La “Ley de Medios”, ¿innovación revolucionaria o más de lo mismo?

Me enteré de los debates cruentos por la Ley de Medios, no por las trifulcas que desató y que gesta, sino por las charlas informales con el Sr. Julio Haro, estudiante de la alicaída Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, y periodista autodidacta, columnista esporádico de Salta 21 . Me insistía en que la leyera, que la estudiara, que podría apreciar, por mi amplia formación en el no menos variado campo de la Semiótica, lo innovadora que resultaba. Para mí, Julio Haro, que es mi amigo, me asomaba entonces y me surge todavía, demasiado kirchnerista y no me permitía a mí mismo consultar la normativa; me limitaba a escuchar los debates, aguardando el instante, que no sabía si iba a llegar o no, para intervenir de alguna manera.

Un día, de visita a mi modesto departamento (que en realidad, me alquila por un precio “amigo”), me dijo “che, no seás así; acá tenés la Ley; te la grabo en tu compu y después, cuando tengás un tiempito, la leés. Total, tragás tantos mamotretos, que con apenas 100 páginas, no creo que te acobardés”. Bueno, le respondí, y pasamos a seguir degustando una fría cerveza, a la par que escuchaba a Julio por enésima vez, hablar de la Ley, etc.

Ya con el fallo de la Corte Suprema, me di a la tarea de leer concienzudamente, no sólo la nueva norma sino la vieja, la del Proceso. Fue una sorpresa, porque si bien no es para mí, una “revolución mediática” ni “más de lo mismo”, tal cual enarbolan agrupaciones leninistas de izquierda, hace lo suyo en el campo conflictivo de la comunicación ciudadana.

Es una ley que no cuestiona la transformación de la producción de información, su circulación y consumo, en mercancía; no es una norma de carácter socialista ni socializante. Sería mucho pedirle a un gobierno peronista, que nunca se atreviera, ni con Perón ni sin él, ni antes ni ahora, a abrazar el Proyecto revolucionario socialista y marxista sin ambages ni amagues. Pero es un avance; hacia dónde, se inquietará la “tribuna”. Y…, no sé; es un avance, un paso con respecto a la nefasta ley del Proceso, que es indefendible y que no podía seguir vigente.

En la escala en que es muy presidencialista, porque la concesión de determinadas licencias depende del PEN, es una “ley k de medios”; en eso a la oposición bruta, le asiste la razón. Habrá que alterar esa fuerte dependencia de la concesión de licencias con respecto a los gobiernos de turno; no es algo “saludable” y un marxista consecuente no puede aceptarlo.

Hay que incluir a las ONG, a las mujeres, a ciertas minorías, como las organizaciones de personas con capacidades distintas, a las minorías sexuales, etc., en los que integran los entes que regularán la concesión de las licencias que no dependan del PEN. Es necesario incrementar los representantes de los obreros activos, de las comunidades indígenas.

Es impostergable desburocratizar las disímiles instancias contempladas en la norma.

Hay que cuestionar que la concesión de licencias sea automática para la Iglesia Católica, que es una de las innumerables religiones en el país y no veo por qué habría que privilegiar desde un Estado laico, una fe determinada del credo que fuere.

Es impostergable una articulado explícito en torno a la pauta publicitaria de los municipios, del Estado provincial y del Estado nacional.

Hay que revisar la concepción de que la información y la comunicación es un servicio; para nosotros, es un derecho humano sustancial.

Es ineludible incluir a los medios gráficos y de prensa escrita.

Se tienen que contemplar mecanismos concretos para que el 60 % de las entidades privadas sin fines de lucro y las comunitarias o de la sociedad civil, puedan garantizar su participación en el espectro comunicacional.

En fin; la cuestionada norma es perfectible, como me espetaba Julio Haro.
Lo positivo es que rompe efectivamente, con los monopolios y de ahí la furiosa y sangrienta oposición a la ley k de medios.

Estimula la difusión de la cultura argentina en todos sus niveles: en la música (tango, folklore, chamamé, rock nacional, etc.), en la producción cinematográfica, etc.

Exige que el 60 % de los empleados en una empresa de comunicación sea mano de obra local.

Demanda que el 60 % de la producción de un medio sea propia.

Impide que los monopolios actuales, se “apiolen”, se autodisuelvan y se conviertan en accionistas: se dispone que un inversor, no pueda contar con más del 10 % de las acciones en una empresa; de lo contrario, se convierte en un inversionista con capacidad real de veto. Asimismo, reglamenta que un mismo accionista no pueda apostar en total en otras empresas, sino hasta un 30 %: si en una que llamaremos “A”, ya tiene un 10 %, le quedan libres un 20 % más, que puede destinar como quiera.

Bloquea la injerencia de las mega empresas extranjeras, en especial, europeas y norteamericanas.

En fin; las virtudes son tantas y tan múltiples como lo que habría que modificar de la norma.

¿Conclusión? Habrá que esperar a ver qué ocurre con la piedra que hizo estallar la vidriera de los monopolios e impedir que la ley avale la transformación del Estado, en un aparato que maneje la opinión, tal cual lo hizo la “Corpo mediática” hasta hoy. Habrá que intervenir en una guerra cultural, informacional y comunicacional, que es una de las facetas actuales y claves de la olvidada, desprestigiada y añeja lucha de clases… Que era lo que me reprochaba Julio Haro.