones aparte de la jubilación por reparto.
Se llamó mixto, y consistió en la convivencia del sistema que Menem quiso liquidar, con la nueva y jugosa oportunidad de hacer negocios financieros con los frescos fondos de varias generaciones.
Vecinos que sí, vecinos que no
Se trató de la reforma previsional más importante de la historia argentina y fue parte esencial de una ola privatizadora en América Latina que alcanzó al sistema previsional y lo dañó seriamente. Once países en la región cuentan hoy con sistemas jubilatorios privados, de los cuales seis sustituyeron por completo el régimen público, como Chile o México, y ocho tienen regímenes mixtos, como Argentina y Uruguay, o en competencia, como Perú.
Del otro lado también hubo ocho. Fueron los que mantuvieron la previsión social en la órbita del Estado, pero algunos incorporaron cambios.
Brasil introdujo en 2002 reformas que permiten al trabajador efectuar ahorros voluntarios en una administradora privada, además de la contribución obligatoria al régimen de reparto. Un sistema similar rige en
Uruguay, donde cierta franja de asalariados solo cotiza al sistema estatal, mientras otra lo hace simultáneamente a los dos regímenes.
En esos años, la Argentina pasó de un sistema de seguridad social a uno de riesgo crediticio que vivió durante 14 años cobrando una de las comisiones por administración de los fondos “más caras del mundo”, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ONU) contratado por la ANSeS.
Una muestra es que actualmente hay 9,5 millones de personas afiliadas a las AFJP, pero solo aportan regularmente 3,6 millones, y hay unos 5,2 millones de trabajadores en el sistema estatal de reparto, de los que 3,8 millones cotizan cada mes.
Las AFJP reciben hoy aportes anuales de unos 15.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) y administran unos 33.000 millones de dólares, que invierten sobre todo en bonos de deuda pública nacional (55 por ciento) y, en menor medida, en títulos extranjeros, acciones y depósitos de plazo fijo.
En el revelador análisis titulado Las promesas incumplidas del régimen de capitalización, la ANSES, dependiente del Ministerio de Trabajo, sostuvo que la caída mundial de las bolsas de valores confirmó «brutalmente» que el sistema privado es «inadecuado» y su rentabilidad negativa. O sea, que se pierde plata. Y no cualquier plata, sino la que uno aporta y cree ahorrar toda la vida para que cuando llegue a viejo no se muera por no poder trabajar y no tener con qué comer.
Según datos de las AFJP, la rentabilidad del sistema cayó 2,2 por ciento el último año en términos nominales. Pero, con la evolución de la tasa de inflación, la pérdida real de rentabilidad fue de 20 por ciento.
Un dato que gran parte del periodismo canalla puso en duda por más de una década: que los aportantes al sistema privado recibirían menos plata de la que aportaron.
De acuerdo al organismo el sistema es inviable porque el Estado está garantizando con sus fondos el pago de miles de jubilaciones privadas.
Setenta y siete por ciento de las 445.000 personas que se jubilaron en alguna AFJP, reciben dineros públicos como complemento de sus pensiones que están por debajo de los montos mínimos legales.
Varios miles de jubilados, que ya consumieron sus ahorros previsionales en las AFJP, dependen ahora de las pensiones que les paga el Estado.
Jubiletas K
El fin de la jubilación privada tuvo algunos antecedentes que fueron a contramano de la liquidación previsional.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner hubo mejoras en el sistema, pero no cambios de fondo.
En 2005, se facilitó la jubilación de 1,5 millones de personas, la mayoría mujeres que no habían cotizado durante su vida laboral, y se elevó a 95 por ciento la cobertura previsional.
Cuando se crearon las AFJP, los trabajadores debieron optar entre uno u otro régimen y los indecisos fueron asociados compulsivamente a alguna administradora privada.
En 2007, después de mandarle aportantes a las empresas por 10 años, se abrió el sistema privado de jubilaciones para que sus afiliados pudieran pasarse o volver al Estado, un salto que pegaron 1,3 millones de trabajadores.
La ley que permitía el traspaso también establecía que no habría más cambios hasta 2012, pero la crisis mundial del capitalismo neoliberal aceleró los tiempos, la caída de las AFJP se precipitó y quizás por eso investigan a varias de esas empresas por manejos fraudulentos antes del anuncio oficial que ya desató el primer malestar del establishment financiero: en los días siguientes a la oficialización del fin de la timba, el índice del Mercado de Valores cayó un 10,1%, ante “la preocupación de los inversionistas”.
El Ibovespa de Brasil, la mayor economía latinoamericana, cerró un 10,2% a la baja, y la Bolsa de Madrid (IBEX) cayó un 8%, mientras que las empresas ibéricas instaladas en Argentina, como Repsol y Telefónica, resultaron muy golpeadas, aunque desde que se instalaron en el continente han multiplicado sus ganancias de manera escandalosa y a precio vil.
Los datos son elocuentes. El sistema financiero en crisis se ha perdido otro enorme y jugoso negocio.
Una mala noticia para el mundo especulativo y una esperanza para miles de trabajadores.
Para el Gobierno es, sin duda, la obligación de jubilar a todos aquellos que no reciben absolutamente nada, evitar que el PAMI regrese a sus peores momentos, y administrar los fondos jubilatorios mejor que nadie.
