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Mientras el gobierno conservador de España amenazó a la Argentina con “graves consecuencias” si se nacionaliza YPF, la administración dirigida por Cristina Fernández de Kirchner intentará recuperar la responsabilidad del Estado nacional para dirigir la política energética.

La realidad indica que la privatización del estratégico recurso, además de gravísimos problemas sociales, dejó al país al borde de la inexistencia de gas y petróleo.

Como derivación acientífica del darwinismo social (errónea teoría que sustenta que la evolución social de la humanidad se explica por leyes biológicas), el darwinismo económico que implicó el neoliberalismo sostuvo que sólo las empresas “fuertes” sobrevivirían a los estados decadentes y las economías débiles.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue desde 1922 una empresa pública argentina dedicada a la exploración, explotación, destilación y venta del petróleo y sus productos derivados. Con el tiempo se transformaría en la mayor empresa del país, empleando a unas 50.000 personas. En 1992, el gobierno de Carlos Menem la transformó en YPF S.A. en 1992 y actualmente pertenece a la española Repsol.

De acuerdo con la doctrina del general Enrique Mosconi y del ex presidente Hipólito Yrigoyen, la empresa tuvo el monopolio legal de los hidrocarburos durante toda su existencia como Sociedad del Estado, a pesar de que también existía una considerable participación en la industria de las multinacionales Shell y Esso, lo que se acentuó durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. De todos modos, su producción siempre superó con creces la del sector privado, lo que de hecho era el objetivo buscado por Mosconi: el fisco debía contar con una gran empresa, para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país.

Desde su fundación, YPF exploró y produjo energía en todo el país, logrando la fundación o engrandecimiento de pueblos cercanos a zonas con reservas de petróleo, como Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Plaza Huincul, en Neuquén o Campamento Vespucio y General Mosconi, en Salta.

La entrega

Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, fue reestructurada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en el marco de la política neoliberal impulsada por los estados capitalistas centrales y las corporaciones argentinas.

Entre 1989 y 1992 se llevaron a cabo las principales reformas. El primer paso en este proceso fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (que era una Sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.).

En el año 1993, el Estado nacional mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, mientras que los estados provinciales poseían el 12 por ciento. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.

Finalmente, se culminó la privatización al venderse el último 24% de acciones estatales y provinciales a la española Repsol en 1999 por un valor de 9.000 millones de dólares. REPSOL compró en el mismo año otro 73% de acciones que pertenecían al sector privado. En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, conglomerado argentino de empresas al mando de Enrique Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A. El 4 de mayo del 2011 aumenta su participación accionaria en la compañía en un 10%.

De esta manera, el Grupo Petersen obtuvo el 25,46% de YPF, la compañía Repsol, el 58,23%, mientras que el 16,34% restante se encuentra en manos de inversores del mercado.

Según la investigación realizada por Gustavo Lahoud (http://www.reconstruccion2005.com.ar/0707/privatizacion_ypf.htm), YPF fue el principal activo estratégico y económicamente viable del Estado argentino entre 1922 y 1992, logrando expandir la oferta y la producción de energía en todas sus formas (combustibles derivados del crudo, gas natural y electricidad), diversificando el suministro eléctrico (sobre la base del gas natural que distribuía Gas del Estado, más la hidroelectricidad y en menor medida la nucleoelectricidad) y permitiendo una configuración de la estructura socioeconómica del país basada en la industrialización para sustituir importaciones de productos de consumo masivo, además en industrias claves como el acero, petroquímica, automotriz, aeronáutica y naval, y en el avance científico-tecnológico del campo nuclear.

Con YPF el Estado formuló e implementó una serie de políticas de planificación energética que resultaron en el desarrollo de un aparato productivo que posibilitó mejores ventajas competitivas en la economía nacional y condiciones de vida para los ciudadanos.

“No obstante, el modelo económico de la Dictadura Militar (1976-1983) basado en las rentas agropecuaria y financiera, la desindustrialización, el estancamiento científico-técnico, la desregulación de los mercados, el ajuste estructural y el endeudamiento externo, dejaron las bases y cimientos para su completa enajenación posterior, la cual se ejecutó durante los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem: la primera etapa culminó en 1993 y la segunda en 1999”, sostiene el informe de Lahoud.

La energía privada

El Decreto N° 2778 del Poder Ejecutivo Nacional, del 31 de diciembre de 1990, reglamentario de la Ley N° 23.696, transformó a “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado” en “YPF Sociedad Anónima”. De esta manera, pasó a dominio privado todo el capital social de la empresa, asumiendo el Estado Nacional la deuda que existiera al 31 de diciembre de 1990.

Los argumentos que se dieron en ese momento fueron los mismos para la privatización de cualquier empresa estatal: “la mayor eficiencia en la producción (o explotación), de la actividad traerá más eficacia y por ende mayor calidad del producto a menor precio”; además, las privatizaciones mejorarían la situación social ya que al producir más disminuiría el desempleo.

En 1990 lo único que se buscaba eran beneficios a corto plazo, ya que la venta inicial se hizo por sólo 2.000 millones de dólares.

El proceso de entrega continuó en octubre de 1992 cuando, por la Ley 24145, se privatizó el resto del capital social disponible de la, ahora, YPF S.A.; y se transfirió a las provincias el dominio público de los yacimientos de los hidrocarburos.

Este traspaso, dos años antes que lo hiciera la Constitución reformada, originó un grave problema a los gobiernos provinciales, ya que tenían el recurso pero no podían explotarlo porque no tenían una empresa estatal para lograrlo. Además, el sector de hidrocarburos está regulado por la ley 17.319, que data de 1967, y que establece, entre otras cosas, que el recurso hidrocarburífero es de dominio nacional.

De esta manera, queda gravemente afectado el ordenamiento jurídico, puesto que mientras la Constitución reformada de 1994 otorga el dominio de los recursos a las provincias, al igual que la mencionada 24.145/92, la ley que está vigente (17.319/67), consagra el dominio nacional, y mientras que la gestión que se plantea por medio de las leyes 23.696/90 y 24.145/92 es la de iniciativa privada, en la 17.319/67 se mantiene la gestión estatal.

Por el lado de las empresas, el proceso de privatización continuó en 1993, cuando fondos mutuales de los Estados Unidos compraron acciones que habían sido colocadas en las Bolsas de Comercio de Nueva York y Buenos Aires. En esta ocasión, el paquete accionario alcanzó el 45 % por un total de 3.400 millones de dólares.

Aparece Repsol

En 1998 cuando aparece en el escenario la española Repsol. A fines de ese año adquirió el 5,01 % de las acciones del estado, y a principios de 1999 compró el 14.99 % restante por 2.010 millones de dólares. En junio de 1999, Repsol compró el 55 % de YPF y el 11 % de las provincias con lo que suma casi el 90 % del total del paquete accionario de la empresa. Lo que en un comienzo empezó por una actitud apresurada del Gobierno Nacional de vender a YPF por 2 mil millones, terminó con Repsol gastando más de 17 mil para comprarla.

Repsol también tiene una historia similar a la de YPF, ya que al igual que la argentina, la petrolera española fue privatizada. En efecto, en 1986 el Estado español creó la empresa Repsol, administrándola por medio de un organismo público de participación estatal (denominado INH), pero en 1997 finalizó su privatización con la venta de Repsol a un grupo de accionistas mixtos y privados. De esta forma, quedó trazado el objetivo principal de Repsol: garantizar al máximo la mejor rentabilidad posible al accionista.

Si se evalúan las situaciones de Repsol y de YPF antes y después de la compra en 1998, se podrá comprobar que la petrolera española usa a YPF para el trabajo duro y costoso, reservándose para sí el beneficio del esfuerzo.

Antes de 1998, los activos de Repsol estaban repartidos de la siguiente manera: Industrialización y Comercialización, 42 %; Gas, 27 %; Exploración y Producción, 23 % (de los que la mayor parte corresponde a Producción). Los activos de YPF, por su parte, se componían así: Exploración y Producción, 64 %; Industrialización y Comercialización, 32 %.

Por su parte, las grandes petroleras internacionales mantienen sus activos concentrando el 50 % en Exploración y Producción; y el 30 % en Industrialización y Comercialización, aproximadamente.

Por lo tanto, se trataba de un “negocio redondo” para Repsol, ya que sus activos y los de YPF se complementaban perfectamente para llegar a ser “una de las petroleras más grandes del mundo”, tal como rezaba uno de sus pilares, que se ordena, a su vez, a servir la rentabilidad de los accionarios de la española.

El negocio redondo de Repsol consistía en comprar una empresa que hizo el gran esfuerzo de explorar y perforar para disfrutar de los ingresos de la venta del producto y sus derivados.

El resultado para Repsol consiste en ganar en Exploración y Producción (pasando del 23 al 39 %), manteniéndose en los niveles internacionales de Industrialización y Comercialización (30 – 40 %). Pero es sabido que la inversión destinada en los primeros segmentos del proceso productivo del sector de hidrocarburos, es decir Exploración y Producción (que incluye Perforación), es mucho más riesgosa y costosa que el Transporte y la Distribución. En el primer caso, la inversión debe ser permanente, ya que se debe mantener la actividad, que no siempre es segura; mientras que en el segundo, una vez hecha la instalación de la infraestructura necesaria (primera inversión), el mantenimiento es insignificante.

Por lo tanto, el negocio redondo de Repsol consistía en comprar una empresa que hizo el gran esfuerzo de explorar y perforar para disfrutar de los ingresos de la venta del producto y sus derivados.

Ganancias extraordinarias

El resultado obtenido por Repsol con la adquisición de YPF determinó una política a seguir por la empresa española que será la que guíe su relación respecto de la argentina.

Así, en el período transcurrido entre 1994 y 1998, es decir hasta la compra de YPF, el beneficio neto por acción de Repsol creció anualmente a una media del 10,8 %. La rentabilidad sobre el capital obtenida como media en dicho período de tiempo fue del 12,3 % y la rentabilidad total para el accionista (revalorización de la acción más dividendos), alcanzó el 18,6 % anual. Asimismo, entre 1991 y 1999 las exportaciones de combustibles de Argentina se multiplicaron por cuatro, pasando a representar, en el mismo período, del 6,4 % al 12,7 % del total de las exportaciones del país.

Se comprobó que Repsol aprovechó el potencial de YPF, sus reservas comprobadas, sin invertir en ese segmento, y exportar todo lo que se podía de esa producción. La razón de privilegiar las exportaciones radica en la diferencia entre el precio internacional y el costo local. Mientras el barril se pagó en el mercado internacional entre 25 y 30 dólares, el costo de producirlo en las cuencas más caras del país se estima en 10 dólares.

Por lo tanto fue más conveniente, para asegurar la rentabilidad de los accionistas, explorar poco y exportar mucho.

Las reservas argentinas

Los recursos energéticos argentinos daban, en 1998, para 15 años. Pero todo este análisis no tendría más sentido que describir una situación favorable para una empresa concreta como es Repsol – YPF, si no se incluyera cuál es el peligro que debe alertar a la Argentina.

El principal problema que debiera despertar las conciencias de los argentinos es el manejo que se le da a las reservas comprobadas de hidrocarburos con que cuenta nuestro territorio. En efecto, si la Argentina tuviera reservas por 70 años, como es el caso de Venezuela, o su explotación fuera estrictamente racional, la privatización de YPF tendría alguna posibilidad de ser elogiada. Pero como nuestras reservas comprobadas oscilan entre 9 y 15 años, según la fuente, y la exportación del crudo es cada vez mayor, se corre el riesgo de pasar de ser un país productor que logró autoabastecerse con mucho esfuerzo, a ser un importador que verá encarecer todos sus costos de producción, determinando un futuro oscuro para la industria nacional.

Pero, mientras que el total de las reservas comprobadas del país se mantuvo, o incluso experimentó una leve suba, las de YPF (a partir de 1998 Repsol – YPF), han disminuido. Esto comprueba que la inversión en exploración, principal activo que originó la compra de YPF, se ha dejado de lado como prioridad.

Las reservas no se ampliaron pues no se invirtieron en exploraciones. Incluso, tal como afirman ex trabajadores de la estatal YPF, pozos en exploración “se taparon”. Repsol, cuyo negocio es asegurar rentabilidades a socios accionarios, se dedicó sólo a explotar cuencas que ya habían sido exploradas por la ex empresa estatal y no representan inversiones.

– Fuentes:

Secretaría de Energía y Minería de la Nación

Instituto del Gas y el Petróleo

Le Monde Diplomatique.-

http://www.reconstruccion2005.com.ar/0707/privatizacion_ypf.htm

www.repsol.com

www.olade.org.ec

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