Fueron las palabras de Cecilia Pando dirigidas al actual Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luís Duhalde, luego del duro veredicto, en Corrientes, contra tres militares y un gendarme que actuaron durante la última dictadura militar.
– Federico Corbiére
– Rebelión
Las palabras estuvieron acompañadas por imágenes en directo de un gesto admonitorio con el dedo índice que simulaba un corte de garganta. Pando, también dedicó insultos a los magistrados de Tribunal Oral en lo Criminal de esa provincia, a quienes acusó de “cobardes”, luego de escuchar la sentencia.
La mujer defensora de la represión ilegal tomó notoriedad pública en 2005 tras reivindicar al obispo militar castrense Antonio Baseotto, que sugirió en una nota elíptica “tirar al mar” al entonces ministro de Salud, Gines González García. El escenario de la respuesta pro-militar fue el espacio de cartas de lectores del diario “La Nación”.
Como resultado inmediato, Baseotto fue apartado de sus funciones por su clara alusión a los “vuelos de la muerte”. En tanto el marido de Pando, Pedro Rafael Mercado, recibió el premio de una jubilación adelantada una vez concluido un breve arresto ¿mediático? como curiosa medida antes de ser retirado de la fuerza.
Desde entonces, la esposa del militar coordina las acciones de un grupo que no vale la pena mencionar. Lo que no puede quedar al margen es su defensa irrestricta al condenado Miguel Etchecolaz, a los martirios oficiados por el cardenal Christian Von Wernich y el pasado poco claro del ex comisario Luís Abelardo Patti, entre otros hombres y mujeres vinculados al genocida “Proceso de Reorganización Nacional” .
Al final de la sentencia, Pando acusó a Eduardo Luís Duhalde por su pasado insurgente en la revista del peronismo de Base “Militancia para la Liberación”. A continuación se reproduce un resumen de las posiciones de esa publicación diametralmente opuesta al rol del mencionado matutino, que auspició abiertamente la llegada de los militares al poder. La comparación muestra la síntesis de una época en la que todavía tenía presencia la prensa militante como respuesta a los intereses económicos del periodismo empresarial. Pero también la continuidad de un ciclo macabro que sigue generando desaparecidos en tiempos de democracia.
Movimientos pendulares
La historia escrita por la prensa en los años setenta presenta no pocos contrastes entre las publicaciones de índole político partidario y las producidas por las empresas periodísticas de circulación masiva. Las relaciones de sus realizadores con el poder tienen diferentes puntos de anclaje. Unos presentan caracteres ligados a una tradición anterior de tipo faccional; y, otros, a una etapa netamente profesional, en la que predominaron una síntesis entre modelos de negocio lucrativos y negociaciones en las tomas de posición editorial.
Publicaciones como Militancia para la liberación tendrían un objetivo concreto propagandístico que invitaba a la acción política. El caso de Militancia…, co-dirigida por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luís Duhalde es un ejemplo arquetípico de la prensa partidaria de una etapa que cerró con la proscripción del peronismo en Argentina.
La revista era uno de los órganos de difusión del peronismo de Base y tuvo como responsables a dos jóvenes intelectuales del mundo académico. Ortega Peña dirigía la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires y sobre Eduardo Luís Duhalde también vale destacar su labor docente.
El primer número de aquella publicación preparaba la transición que adelantó el retorno de Juan D. Perón, luego de las elecciones generales en las que ganaría Héctor J. Cámpora, un 11 de marzo de 1973.
También respondía a una interna propia del movimiento peronista. El violento desenlace en Ezeiza, aquel 20 de junio de 1973, fue el escenario elegido para la confrontación y despliegue de fuerzas entre los sectores vinculados a la izquierda militante y los guardianes de la ortodoxia sindical, que ganaría definitivamente centralidad con la renuncia de Cámpora y la llegada de Perón al poder, en octubre de ese mismo año.
Los 38 ejemplares editados con una periodicidad, que intentó mantener una continuidad semanal, salieron entre el 14 de junio de 1973 y el 28 de marzo de 1974, representaban los intereses de la resistencia peronista, con críticas al desarrollismo y la reivindicación del fuego sagrado de la justicia social en la figura de Eva Duarte. Luego un sector se acercaría a Montoneros.
Montoneros se dividiría y con la muerte de Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974, seguirían los asesinatos -en manos de la Triple A- del propio Ortega Peña, Fernando Abal Medina, Julio Troxler y Silvio Frondizi, entre otros tantos militantes e intelectuales.
Pero una vez cumplida su meta, Militancia… dejó de salir (aunque tendría cierta continuidad en la revista De Frente). Incluso antes de la separación de las filas de Montoneros durante el acto en conmeración al día del trabajo, ese 1° de mayo de 1974, cuando aún golpeado por la muerte de José Ignacio Rucci, Perón desconoció desde el mítico balcón -escoltado por José López Rega e Isabel Martínez- al brazo armado del movimiento peronista, para reivindicar el actuar de burocracia sindical.
Doctrinas
Por otro lado, la larga duración del diario La Nación y sus componendas corporativas permiten observar que la ligazón del periodismo profesional a los proyectos políticos dominantes serían una garantía para su subsistencia.
De hecho, en La política mirada desde arriba (1993), Ricardo Sidicaro resalta los cambios ocurridos en el diario creado por Bartolomé Mitre, en reemplazo de la experiencia iniciada en 1862 con La Nación Argentina, espacio que el vencedor de Pavón consideraría su última trinchera política. Tras un minucioso relevamiento de las notas editoriales, entre 1909 y 1989, Sidicaro explica como la publicación abandona el “puesto de combate” durante la dirección de Emilio Mitre y detecta los momentos en los que La Nación debió optar por preservar “la tribuna” o ser totalmente fiel a “la doctrina”.
Según la historización que hiciera Jorge B. Rivera la profesionalización de la actividad periodística comienza a marcarse con el cambio del siglo XIX al XX.
La contracara del periodismo pago tendrá su otra mitad en la profesionalización de la política; y recién en 1944 la promulgación de la Ley 12.908 (Estatuto del periodista profesional) marcará el artificio legal por cual se atraerán, por simpatías circunstanciales o por el espanto corporativista, periodistas y políticos. Desde entonces, el ejercicio en la esfera pública y las rutinas informativas se corporizaran en sujetos con actividades disociadas.
Sidicaro fuerza los encasillamientos clásicos y encuentra en La Nación un medio negociador con el poder de turno. Siguiendo las conclusiones del autor, sorprende el pragmatismo de la “operación conceptual [que] suponía mirar desde arriba a los de arriba, explicarles sus errores y relatarles el mundo que escuchaba como primicia en sus teletipos, antes de convertirlo en letra impresa”.
La Nación será así difusor de un abstracto ideario “liberal-conservador”, que si bien en su extensa trayectoria fomentó las propuestas de los grupos económicos dominantes, en algunos casos tuvo la flexibilidad para no caer en integrismos obtusos y sobrevivir a tiempos de signos políticos adversos a sus intereses, como en los dos primeros gobiernos peronistas.
En la lectura planteada por Sidicaro, el diario en cuestión será un “clasificador clasificado” en épocas de escasa injerencia sobre el poder político, pero reafirmará luego su posición de “productor producido” como un actor político-intelectual capaz de fijar agendas y sugerir políticas de Estado.
No obstante, resulta tenue la mirada comparativa de Sidicaro acerca de la posición golpista de La Nación, en contraste con los estudios de César Díaz sobre las últimas editoriales del diario que palpitaron la dictadura. Díaz ampliará el papel jugado por otros medios que auspiciaron el golpe en el libro La cuenta regresiva (2002).
Aberraciones y continuidades
Los condenados en Corrientes fueron: el ex teniente coronel Julio Rafael Barreiro, con cadena perpetua; el ex capitán y otrora titular de la Sociedad Rural de esa provincia Juan Carlos de Marchi, con una sentencia por 25 años; el coronel Horacio Losito, con la misma pena y el ex comandante de Gendarmería Nacional, Raúl Alfredo Reynoso, con 18 años de prisión. El ex suboficial del Ejército Carlos Piriz resultó absuelto.
Pero lo cierto es que a la desaparición de Jorge Julio López, en septiembre de 2006 -mientras se estaba llevando adelante el juicio a Miguel Etchecolaz- debe sumarse ahora la de Iván Torres, presuntamente detenido, torturado y desaparecido en una comisaría de Chubut, en octubre de 2003.
Al no tener respuesta de la Justicia local a un pedido de Habeas Corpus, la abogada defensora de la familia, Verónica Heredia realizó las presentaciones correspondientes ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que puede asentar nueva jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad cometidos en democracia. Un informe detallado de la desaparición de Torres puede verse en: http://lavaca.org/seccion/actualidad/1/1725.shtml
Este caso no tiene relación con los componentes históricos y políticos detallados en las líneas precedentes, sino con otra de las deudas de la democracia y el desafío en el que, seguramente, deberá reflexionar el secretario Eduardo Luís Duhalde, si es que aún persiste aquel impulso juvenil transformardor en un presente que no resiste reivindicaciones militaristas como las de Cecilia Pando o la del hijo del general Domingo Bussi, que espera sentencia en Tucumán junto al ya condenado por otros crímenes, Luciano Benjamín Menéndez. Pero tampoco situaciones como la de Iván Torres y, otras tantas, borradas de la parcialidad publicitaria en materia de políticas de Derechos Humanos.
