La estructura estatal que en teoría tiene que velar o mediar, al menos, por la cosa pública se muestra no pocas veces como temeraria.
Pero esta estructura estatal no es más que una invención del hombre para la organización de la vida social. En sí misma es una hipótesis etérea y sin sentido. Un ente ideal, teórico e inservible.
El funcionamiento y la eficacia del Estado se actualizan en las personas que lo integran desde sus distintas funciones. Podríamos ampliar esto y decir incluso que el Estado está compuesto por todos los miembros de una sociedad de una u otra manera, ya que el sistema democrático así lo permite, pero en realidad en la cotidianidad de la vida los “agentes estatales” se deben a sus funciones y esta no es más que un servicio público que hoy por hoy poco y nada tiene que ver con la vocación de servicio al ciudadano común o a la comunidad. Realmente se valora como una fuente laboral y la mayoría de sus trabajadores se convierten en burócratas ineficaces en no pocas veces y hasta podemos visualizar en casos aterradores claramente, una manera de asociación implícita-ilícita productora de tragedias y muertes.
Para clarificar esto, que suena volado y medio despistado (quizás hasta injusto para los que se puedan sentir inculpados) recordaría el resonante caso Yapura-Alderete ocurrido el 28 de agosto de 2004 en el asentamiento Gral. Martín Miguel de Güemes de nuestra ciudad Capital de Salta. Quien fuera Rosana Alderete realizó 5 denuncias por violencia familiar contra Alberto Yapura, su esposo, incluso la última la realizó 4 días antes que el demente asesino, cuchillo en mano, cumpliera con sus amenazas ultimando a su mujer de 35 años y a sus hijos, José de 6, Noelia de 9 y Emilse de 12 añitos, que es la única que logró sobrevivir de la matanza por razones milagrosas.
Las denuncias se efectuaron en la sub comisaría de Castañares e intervinieron en la cuestión tres juzgados al menos. La legislatura abrió el debate y los medios de comunicación se pusieron a punto con la opinión pública que ante tamaña conmoción buscaba comprender qué pasó.
Algunos hablaron de grieta en el sistema de seguridad que el Estado brinda al ciudadano. Otros, como el Dr. Abel Fleming que sin querer hacer una actuación corporativista desde los Magistrados de hecho lo hizo, expresó que “son fatalidades y seguirán ocurriendo”.
Que el asesino fue más “astuto y rápido que la policía y los probos jueces”, dio a entender la abogada defensora de los jueces ante el Jury, la Dra. María Eugenia Yaique, quién cumplió dos años de condena por el delito de defraudación reiterada y que además tendría dos causas penales en curso a la fecha de los acontecimientos.
En la Sub. Comisaría se habrían producido hechos de demora en las denuncias por razones que nunca quedaron claras, como que no había plata para fotocopiar papeles que la justicia exigía, quedando imputado un perejil de esta dependencia. O que existía el favor del hermano del asesino, Hugo Yapura, que trabajaba en esta dependencia.
Esta densa trama de muertes cruentas, desidias, injusticias, impotencia, broncas y dolor quedó más o menos resumida así:
• Una justicia inmaculada e ineficaz víctima de la incompetencia de otros estamentos del Estado.
• Una Policía corrupta, cómplice de los delincuentes por amiguismos o conveniencias.
• Una Legislatura que abre el paraguas ante la posible reacción de la sociedad y tardíamente debate con las instituciones intermedias para que no vuelva a suceder más lo del caso Yapura-Alderete.
• Un Ejecutivo que en su plan de gobierno ejecuta la ciudad Judicial salvaguardando al hermano poder judicial.
Hoy en día quedó como saldo la condena ineludible del asesino (al menos hasta hoy, aunque no es difícil imaginar la posibilidad de conmutación o disminución de la pena), el dolor irreparable de los seres queridos de las víctimas y la profunda sensación de que estamos indefensos desde los sectores del Estados que deberían hacernos sentir seguridad. Así están las cosas. Esto pinta el indeseado panorama de una sociedad implícita que hace permisible tragedias de este tenor.
Podemos acudir, también, a lo simple de un trámite cotidiano en la Municipalidad, el Anses, Ministerios, etc. no deja de invadirnos la sensación de impotencia y de miserable rogativa para conseguir lo que uno cree que le corresponde por derecho. Es como que la justicia se escondió, está apartada y pedir por lo de uno, repito, se hace una rogativa miserable y un probable camino al cadalso o en el mejor de los casos a la frustración con la consiguiente pérdida de lo que a uno le corresponde. Porque en realidad la Sra. Justicia parece estar ensombrecida por poderes y poderosos que interponen sus intereses a los de los más necesitados o quizás, más simplemente, la Justicia esté arrinconada por los infranqueables muros del egoísmo.
En el caso expuesto cinco veces la Sra. Rosana Alderete tocó las puertas al Estado para pedir lo que le correspondía, seguridad. Pasaron seis años, ella y dos de sus hijos están muertos y el Estado parece no tener nada que ver con esto porque sencillamente no se probó ni se reconoció culpa de este hasta la fecha. Seis años de un Estado que no se hace cargo de las falencias que son sobre todo humanas. Se puede edificar una gran súper estructura para instrumentalizar la justicia, la seguridad, la educación o lo que sea. Pero en realidad lo que se debe edificar es la persona para que aparte de ser un burócrata asalariado, muchas veces, incompetente, codicioso y egoísta sea un eficaz instrumento de servicio para la comunidad.
