Este sainete era una crónica anunciada.
Como era previsible, el empresario activamente ligado al advenimiento de la dictadura cívico militar en Marzo de 1976, Carlos Pedro BLAQUIER no se presentó a declarar ante el Juez Federal de Jujuy Fernando Luis POVIÑA, en la causa LEDESMA sobre secuestro y desaparición de personas en Julio de 1976 conocida como “La causa del apagón”, invocando una supuesta enfermedad que le impide comparecer. Al mismo tiempo, se supo que el presidente del denominado Grupo Ledesma no se encuentra en el País y que habría salido hacia la vecina República del Uruguay hace casi un mes. Ante tal situación es muy poco probable que todavía se encuentre allí, y es fácil adivinar que no será ubicado a la brevedad. En tal caso el Magistrado que interviene en su citación deberá librar la orden de captura internacional, trámite que es de estilo con los delincuentes remisos.
Este sainete era una crónica anunciada. Y es que no se necesita ser muy inteligente para advertir que el prófugo no es un perejil habitante de una de las tantas villas de emergencia –permanentes- que pululan en Argentina y particularmente en Jujuy y cuyos habitantes conforman el elenco estable de los imputados de un sistema penal perverso acostumbrado a criminalizar la pobreza, sino que se trata del jefe máximo de un imperio económico tan gigantesco como la pobreza, directamente proporcional a ese crecimiento que se visualiza en esa Provincia del Noroeste Argentino. Y ese poderío económico otorga muchas ventajas, como el de tener grupos de inteligencia privados bajo sus órdenes, y estar informado caso por caso de quién es quién en su comarca.
Recordemos que antes que el Juez POVIÑA, fueron jueces federales en Jujuy nuestro comprovinciano Horacio AGUILAR y el renunciado Carlos Miguel OLIVERA PASTOR. Y durante todos esos años Pedro BLAQUIER no tuvo que fugarse ni esconderse, ni presentar los sospechosos certificados médicos con más cara de estrategia defensiva que de constancia patológica, que darían cuenta de una enfermedad verificada en ausencia, lo que resulta por lo menos poco serio. Y durante todo ese tiempo gozó de una tranquilidad provinciana, seguro de no ser molestado. Es más, vivió ostentando la calma que aporta ser dueño de un imperio con un presupuesto mayor que el de la Provincia entera, y acreedor de numerosos favores que le permiten tener privilegios a granel e influencias públicas y privadas. Entre las primeras en digitar el nombramiento de los jueces, los mismos que después harán de cuenta que el empresario es una Heidi.
El nombrado Horacio AGUILAR es el mismo que recién llegado a Salta luego de la inesperada renuncia a su cargo de Juez Federal en Jujuy, fue beneficiado con una jugosa consultoría jurídica para supuestamente asesorar a su compañero de colegio y andanzas deportivas el joven gobernador Juan URTUBEY –entre otras cosas- en el área de derechos humanos. Eso por lo menos puede leerse en los escuetos fundamentos de los decretos nº 1261/09 y su prórroga nº 1443/10, convenientemente firmados solamente por su amigo en abierta violación a la ley de emergencia económica vigente en la Provincia de Salta que expresamente prohíbe este tipo de designaciones. Pero como no hay organismos de control y los que deberían oficiar de tales hacen la plancha, el mandatario al suscribir la ilegal normativa no tiene seguramente ni temor ni reparo alguno.
El mismo Horacio AGUILAR es ahora el defensor penal del prófugo imputado como cómplice de la dictadura genocida en nada menos que el secuestro y desaparición de personas, actividad del letrado que tal vez no llegue a ser ilegal por los eventuales tiempos de prestación de uno y otro servicio de un lado y otro del mostrador –ayer Juez donde está radicada la causa y hoy defensor del imputado- pero ciertamente no existen dudas que esa conducta, de ética no tiene absolutamente nada. Para quienes no tenían certeza de que cuando era Juez Federal el abogado AGUILAR tenía lazos cercanos al poder económico de este personaje, su designación ahora como defensor penal disipa cualquier duda.
Y es que así se maneja el entramado del poder. Pensar que las designaciones de funcionarios en la órbita pública de cualquier poder, es ajena a los intereses económicos de clase dominante, sería una ingenuidad. La flamante representación del prófugo empresario y los mencionados decretitos benefactores que proporcionan ingresos sin medir productividad al recién llegado para su nuevo emprendimiento de letrado en nuestra Salta, son una prueba cabal.
Tampoco escapará al menos advertido, que en el año 2010 los ministros del Poder Ejecutivo Nacional Débora GIORGI y Julio DE VIDO estuvieron rindiendo pleitesía y llenando de elogios al prófugo cuando se inaugurara la planta de etanol en la empresa Ledesma. Y que un año antes era recibido por la misma Presidenta junto a Federico NICHOLSON director de LEDESMA S.A., y presidente del Centro Azucarero de Salta y Jujuy, a quienes ella llama públicamente “Pedro” y “Federico”. No conviene olvidar que esa confianza es añeja, y se remonta a los días en que NICHOLSON era el operador ante la UIA (Unión Industrial Argentina) de Néstor KIRCHNER, y que es muy conocida la actividad del mismo BLAQUIER en “La Torcaza” organizando asados con empresarios para promover la elección de Cristina FERNANDEZ.
Teniendo en cuenta todo esto, la gestión del valiente Juez POVIÑA debe ser apoyada en todos los frentes, y esta espasmódica movida de la clase dominante para reafirmar sus lazos de amistad gestada a la sombra de influencias y posterior devolución de favores, debe terminar y para siempre. Y para ello hay que actuar, movilizarse, involucrarse, denunciar, luchar y recordar. Sobre todo no olvidar que quienes hasta hace unos meses tenían como mayor preocupación elegir en cuál de sus siete yates pasaría el fin de semana, hoy debe enfrentar su pasado y pagar sus culpas. Situación no obstante poco probable a corto plazo ya que goza de objetiva protección política –Nacional y Provincial- y que arrojando casi certeza sobre su responsabilidad –sino no estaría prófugo- dejó prontamente de lado su imagen de poderoso intocable, para trocarla por la de un cobarde en jaque. Y no está solo en esa estrategia, tiene a su servicio a los de su clase.
La clase económica dominante que más allá de las meras diferencias políticas circunstanciales, se mantiene unida para sostener el sistema que les permite vivir en Estado aparte, con muchos privilegios y a costa de los demás.
