El gobierno de la provincia -y, en particular, Nora Giménez- se ha rehusado a otorgar el código de descuento al que el gremio ATAP tiene derecho legal. Ahora, la denuncia penal contra la ex ministra de Trabajo será ampliada al gobernador Urtubey.
¿La política de Urtubey lleva a la destrucción del sindicalismo auténtico y a la legitimación de los gremios sumisos y obsecuentes que desamparan a sus representados?
Lo que hace el gobierno provincial con la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta es -en este sentido- revelador. Porque se niega a reconocer derechos legales y al hacerlo incurre en acciones que encuadran dentro de figuras delictivas y por ello han originado una presentación en sede judicial.
La denuncia penal contra la ex ministra de Trabajo del actual gobierno provincial Nora del Valle Giménez fue presentada el 18 de junio de 2.009 en el Juzgado de Instrucción Formal 3º Nominación, a cargo de Pablo Fernando Farah.
La causa incoada por la denuncia de Miguel Rojo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.) es la Nº 80.725.
En mesa de entrada de ese juzgado aducen que a la causa la tiene la prosecretaria María Fernanda Lamas, desde el 18/06/09 hasta el viernes 03/07/09 , fecha en la que comenzó el receso o feria judicial de invierno.
El artículo 175º del Código Procesal de Salta, taxativamente establece: “El Juez de Instrucción que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal, y éste, dentro del término de 24 horas, salvo que por la urgencia del caso aquel fije uno menor, formulará requerimiento conforme a las normas de este Código, o pedirá que sea desestimada o remitida a otra jurisdicción”.
En el párrafo siguiente dice: “La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder”.
Y en cuanto al Agente Fiscal, el artículo 176º de la misma normativa, afirma: “Cuando corresponda instrucción, el agente fiscal que reciba una denuncia formulará requerimiento ante el Juez en el plazo de 24 horas, salvo que la urgencia del caso exija que lo haga inmediatamente y se procederá con arreglo al artículo anterior”.
Y en el supuesto caso que así correspondiera, el artículo 185º del mencionado Código Procesal, prevé que: “Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, el juez de Instrucción o la Cámara en lo Criminal practicará una información sumaria que no vulnere la inmunidad de aquél, salvo que se encuentre detenido. Si existiere mérito para disponer su procesamiento, solicitará el desafuero a la Cámara Legislativa que corresponda, acompañando una copia de las actuaciones y expresado las razones que lo justifiquen”.
Dice Rojo: “Como se puede observar, la justicia brilla por su ‘ausencia’. Las evidencias hablan por sí solas. Salvo que se hayan iniciado los trámites de oficio que solicitamos, que se requieran los expedientes administrativos al Ministerio de Trabajo y/o Secretaría General de la Gobernación para hacer una ponderación correcta de las actuaciones”.
“En este caso han transcurrido virtualmente 20 días de la denuncia, y salvo la observación anterior, no se hizo absolutamente nada, transgrediendo lo que instituye el procedimiento del caso. Los ciudadanos comunes en Salta, estamos desamparados por la maldita justicia republicana o instrumentos del poder político de turno? Los elementos o pruebas aportadas -ver los argumentos en el texto de la denuncia penal- son insoslayablemente concluyentes para procesar a la ex Ministra de Trabajo, Nora del Valle Gimenez”, señala Miguel Rojo.
Que esta causa apenas presentada ya se encuentre empantanada no sorprende, pero despierta una melancólica reflexión. ¿Por qué nuestra justicia es tan rápida para condenar al ciudadano común y tan lenta para enjuiciar a quienes tienen poder político?
El articulo 160° de la Constitución de la Provincia de Salta, instituye: “Los jueces de la Corte de Justicia están sujetos a juicio político, con idéntico procedimiento que el previsto para la remoción del gobernador, por las causales de delito común, mala conducta, retardo de justicia, mal desempeño o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
La misma normativa también ordena: “Los demás jueces pueden ser acusados por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Publico por las mismas causales previstas para los jueces de la Corte de Justicia por ante un jurado de enjuiciamiento…”.
El gremialista salteño Miguel Rojo (cuyo caso es conocido y emblemático a nivel internacional y llegó hasta la OIT, como ejemplo de lucha contra la violación del orden jurídico que norma los derechos sindicales) advirtió:
“Cuando finalice la feria judicial haremos la ampliación de la denuncia penal, al obtuso, devaluado gobernador de Salta, cuya gestión formalmente legitimada y plebiscitada, como él sostuvo en campaña, solamente tiene el respaldo del 22 % del electorado de Salta-Capital, en el lapso de un año y medio de mandato».
«¿Esa es la característica de un gobernador exitoso?» (*), pregunta Rojo. Y responde que No: Juan Manuel Urtubey es un consuetudinario violador de los derechos civiles y constitucionales de los trabajadores»
La ampliacion de la denuncia contra Nora Giménez para imputar por los mismos delitos al gobernador de Salta -explica Rojo– se realizará debido a que los plazos legales de la última intimación realizada a Juan Manuel Urtubey mediante carta documento se han vencido.
“Teníamos previsto hacerlo esta semana, pero debido al adelantamiento de la feria judicial la pospondremos hasta su finalización», señaló.
Urtubey reina en su dudoso «éxito» cesanteando a voceros de reclamos salariales (policías), desconociendo el derecho a huelga con descuentos y faltas injustificadas (docentes), atacando a movimientos de trabajadores legitimados por sus pares (Asamblea Docente) o negándose a otorgar el estatus que su constitucion legal exige a un gremio como ATAP. Un «éxito» dudoso, basado en la destrucción de los derechos laborales y sindicales.
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(*) Así lo califica a Urtubey el diario Perfil, al incluírlo entre los mandatarios «ganadores» que «plebiscitaron» su gestión en las últimas elecciones al obtener más del 51 por ciento de los votos (¡?) los candidatos que ellos apoyaron.
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Nota relacionada:
Denuncia penal contra Nora Giménez
http://www.salta21.com/spip.php?article2080
