Durante muchos años hubo diversos intentos del traspaso del fuero laboral a la arbitra de la Ciudad de Buenos Aires pero que ahora sería casi inminente, lo cual configuraría un pleno ataque al constitucionalismo social tal como lo sostuvo el DR. POMPA cuando manifiesta que “el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires es atacar el constitucionalismo social en nuestro país, además de ser un intento de vaciamiento del fuero” (1), lo cual ello significa cercenar no solo la estabilidad de los trabajadores judiciales del fuero sino también los derechos adquiridos de los mismos, complicando aún más el panorama también para los abogados laboralistas que litigan en el fuero.
Ya en el año 1996 en un documento emitido por la CNAT habían manifestado los integrantes de las 10 salas laborales que en forma unánime la «inamovilidad» de los jueces y la negativa a «transformarse» en magistrados locales sin su expreso consentimiento. Entre otras palabras, denunciaron la intentona de un «desmembramiento» del fuero en el litigio de derechos laborales individuales. Ello fue reiterado a través del Acta 2.629 del 7 de abril de 2016, destacando que las sucesivas consultas efectuadas sobre un posible traspaso fueron siempre objeto de una expresa negativa por la totalidad de sus miembros. Frente a ello, la CGT elevo una carta dirigida al Poder Ejecutivo y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, que juntaron las cabezas en pos de la resistencia sobre la idea del traspaso de los juzgados laborales al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad, el fuero laboral presenta un estado de colapso de causas en lo que va de accidentes de trabajo y despidos además de las condiciones edilicias que sufre el fuero y que es un problema de larga data desde hace décadas.
Lo cierto es que treinta juzgados laborales que pasaran a la arbitra de la ciudad de Buenos Aires pasaran con un nuevo régimen en lo que sería la jornada laboral de siete horas y recibirán las causas nuevas que se sortearan a su destino, en tanto que las causas de estos treinta juzgados que pasaran a la arbitra de la Ciudad de Buenos Aires serán absorbidas por los demás cincuenta juzgados laborales que serán en definitiva juzgados residuales y ello significaría agravar el colapso de dichos juzgados de causas además de los atrasos y el desconcierto de parte de los abogados que litigan en el fuero además de los peritos a donde serán reasignadas esas causas en trámite.
Ello constituye los efectos de una nueva precarización laboral que ya en países europeos lo han sufrido en la década del 70 cuyas consecuencias es aumentar los costos laborales de los trabajadores además del desempleo y la caída del PBI (Producto Bruto Interno) y de frenar las inversiones posibles de crear nuevos puestos de trabajo.
También es importante lo manifestado por SILEY cuando afirma “Nosotros estamos a favor de la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la excepción del Fuero Laboral porque este debe ser federalizado, por la materia que tiene, por la historia que tiene”. Agrega además que “lo que hay que hacer en el fuero del trabajo es cubrir todas las vacantes que quedan y eso es responsabilidad del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Entre otras cosas se esperan para este año el ingreso de 120 mil causas contra 90 mil del año pasado. Esa gravedad necesita ser atendida por jueces titulares y no subrogantes“ (2).
Es de destacar las declaraciones del DR. EDUARDO ALVAREZ actual Fiscal General de Apelaciones de la Cámara Nacional del Trabajo al sostener que “el traspaso del fuero laboral al ámbito de la Ciudad seria el vaciamiento del fuero laboral agregando además que los intentos de traspaso del fuero laboral al ámbito de la ciudad fueron varios desde el año 1994 y 1997”.
Lo cierto es que con la posibilidad del traspaso del fuero laboral al ámbito de la ciudad generara más costos laborales, poniendo en peligro la estabilidad de los trabajadores del fuero y además retardando los tramites de las causas iniciadas por los trabajadores frente a los incumplimientos de las leyes laborales por parte de los empleadores.
Frente a este estado de situación, UEJN (Unión de Empleados Judiciales de la Nación) hará un paro con movilización el día 22 de noviembre de 2016 a las 11 hs y el día 23 de noviembre paro por 24 hs en fuerte rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno y en defensa de los derechos adquiridos.
(1) Ver Jornada sobre “Derechos del Trabajo: coyuntura y desafíos”. El encuentro sindico judicial fue organizado por la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) – 29 de septiembre de 2016.
(2) Entrevista a Vanesa Siley secretaria general del sindicato de trabajadores judiciales (SITRAJU) publicado en Sindical Federal.
(3) Entrevista al Fiscal general de Apelaciones la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dr. Eduardo Álvarez por RadioCut – 7 de octubre de 2016.
(*) Adjunta de la cátedra de Análisis Económico y financiero. Jefa de trabajos prácticos de la cátedra Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires- Facultad de Derecho.
