Durante la campaña electoral del año 2015, el frente ahora gobernante impuso como caballito de batalla principal –luego de analizar obviamente las encuestas que indicaban como tema de interés general de la población el de la inseguridad- que contaba con un plan para solucionar de cuajo el asunto.
Por supuesto que una vez tomadas las riendas, el nuevo gobierno quedó al descubierto de que no contaba con plan alguno, que no tenía siquiera especialistas en la materia y comenzó su errático retroceso argumentando que al asumir se habían encontrado con un panorama peor del esperado. El viejo truco de la pesada herencia.
Y en ese desvarío montado con una improvisación tras otra, designa a cargo del área a la señora Patricia BULLRICH quien a poco de andar demostró objetivamente que no tiene conocimientos mínimos para aportar siquiera una mejora.
La palabra plan en el diccionario de la Real Academia Española alude literalmente a un modelo sistemático de una actuación pública o privada, quese elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.
Muy lejos de esos parámetros se aprecia claramente que el macrismo carece de todo plan, y que de manera espasmódica toma resoluciones sin análisis previos y siguiendo la presión de los medios nacionales, cada vez que hay un hecho de violencia que afecta a determinada clase social.
En la primera semana de octubre del corriente año ha decidido traspasar 23.000 efectivos nacionales a la provincia de Buenos Aires, y ha pretendido presentar así a la nueva fuerza, con el helicóptero del SAME incluido, ploteado a última hora como si fuera policial. Otro papelón más.
Esa medida no procura de ninguna manera prevenir ni combatir la inseguridad, sino solamente descargar la fuerza represiva del Estado sobre el único perfil de inseguridad que preocupa a esta clase de gobierno: el de atentados a la propiedad de la clase media y alta.
Y por eso se mandan al conurbano bonaerense todos los nuevos uniformados, la mayoría de ellos gendarmes, quitando fuerza de control y represión al narcotráfico en las fronteras del país, con lo que en vez de atacar una de las principales causas de generación de la violencia social –el narcotráfico- se va a aumentar el nivel de violencia sobre las clases marginales, principales víctimas de ese comercio ilegal.
En ese sector social de marginados y excluidos la violencia es mucho mayor que en el resto del País, pero como todos esos habitantes víctimas del sistema que no componen la clase dominante, no manejan ni direccionan el discurso de la inseguridad, su trágico destino es que lo que se combata sea la inseguridad de los ricos, y se siga invisibilizando la inseguridad de los pobres.
En ese segmento social están los 4.644 muertos por gatillo fácil y torturas en comisarías registrados por la CORREPI entre 1983 y 2015, sumados a los 20 asesinados en protestas sociales y los 200 desaparecidos en el mismo lapso, que lejos de lo medios que sólo se ocupan de los suyos, no son tenidos en cuenta.
El actual gobierno sabe que por el camino económico emprendido, por el que se va a ampliar la brecha social de manera exponencial, lejos de prevenirse o solucionarse los problemas de la violencia y la inseguridad, ambos se aumentarán y la estrategia es lisa y llanamente ampliar la represión. A menos pan, más palos.
Para la directriz actual, la violencia doméstica, los delitos contra la integridad sexual –que en las zonas de emergencia ya ni se denuncian- las madres que piden cárcel a sus propios hijos porque no pueden manejar la dependencia a las drogas, los casos de gatillo fácil, la trata de personas y los ajustes en los barrios pobres del microtráfico, serán sólo una perversa estadística.
Para esos casos no hay ni habrá plan alguno, salvo el de aumentar el control uniformado de los sectores más vulnerables, para que todo ese panorama se quede allá, que no trascienda a este lado, en el que la clase dominante sí va a combatir los robos, las salideras y las entraderas, que son los casos que le afectan.
Con este mundo al revés, en vez de incluir se margina; en vez de atender se excluye y en vez de disminuir la inseguridad sólo y únicamente se amuralla institucionalmente, sin construir un muro pero con toda eficiencia, segmentando las sociedades para que la fuente de la violencia por desigualdad y exclusión, se mantenga a raya.
Y se disemina el criminal mensaje de que hace falta mano dura y justicia por propia mano. Y no se aborda la perversión de seguir manteniendo eternamente a los pobres como clientes fijos del sistema penal, a merced del sistema judicial que no es ciego y elige muy bien a quien penar.
Los otros en cambio, cuando maten o atropellen a quienes con violencia les roban –el robo es violento, la venganza es impotencia en el discurso oficial- estarán en sus casas con sus familias, para poder estar tranquilos y reflexionando sobre lo que pasó (MACRI dixit).
Como se aprecia la inequidad abismal del diverso tratamiento a los ciudadanos de la Argentina por el Estado, según la clase social a la que pertenezca el involucrado, indudablemente se aumentará.
Y de esta manera, no habrá que ser adivino para comprender sin trabajo alguno, que si lo que se quiere es disminuir la violencia social, ocultando y desentendiéndose del problema como un todo, y sólo limitándonos a defendernos de los otros, vamos por el camino opuesto.
