La firma Plumada fue el eje de un escándalo cuando se alzó con el cuestionado negocio del archivo de la documentación del estado con una responsabilidad casi nula: en caso de destrucción, pérdida o extravío sólo tiene que devolver el costo del papel de los documentos desaparecidos. Ahora el gobierno de Romero le entregó a Plumada la empresa estatal Aguas Palau.
Sergio Camacho, ministro de la Producción y el Empleo, informó que la empresa Plumada S.A. ganó la licitación por la que el estado provincial concede la Explotación, Fraccionamiento y Comercialización de las Fuentes de Aguas Mineral Palau en el departamento Rosario de la Frontera.
Según la información oficial al llamado a la licitación pública se presentaron las empresas Estar S.A., Plumada S.A. y Termas de la Frontera S.A. «siendo esta última desestimada por la comisión evaluadora en razón de no haber acreditado su capacidad económica-financiera, tal como lo fija el pliego de condiciones».
En el sitio oficial del gobierno de Salta se informa: «Producto de la evaluación realizada se consideró como mejor propuesta de organización y comercialización a la presentada por Plumada S.A, que además ofertó una inversión de $21.946.445, respecto de la de Estar S.A. de 1.606.755 pesos».
También se afirma que Plumada invertirá en cinco años 30 millones de pesos para la construcción de galpones, protección de fuentes de agua y conducción de agua hacia una unidad productiva y el mantenimiento de las instalaciones existentes.
«El proyecto plantea la realización de una nueva planta embotelladora de agua con o sin gas en distintos embastes de vidrio y PET. En esta nueva etapa de la planta Palau, se generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo que se sumarán al personal de planta que se absorberá en su totalidad. Para el segundo año de gestión se prevé una producción de 18.750 litros por mes», dice la información oficial sobre el tema.
Este es el segundo mega-negocio que cierra Plumada S.A. con el gobierno de Juan Carlos Romero. En los enormes galpones que construyó en la zona de acceso a la ciudad de Salta la empresa almacena la documentación de organismos del estado.
El sindicalista Miguel Rojo denunció que detrás de este negocio está la voluntad de «borrar las huellas de la corrupción». Parece increíble pero la empresa contratada con fondos del estado para guardar la documentación oficial no se hace responsable por su cuidado. En caso de pérdida, destrucción, robo o desaparición sólo debe responder por el costo del soporte papel.
